La Paz, 15 de octubre de 2026 (ABI). – La contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) ocasionó un daño económico al Estado de más de Bs 1.478 millones, afirmó el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye.
La Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia brindaron el respaldo técnico-jurídico a la denuncia formalizada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ante la Fiscalía de La Paz.
En la querella están implicados los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de otras 15 personas. La denuncia también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
“Lo que debe quedar claro es que el daño económico inicialmente cuantificado es de 1.478 millones de bolivianos”, afirmó el procurador.
La querella atribuye a los denunciados los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con indicios de responsabilidad penal.
Una auditoría realizada al proyecto determinó que, de los 13 radares contratados, solo dos estaban operativos sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y dos no operaban, pese a que el proyecto registraba un 100% de ejecución física y un 97,85% de ejecución financiera.
También se detectó que el contrato original establecía un plazo de 31 meses, pero siete contratos modificatorios, suscritos durante cuatro gestiones ministeriales, lo ampliaron a 82 meses. La demostración final se realizó recién a los 98 meses.
El proyecto fue contratado en 2016 por más de 191 millones de euros, bajo la modalidad llave en mano, que comprendía 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
Según la querella, el proceso estuvo marcado por la selección de un único proponente, sin una comparación documentada suficiente, y por la suscripción de un contrato de cuantía extraordinaria cuyas condiciones fueron observadas por la auditoría.
A ello se suman los contratos modificatorios, que alteraron los plazos, las garantías, las obligaciones y la forma de recepción, además de los actos de ejecución y recepción que derivaron en el presunto daño económico.
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