Autoridades presentes en el encuentro organizado por la Contraloría. Foto: CGEAutoridades presentes en el encuentro organizado por la Contraloría. Foto: CGE

La Paz, 21 de agosto de 2026 (ABI). – Más de 500 autoridades gubernamentales, departamentales y municipales del departamento de La Paz participaron en el conversatorio “Gestión Pública Transparente, Responsable y Orientada a Resultados”, organizado por la Contraloría General del Estado.

El encuentro se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), donde se abordaron los desafíos de la gestión pública, el control gubernamental y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

“Entendamos al control como un aliado de la gestión; el control es un aliado, no es un enemigo”, afirmó la contralora general del Estado interina, Sandra Quiroga, según una nota de prensa.

La autoridad explicó el alcance de la actuación de la Contraloría cuando una auditoría identifica posibles irregularidades y señaló que dicho documento no constituye el final del proceso, sino que posteriormente corresponde a las instancias competentes continuar con las acciones establecidas por la normativa.

“La Contraloría llega hasta emitir el dictamen con indicios de responsabilidad”, afirmó, a tiempo de resaltar que los presuntos involucrados deben presentar documentación de descargo para que la Contraloría vuelva a analizarla y, posteriormente, emita un informe complementario que ratifique los indicios, los deje sin efecto o los modifique.

El conversatorio fue el cierre de una serie de visitas que realizó la Contralora a los nueve departamentos. La Paz concentró la mayor afluencia de autoridades, oportunidad en la que se permitió analizar la importancia de que las entidades públicas trabajen dentro del marco de sus competencias, planifiquen adecuadamente sus operaciones y cuenten con personal competente e informes técnicos y legales que respalden sus decisiones.

Quiroga insistió en que una gestión eficiente requiere controles oportunos y procedimientos claros que permitan prevenir irregularidades y demostrar el uso adecuado de los recursos públicos.

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