La Paz, 31 de marzo de 2026 (ABI). – La investigación por un presunto entramado de corrupción, contrabando y sabotaje en la comercialización de combustibles suma nuevos elementos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que no se descarta la posible implicación de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce.
“Vamos a ir desenmarañando toda esta información, más los datos que han llegado a manos del señor Marcelo Arce Mosqueira, en los que también estamos observando e investigando contratos perjudiciales que se han hecho en contra el Estado boliviano”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.
Consultado sobre la posible implicación del hijo del mandatario, Oviedo evitó confirmar responsabilidades, pero ratificó que la línea investigativa permanece abierta. “No tenemos detenidos por el momento. Cuando los tengamos, los vamos a dar a conocer”, indicó, luego de señalar que existen registros clave —como placas de camiones y nombres de empresas— que se mantienen en reserva para no entorpecer las pesquisas.
El ministro anticipó que en los próximos días se ejecutarán diligencias coordinadas entre la Policía y la Fiscalía boliviana, así como con sus pares en Chile, con el objetivo de desarticular esta red que pone en riesgo la seguridad energética del país.
El caso gira en torno a una presunta red delictiva de gran magnitud dedicada a la adulteración y comercialización ilegal de gasolina y diésel. Según Oviedo, esta estructura tendría su origen en la anterior administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desde donde se habría expandido, generando un daño económico significativo al país.
“La operación delictiva es gigantesca”, enfatizó el ministro, al describir un esquema que no solo operaba en territorio nacional, sino que también contaba con conexiones internacionales.
Las investigaciones preliminares apuntan a que la red utilizaba rutas desde ciudades chilenas como Arica, Iquique y Mejillones, desde donde el combustible ingresaba a Bolivia para ser adulterado y posteriormente distribuido a través de plantas de YPFB.
El ministro también advirtió que el esquema tendría ramificaciones en países vecinos como Paraguay y Argentina, lo que motivó la conformación de un equipo interministerial, con participación de la Cancillería boliviana, para coordinar acciones a nivel internacional.
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