La Paz, 7 de julio de 2026 (ABI). – Mi Teleférico formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y atentado contra la seguridad de los medios de transporte, a raíz de los hechos registrados durante las jornadas de conflictividad social, que provocaron daños en estaciones y cabinas, además de agresiones al personal de la empresa estatal.
Según información institucional, las denuncias presentadas se encuentran actualmente en etapa de investigación bajo la dirección del Ministerio Público y con la participación de efectivos policiales del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, quienes desarrollan las actuaciones necesarias para identificar a los presuntos responsables de estos hechos.
El proceso penal que instauró Mi Teleférico, se lleva adelante de acuerdo con el informe técnico emitido por la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento sobre los incidentes que acontecieron cuando grupos de manifestantes atentaron las estaciones Armentia, de la línea Naranja; El Prado, de la línea Celeste; y Río Seco, de la línea Azul, ocasionando daños en la infraestructura y en cabinas que se encontraban en operación.
Asimismo, el informe establece que, durante estos hechos, personal de Mi Teleférico fue víctima de agresiones físicas, situación que obligó a activar protocolos de seguridad para evacuar y resguardar a los usuarios del sistema y a los trabajadores.
En la estación Prado también se registró la agresión a tres efectivos policiales, uno de gravedad que fue trasladado a la Argentina para recibir tratamiento médico. Sobre este hecho, la empresa estatal brinda toda la colaboración a la Policía para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.
El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo, afirmó que la empresa asumió y asumirá todas las acciones legales necesarias para resguardar el patrimonio público y garantizar la seguridad del sistema de transporte por cable.
“Mi Teleférico es un patrimonio de todos los bolivianos y tenemos la obligación de proteger su infraestructura, a nuestros trabajadores y a los usuarios. Por ello, estamos coadyuvando y colaborando plenamente con las autoridades competentes para que estos hechos sean esclarecidos y los responsables respondan ante la justicia conforme a la ley”, sostuvo.
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