Qué hacemos con el suelo
Qué hacemos con el suelo

Qué hacemos con el suelo

Hace un par de días me llegó la invitación de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco), que es una organización ciudadana que tiene orígenes allá en la primera parte de la década de los 2000, mediante la cual las personas que viven en condición de arrendamiento en las ciudades buscaban solucionar permanentemente su problema de vivienda adecuada y que, a pesar de las complicaciones, se ha vuelto un ejemplo para la organización de vecinos y vecinas en muchas ciudades de nuestro país.

A pesar del esfuerzo y la dedicación de su dirigencia, una gran parte de las y los afiliados de esta organización aún no ha encontrado una solución a su problema de vivienda, a pesar de haber generado conexiones y hasta compromisos con el aparato operativo y político responsable de la ejecución de programas y proyectos de vivienda social, ya desde hace bastante tiempo.

La situación por la que atraviesa esta organización es similar a la de muchas otras asociaciones y de muchas familias no afiliadas a ninguna entidad que, a razón de las dificultades comunes de vivir en ciudad, en modalidad de arrendamiento, adecuado al libre mercado, han tenido que ajustar sus ingresos económicos, para asegurar un techo sobre sus cabezas, supeditando a ello inclusive inversiones en una mejor educación, mejor salud o inclusive mejor alimentación para los miembros de su familia, inclusive a pesar de las condiciones poco adecuadas en las que muchas de esas familias viven, especialmente en los barrios periféricos de las ciudades.

Al igual que las y los afiliados de Oinco en Cochabamba, muchas otras familias en las diferentes ciudades de nuestro país han tenido que enfrentar la respuesta del Estado que se ha convertido en el verdadero problema de las familias de escasos recursos, para el acceso a una vivienda adecuada: contar con un terreno propio.

En el caso de Oinco, la habilidad y perseverancia de su dirigencia ha logrado gestionar la sesión de un terreno (alejado del centro de la ciudad y, por tanto, con poco acceso a servicios básicos y públicos, dificultando también la vida de las familias que se asentarán en esos lugares). Sin embargo, no muchas organizaciones han contado con esa suerte ni tampoco las autoridades municipales han encontrado este problema como prioritario para las familias que viven en su territorio.

Así, parece claro que el problema central para el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades es el acceso a suelo adecuado para construir una vivienda. Esta realidad, que además se ha convertido en un requisito para acceder a los programas y proyectos estatales de vivienda social en todo el país, ha encontrado una solución en el área rural, por vía los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones indígena-originario-campesinas. Sin embargo, esa práctica no puede reproducirse en las áreas urbanas, a pesar de tener experiencia de reproducir con cierta facilidad otro tipo de actividades relacionadas a las culturas tradicionales que habitan nuestro país.

Desde mi punto de vista, esto sucede precisamente porque las áreas urbanas han adoptado un modelo mercantilista del suelo y tanto algunas autoridades como propietarios (los avasalladores, loteadores e intermediarios son una fauna aparte que debe ser analizada y descubierta por las autoridades municipales y nacionales) han comenzado a especular con la ubicación de los terrenos y su acceso a servicios (en muchas ciudades del país, han sido las mismas vecinas y vecinos que han acercado el acceso a los servicios, a pesar de la desidia y la burocracia estatal) olvidándose que las ciudades son espacios con gran potencialidad para solucionar grandes problemas para la población que decide asentarse en ellas. Añadamos ahora el ejercicio de homologación de áreas urbanas desde un punto de vista esencialmente económico, en el que aquellos grupos de especuladores han encontrado una beta importante para seguir en control de grandes extensiones de tierra urbana y que pronto se convertirán en mercancía lista para comercializar, sin pensar en la población que hoy vive con muchas precariedades en nuestras ciudades.

Así, los grupos poblacionales a los que por esencia el Estado (por lo menos un Estado como el nuestro, que busca la equidad y el equilibrio) ha decidido priorizar, quedan relegados del acceso a programas y proyectos tan importantes como el de vivienda social: mientras los especuladores se adueñan del suelo, las familias de escasos recursos como mujeres jefas de hogar, adultos mayores (con o sin carga familiar y hasta abandonados por sus familiares), personas con discapacidad (que en las ciudades encuentran muchísimas dificultades para una vida digna) y hasta el gran grupo de personas jóvenes (que se trasladan a las ciudades desde las áreas rurales para trabajar y/o para estudiar), no logran acceder al requisito más excluyente que se ha definido para acceder a los programas de vivienda social.

Este es uno de los temas que debe ser discutido y evaluado por las autoridades de turno y, en función de la actualización de las políticas públicas, plantear alternativas de solución para que consolidemos en acciones concretas el precepto principal de nuestro proceso de cambio: ayudar a los que más necesitan. Es tiempo de repensar nuestras respuestas a las dificultares y problemas de las familias a las que les debemos nuestra estabilidad, nuestra democracia y nuestro futuro. No hacerlo significaría simplemente no haber entendido la gran oportunidad que se nos ha entregado en este tiempo.

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.

 


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