La Paz, 4 de marzo de 2026 (ABI). – El Reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida prevé otorgar a estas víctimas colaterales un 20% del salario mínimo nacional, alimentos cuando sean menores de cinco años y realizar el seguimiento psicosocial en sus domicilios por personal capacitado y especializado.
Así se informó este miércoles en la presentación de esta norma al Ministerio de la Presidencia para su análisis y tratamiento correspondiente, en un acto desarrollado en la Casa Grandel del Pueblo, en el que participó el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, la Alianza por los Hijos e Hijas Huérfanos de Feminicidio, Voces Libres, Aldeas Infantiles Sos, la Defensoría del Pueblo, la Comunidad de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidios, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, la Oficina Jurídica de la Mujer, entre otras organizaciones.
“Tenemos esa fe de que el Estado central, de que el presidente (Rodrigo) Paz, de que su esposa, la primera dama puedan priorizar la aprobación, la promulgación de este decreto supremo que implica el reglamento para que a partir del 12 abril que es Día del Niño, los niños puedan empezar a recibir este apoyo”, pidió la directora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortéz Álvarez, quien hizo uso de la palabra en representación de la Alianza por los Hijos e Hijas Huérfanos de Feminicidio, conformada hace más de dos años por más de 60 instituciones de todo el país.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, resaltó que este es el resultado de un trabajo de un equipo técnico, legal y jurídico especializado y diverso.
“No estamos hablando solo de asistencia, hoy se habla de reparación integral, de acompañamiento sostenido, de seguimiento permanente y sobre todo de dignidad”, indicó la autoridad, a tiempo de reiterar como prioridad del Estado boliviano a la niñez y el compromiso para no abandonar a las víctimas de feminicidio.
Entre tanto, la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, lamentó que Bolivia siga teniendo altos índices de violencia en general e indicó que el feminicidio es la expresión más dura de la violencia que se ejerce hacia las mujeres en Bolivia, cuyas víctimas son los hijos e hijas que quedan institucionalizados o con sus familias extendidas.
“Este reglamento marca la decisión política del Gobierno de seguir avanzando con la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidios y otros hechos conexos”, destacó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La propuesta de este reglamento también prevé la creación de equipos multidisciplinarios a nivel departamental para realizar el acompañamiento y terapia a los niños y niñas huérfanos de feminicidio y otros delitos contra la vida; y el registro oficial en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA) que tendrá un módulo específico para los niños y niñas huérfanos de feminicidio.
De acuerdo a datos del Ministerio Público, este 2026, entre el 1 de enero y el 1 de marzo, se registraron 17 feminicidios en el país: siete en La Paz, tres en Oruro, dos en Cochabamba, dos en Santa Cruz, uno en Beni, uno en Potosí y uno en Tarija.
En tanto, según datos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hasta diciembre del año pasado, se estima que en Bolivia hay al menos 961 niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio.
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