“¡Salgan! ¡Salgan!”. Ese grito todavía retumba en la cabeza de Lidia Zepita Condocota. Lo repite en silencio desde aquella madrugada del primer día del año, en Melipilla, Chile, en la que el fuego llegó antes que el amanecer. Desde entonces, su vida quedó detenida en ese instante en que intentó regresar al cuarto donde dormían sus hijas y el calor la empujó hacia atrás, causándole quemaduras en el brazo y la pierna. Son superficiales; no duelen como lo que siente por su irreparable pérdida.
Sus cuatro niñas murieron esa mañana: Jaqueline Chambi Zepita, de 15 años; Tania Evelin Chambi Zepita, de 13; Jaqueline Gilda Chambi Zepita, de 8; y Anil Chambi Zepita, de 5. Eran bolivianas. Eran hermanas. Eran hijas de una mujer que había cruzado la frontera en busca de trabajo, salud y un futuro distinto.
La tragedia no terminó ahí. Los nombres de las niñas quedaron suspendidos durante días en un limbo administrativo: sin papeles, sin pasaportes, sin certificados. Solo cuerpos, cenizas y una madre obligada a demostrar, incluso en el duelo, que sus hijas existieron. Decir que fue una tragedia no alcanza.



El día del incendio
La Agencia Boliviana de Información (ABI) logró contactarse con una de las vecinas de Lidia en Chile. Ella prefiere mantener su identidad en reserva, pero cuenta que el incendio ocurrió pasadas las cinco de la madrugada del 1 de enero, en un cité del pasaje Santa Teresa, en Melipilla, Chile.
“Un cité es una hilera de viviendas, con pasillos estrechos, que comparten un patio, pero tienen acceso a una avenida”, explica con su característico acento chileno. “La construcción donde vivía Lidia era de dos pisos, hecha con material ligero. Allí vivían cuatro familias bolivianas; compartían muros delgados y cocinas improvisadas en ambos pisos”.
“Nos despertamos con los gritos de auxilio, pero las llamas ya salían por el cité. Los más jóvenes intentaron apagar el fuego como podían, hasta que explotó un galón de gas y el fuego se expandió. Ese día hubo dos explosiones: los cilindros de gas de ambas cocinas”, recuerda la vecina.
Explica que no se pudo rescatar a las niñas. Ellas estaban en el interior, en su cuarto del segundo piso. “Era confuso, angosto, imposible. Los bomberos evitaron que las llamas se propagaran”.
La causa probable fue una falla eléctrica. Pero para Lidia nada de eso importa ya. Desde ese instante, su único pensamiento fue otro: “Quiero sacar a mis hijas de este país. Quiero llevarlas a casa”, pedía en medio de un llanto inconsolable.
Hace unos días, ABI se contactó con Lidia. Aún estaba afectada. Quisimos iniciar la entrevista indicando que habían pasado casi 20 días desde el hecho, pero no dejó terminar la consulta; simplemente se adelantó a contestar.
“Ya ha pasado tanto tiempo. Lo siento, no tenerlas presentes (a mis hijas) me duele. Solo quiero que pase el tiempo y llevarlas a Bolivia”, dijo con la voz entrecortada. Un largo silencio quedó grabado. ABI no pudo continuar con la entrevista.
Lidia estaba en la vivienda cuando comenzó el incendio. Los medios locales acudieron al lugar del siniestro y el relato se repitió en distintos medios chilenos.
“Cuando desperté, el fuego estaba en la puerta. Mis hijas no quisieron salir del cuarto. Se paralizaron, se quedaron ahí”, dijo Lidia entre lágrimas. “Yo salí, volví, quise sacarlas, pero el fuego estaba más fuerte. Ya no pude”.
La mujer resultó con quemaduras y fue atendida médicamente. Hoy recibe tratamiento psicológico. Está medicada. No puede hablar en profundidad de lo ocurrido.
Migrar para sobrevivir
Lidia nació en Potosí, pero vivía en Cochabamba antes de migrar al vecino país. Raúl Chambi Quenallata, el padre de las niñas, es originario de los Yungas. No vivían juntos cuando ella decidió migrar hace casi dos años.
Raúl habla desde los Yungas con ABI, vía telefónica, con una voz que avanza con cuidado, como si cada recuerdo pudiera romper algo más.
Cuenta que fue Lidia quien decidió irse primero por salud. Tenía deudas e intentaba pagar una operación que en Bolivia no pudo costear. En Chile se trató, se operó y se recuperó.
La decisión fue conversada. “Lidia cuidaba mucho a mis hijas, era una madre dedicada y muy celosa. Recuerdo que cuando conversamos para que las llevara a Chile me dijo: ‘tú eres varón y ellas son niñas’”, recuerda. “Me dijo que no podía dejarlas conmigo. Les preguntamos si querían irse y dijeron que sí”.
Pese a la distancia, el progenitor hablaba día por medio con sus hijas por teléfono. Luego se acostumbraron. Las niñas se adaptaron al colegio chileno. “Les gustaba porque tenían más oportunidades, más tecnología”, dice el padre. “Por eso decidieron quedarse”.
Reveló que Lidia trabajaba en un packing, seleccionando y procesando fruta. No trabajaba en el campo. Sus hijas iban a la escuela. Las mayores recogían a las menores y volvían juntas a casa. Cocinaban. Se cuidaban.
Raúl conocía ese mundo. Había trabajado como temporero en 2015, moviéndose de fundo en fundo. Sabía cómo vivían. Sabía que el arriendo era caro, que muchas familias compartían espacios mínimos para reducir costos. Sabía que no era solo una realidad boliviana, sino de todo trabajador agrícola migrante.
“Tres meses antes del incendio, Lidia y las niñas se mudaron al cité donde ocurrió la tragedia. Buscaban más comodidad, más espacio. Nadie imaginó que ese lugar sería el último”, se lamenta.
La última vez que Raúl habló con sus hijas fue el 15 de diciembre, en el cumpleaños de una de ellas.
“Estábamos riendo, hablando, era el cumpleaños de Evelin. Ellas tenían que llegar el 15 de enero a Bolivia para quedarse conmigo a estudiar”, dice. “Toda mi familia las esperaba. Nunca llegaron”.
Después de la tragedia
El Ministerio de Relaciones Exteriores activó protocolos de emergencia desde el primer día. El canciller, Fernando Aramayo, confirmó que el Estado cubrirá la totalidad de los gastos de repatriación y que se brindó apoyo psicológico a la madre.
Sin embargo, había un problema: el fuego no solo mató, también borró identidades. No quedaron certificados, pasaportes ni partidas de nacimiento. Para repatriar los cuerpos hubo que empezar de nuevo: pruebas de ADN, trámites extraordinarios y coordinación entre consulados, fiscalías y servicios forenses.
“No hay papeles. Solo cenizas y una madre que debe probar que esas niñas eran sus hijas”, resumió Aramayo.
Durante semanas, los cuerpos permanecieron en Chile. Sin entierro. Sin despedida. Suspendidos en un país que nunca fue el destino final.
Las fechas de repatriación cambiaron varias veces: primero el 24, luego el 27 y finalmente el 31. Todo dependía de trámites forenses y administrativos. Raúl aún espera en los Yungas. Organiza no uno, sino cuatro entierros que nunca imaginó vivir.
“No estoy bien económicamente”, dice. “El gasto es alto: funeraria, traslado hasta los Yungas, velorio. Yo solo quiero darles una cristiana sepultura”.
Habla de ellas una por una, como si así pudiera traerlas de vuelta.
“Jaqueline, mi hija mayor, quería ser militar o policía. Tenía carácter, orden, disciplina. Evelin amaba la textilería, hacía artesanías con sus manos. Gilda soñaba con ser cantante, bailaba K-pop; aún tengo en mi mente cuando cantaba con micrófonos imaginarios. Y la más pequeña era obediente, siempre ayudaba a sus hermanas, era muy tranquila para no darles problemas a su mamá y a sus hermanas. Es muy duro”, lamenta el padre de las niñas.
El último viaje
El viaje más largo de las cuatro niñas no fue el que hicieron para llegar a Chile. Fue el que emprendieron después del fuego. No hubo maletas ni despedidas. Solo cuatro féretros sellados, documentos reconstruidos a partir de cenizas y una madre que, durante semanas, no pudo llorar del todo.
El 31, cuando los cuerpos crucen la frontera, no será solo una repatriación. Será el final de una espera forzada. Ese día se cumplirá el pedido clamoroso de Lidia: sus hijas estarán en el país, estarán en casa. La última morada de Jaqueline, Evelin, Gilda y Anil será un nicho junto a sus abuelos, en el Cementerio del Choro, en Canavavi.
Migrar, volver, quedar en medio: la explicación de una experta
Para la investigadora Alejandra Ramírez, especialista en migración, el caso de las niñas de Melipilla no puede entenderse como un hecho aislado ni como una migración “definitiva”.
“Bolivia ha tenido distintas etapas migratorias”, explica. “Primero Estados Unidos en los años 60, luego Argentina con una migración más transnacional. Desde los 80 y 90, con la neoliberalización, Bolivia empieza a convertirse en un país en diáspora”.
Con el endurecimiento de visados en Europa desde los años 2000, los flujos comenzaron a priorizar países limítrofes. “Ahí dejamos de hablar solo de migración y empezamos a hablar de movilidad transfronteriza”, dice Ramírez. “Ir y venir, trabajar por temporadas, mantener lazos a ambos lados de la frontera”.
Chile y Brasil se convirtieron en destinos clave. “No es gente que se va y rompe vínculos. Es una ciudadanía que se construye en movimiento”.
En este contexto, la tragedia revela algo más profundo: “En momentos de muerte o crisis, las personas quieren volver. ‘Quiero enterrar a mis hijas en mi país’ no es solo un deseo emocional, es una expresión de pertenencia en una ciudadanía cada vez más desnacionalizada”.
Ramírez subraya además la feminización de la migración. “Muchas mujeres migran para dar una mejor vida a sus hijos. No es solo una decisión individual, es familiar”.
Pero esa búsqueda implica riesgos. “La movilidad genera desigualdades, exclusión y discriminación. Nadie migra si está bien. Se migra desde una situación de desventaja”.
Bolivianos en Chile, migración en crecimiento
Según el Servicio Nacional de Migraciones en Chile, en el primer semestre de 2025, Chile otorgó 115.034 visas laborales, un aumento del 188% respecto al año anterior. De ellas, 70.191 fueron concedidas a bolivianos, un crecimiento del 533% en doce meses.
Los bolivianos pasaron de representar el 6,9% de las visas laborales en 2022 al 61% en 2025, consolidándose como el principal grupo de trabajadores extranjeros regularizados en Chile.
El aumento se explica por la alta demanda agrícola estacional y por un acuerdo bilateral firmado en 2023 que facilita la regularización y exime del pago del permiso laboral.
Pero detrás de los números hay historias como la de Lidia y sus hijas: vidas que cruzan fronteras para acceder a derechos básicos y que, cuando ocurre una tragedia, quedan suspendidas entre dos países, dos sistemas y una burocracia que avanza más lento que el duelo.
