La Paz, 2 de septiembre de 2026 (ABI).- Un total de 30.832 viviendas accederán a su derecho propietario mediante un programa de titulación masiva que será puesto en marcha por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó esa cartera de Estado.
El lanzamiento del programa se realizará este jueves a las 10.00 en la ciudad de El Alto, donde se dará inicio al proceso de regularización de viviendas cuyos propietarios esperan desde hace décadas la consolidación legal de sus inmuebles.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, instruyó al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo trabajar en una solución para las familias que cuentan con una vivienda, pero que no pueden registrar su derecho propietario debido a diferentes dificultades legales.
Entre los principales problemas se encuentran los gravámenes vinculados a deudas antiguas que pesan sobre algunos predios y que impiden su inscripción en Derechos Reales.
Para superar esta situación, el Ministerio de Obras Públicas gestionará una Ley de Condonación de Deudas, que permitirá levantar esas restricciones y avanzar en los procesos de titulación.
La medida también busca posibilitar el cierre de antiguos programas de vivienda social, entre ellos el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) y los Consejos de Vivienda.
De manera paralela, el Gobierno prevé devolver aportes a más de 70.000 personas que no obtuvieron ningún beneficio de los antiguos programas habitacionales. El monto destinado a estas devoluciones supera los Bs 37 millones.
Del total de viviendas que serán incorporadas al programa, 12.529 se encuentran en Santa Cruz, 8.649 en El Alto, 2.560 en Warnes, 1.532 en La Paz y 1.310 en Cochabamba.
El resto está distribuido entre otros municipios y ciudades del país, como La Guardia, Trinidad, Oruro, Puerto Suárez, Sacaba, Montero, Potosí, Tarija, Yacuiba, Riberalta, Quillacollo, Camiri, Guayaramerín, Reyes, Puerto Quijarro, Rurrenabaque, Viacha, Colcapirhua, Sucre, Tiquipaya y Tupiza.
Con el programa, el Gobierno busca avanzar en la regularización de viviendas que aún no cuentan con registro legal y atender la situación de las personas que realizaron aportes a programas habitacionales sin haber recibido un beneficio.
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