La Paz, 16 de noviembre de 2022 (ABI). – Por mandato del numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE), todos los proyectos de ley presentados por asambleístas de una de las Cámaras, sea de Senadores o de Diputados, tienen que pasar por un “tratamiento y aprobación inicial” de la comisión respectiva.
Por tanto, los más de cinco proyectos que se han presentado en las últimas horas para discutir sobre el Censo de Población y Vivienda, deben cumplir con el procedimiento legal establecido para que no sean observados, indicó el senador del MAS-IPSP, Adolfo Flores.
“A veces nosotros utilizamos la dispensación de trámite o el voto de urgencia para otros trámites, pero para el proyecto de ley la Constitución dice no hay voto de urgencia, la Constitución dice: proyecto de ley presentado va a comisión sí o sí”, enfatizó.
El legislador aclaró que aplicar la normativa no significa que él se oponga al debate de la ley del censo que han presentado las tres fuerzas parlamentarias – MAS-IPSP, Creemos y Comunidad Ciudadana – con diversos objetivos, desde elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional y la distribución de los ingresos de coparticipación para septiembre de 2024, hasta los que proponen una nueva fecha de este proceso y la asignación de escaños parlamentarios.
“Aquí no hay intención de no debatir, pero hay que cumplir la norma. Todos los proyectos de ley tienen que irse por comisión”, insistió el senador de Pando.
En sintonía con la Constitución, el artículo 128 del reglamento de la Cámara de Senadores establece que “mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del pleno de la Cámara de Senadores, todo proyecto de ley será remitido a través de la instancia pertinente a la comisión o comisiones que corresponda por materia para su tratamiento”.
A partir de su recepción, las comisiones dispondrán de un “plazo perentorio de quince días hábiles para emitir sus informes”.
Excepcionalmente la comisión podrá solicitar al pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.
Si la comisión no remite su informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el pleno.
Pero además de este procedimiento, el reglamento del Senado, en el inciso a) del artículo 134, faculta a las comisiones la posibilidad de realizar consultas e incluso convocatorias a las autoridades del Ejecutivo para elaborar los informes de los proyectos de ley.
“Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado”, apunta el parágrafo segundo del artículo 134 del reglamento del Senado.
Las propuestas
De acuerdo con el senador Flores, en la Cámara Alta se presentaron cinco proyectos de ley sobre el Censo: tres de Creemos, uno de Comunidad Ciudadana y uno del MAS-IPOSP.
En la Cámara de Diputados sucede algo similar. El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas, dijo que “por lo menos hay cinco propuestas” de las tres bancadas.
Una es promovida por el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez y un grupo de legisladores de CC y de Creemos. Su propuesta deja abierta la fecha del Censo y pide que los resultados sean aplicados antes de 2025 con la distribución de ingresos por coparticipación y la asignación de escaños parlamentarios.
La otra propuesta, que la impulsan los diputados Erwin Bazán (Creemos) y Carlos Alarcón (CC), propone que el Censo se realice el 25 de octubre de 2023. También sugiere que la redistribución de recursos se realice en septiembre del año 2024 y que la redistribución de escaños y reconfiguración de circunscripciones uninominales y especiales se las realice antes de las elecciones generales del 2025.
En tanto, otra propuesta fue presentada por la Brigada Parlamentaria del MAS-IPSP por Santa Cruz, liderada por la diputada Deysi Choque, y se centra en la redistribución de escaños legislativos con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda, fijado para el 23 de marzo de 2024, por el Decreto Supremo 4824.
Además de ello, el diputado Rosas anunció que él junto con otros legisladores presentará un proyecto de ley que planteará un mecanismo de compensación para las regiones que eventualmente vayan a perder representación parlamentaria.
Mientras las propuestas van sumando, Rosas advirtió que resultado de las disputas internas en los tres partidos, por lo menos en Diputados, “ninguna fuerza política tiene la mayoría absoluta”.
“Hay que consensuar, hay varios proyectos que se están presentando y ningún partido va a poder dominar en la Cámara de Diputados, eso está claro”, afirmó el legislador.
De acuerdo a la normativa, “cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
Jfcch/Mac