La Paz, 12 de agosto de 2026 (ABI). – El Gobierno nacional presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley de Inversiones, una propuesta de 103 artículos que busca establecer un nuevo marco para promover la inversión nacional y extranjera en Bolivia, con seguridad jurídica, reglas claras y una visión de largo plazo orientada a fortalecer la producción y generar empleo de calidad, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez.
La autoridad explicó que el proyecto fue construido sobre tres pilares: convertir a la inversión en un elemento normal de la vida económica del país; generar condiciones de previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza para quienes inviertan en Bolivia; y ordenar la normativa y la institucionalidad existentes para consolidar un Sistema Nacional de Inversiones.
“La inversión tiene que ser un elemento normal de la vida económica”, afirmó Espinoza al explicar que Bolivia necesita recuperar la capacidad de atraer capital y generar condiciones para que empresas nacionales y extranjeras puedan invertir, producir y crear nuevas fuentes de trabajo.
Pensada para los próximos 20 o 30 años
Espinoza indicó que la propuesta plantea superar una visión de corto plazo y establecer condiciones que permitan proyectar las inversiones durante las próximas dos o tres décadas.
“Estamos planteando una ley que, en vez de mirar hacia 20 años atrás, está tratando de generar las condiciones para los próximos 20 o 30 años de inversión en el país”, señaló.
En esa perspectiva, el proyecto incorpora sectores vinculados a las nuevas dinámicas de la economía mundial, entre ellos logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas, además de las actividades productivas en las que Bolivia ya cuenta con capacidades desarrolladas.
El objetivo es que la inversión no sea entendida únicamente como ingreso de capital, sino como una herramienta para ampliar la capacidad productiva del país, incorporar tecnología, desarrollar nuevos sectores económicos y, principalmente, generar empleo de calidad.
“El mayor problema de la falta de inversión es que la consecuencia directa es que Bolivia tiene una falta de generación de empleo de calidad, y ese es probablemente el mayor déficit que queremos cubrir con esta ley. Necesitamos empezar a generar empleo de calidad”, sostuvo.
Seguridad jurídica y límites
Uno de los componentes centrales de la propuesta es fortalecer la seguridad jurídica y reducir la discrecionalidad política sobre las inversiones.
El proyecto establece que las decisiones sobre nacionalización o expropiación no podrán ser asumidas unilateralmente por una autoridad del Órgano Ejecutivo, sino que deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando además el reconocimiento del valor patrimonial correspondiente.
“Esto significa que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo, hacia adelante, podrá tomar una decisión unilateral. Tendrá que consultarle al Congreso y será el Congreso el que defina si ese tipo de acciones valen la pena o no, reconociendo el valor patrimonial de lo que se expropia o se nacionaliza”, explicó Espinoza.
La propuesta busca así otorgar previsibilidad al inversionista bajo reglas conocidas, igualdad ante la ley y un relacionamiento de buena fe con el Estado, dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado.
Una nueva institucionalidad para atraer inversiones
El proyecto de ley contempla además la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, que tendrá la responsabilidad de articular los esfuerzos de las instituciones públicas del nivel central y de los gobiernos subnacionales en materia de regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones.
“Empezamos a ordenar el sistema jurídico del país. Para esto creamos la Agencia Nacional de Inversiones, que vendrá a ser la entidad pública que coordine los esfuerzos de todas las instituciones públicas, tanto en el ámbito central como en el ámbito de los gobiernos subnacionales, para que todo lo que tiene que ver con la regulación, con la promoción y con la estrategia de atracción de inversiones tenga un orden institucional lógico”, afirmó el ministro.
De aprobarse el proyecto, la nueva institucionalidad tendrá entre sus tareas la elaboración de un Plan Nacional de Inversiones, una Estrategia Nacional de Priorización de Inversiones y una Estrategia de Promoción de Inversiones en el exterior.
Un proyecto socializado
Antes de su presentación ante la Asamblea Legislativa, la propuesta fue socializada con representantes de regiones y distintos actores económicos y sociales, entre ellos sectores empresariales, pequeña y mediana empresa, sectores extractivos, industriales y productivos, organizaciones gremiales y la Central Obrera Regional de El Alto.
Este proceso permitió recoger criterios de diferentes actores sobre las condiciones necesarias para recuperar la inversión y fortalecer el aparato productivo nacional.
El Gobierno continuará durante esta semana y la próxima el trabajo de coordinación con jefes de bancada y jefes de brigada, de cara al tratamiento del Proyecto de Ley de Inversiones en comisión y posteriormente en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con esta propuesta, el Gobierno plantea construir un marco de inversión con reglas claras y estabilidad, capaz de acompañar el desarrollo económico de Bolivia durante las próximas décadas y convertir la inversión en producción, innovación y nuevas oportunidades de empleo para los bolivianos, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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