El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, dijo este lunes que el paro declarado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria pone en riesgo la continuidad de la estrategia de lucha contra el COVID-19.

“La segunda ola de la pandemia la estamos venciendo sin ningún día de cuarentena rígida. En ese sentido, la estrategia que está funcionando hoy puede verse afectada con ese tipo de movilizaciones. Llamamos a la razonabilidad a los sectores movilizados", dijo en una entrevista con la Red Uno.

La autoridad estatal consideró que “el punto de quiebre” del rechazo del Conasa a la Ley de Emergencia Sanitaria parece ser la regulación de los abusos que se cometen en los precios de los fármacos y los costos de la atención médica en los centros médicos privados.

En ese contexto, Auza aclaró que la normativa del caso no pretende fijar precios y sólo tiene el objetivo de determinar márgenes de costos por la atención médica única y exclusivamente mientras dure la pandemia por el COVID-19, además de garantizar la funcionalidad de todos los servicios y prohibir la suspensión de las prestaciones en nosocomios.

En el caso de contrataciones, mencionó que el instrumento legal no establece la contratación de personal extranjero y más bien menciona que “en una situación de emergencia podremos ver la posibilidad de contratar otro tipo de profesionales cuando en el país ya no se cuente con estos profesionales”.

La Ley de Emergencia Sanitaria tampoco atenta al derecho a la huelga como tal, porque lo que prohíbe es que las manifestaciones y paros no signifiquen la no atención en los servicios de salud, complementó.

El titular de Salud acotó que el Gobierno mantiene el llamado al diálogo a los galenos en la defensa de la salud y la vida.

“Hemos demostrado una actitud de diálogo, hemos escuchado al Colegio Médico en cuanto a cuáles eran sus observaciones y correcciones que ellos han definido", concluyó.

Varios hospitales y centros de salud de Pando, Tarija, Cochabamba y Sucre trabajaron con normalidad este domingo, según testimonios de enfermeras y médicos entrevistados por radio Patria Nueva.

En Cobija, Pando, el médico Nahún Vásquez, director del Hospital Roberto Galindo, informó que debido a la importancia de brindar servicio a los pacientes “aquí se sigue atendiendo”.

El galeno explicó que “ningún servicio se deja de atender” en las distintas reparticiones de salud. El profesional exhortó a que la dirigencia de su sector acuda al diálogo con el Gobierno.

En Tarija, en los centros de salud “Palmarcito” y “Villa Abaroa”, la atención sanitaria se efectuó con regularidad.

La enfermera Natividad Aramayo, del centro “Palmarcito”, informó que se atiende con normalidad todas las patologías, especialmente en el área de emergencias, donde se cumplen turnos de 24 horas.

En ese mismo sentido, el médico Nataniel Torrez dijo que se trabaja “de manera normal, aunque llueva, nieve o truene”, priorizando a los pacientes con más gravedad.

En Cochabamba, el hospital Viedma, considerado el más importante de la región, desempeña actividades con absoluta normalidad, según el testimonio de su director, Cristian Gómez.

“Agradecemos al personal que decidió no acatar el paro”, indicó el médico, quien calificó la medida de presión como “irregular” y “política”.

En 2018, durante la gestión de Evo Morales (MAS), los médicos realizaron un paro durante 46 días.

En 2019, los médicos pararon durante 100 días, también en la gestión de Morales; pero, de forma extraña, los galenos no pararon ni un solo día en 2020, en la gestión Jeanine Áñez.

En 2021, los médicos volvieron a iniciar un paro de actividades, esta vez en la gestión del actual presidente Luis Arce (MAS).

Al respecto, Gómez dijo que el paro convocado por la dirigencia médica es político, ya que similares movilizaciones no se realizaron en el régimen de Jeanine Áñez, pero sí en las gestiones del MAS.

También en Cochabamba, el Centro de Salud de Villa Pagador desempeñó sus actividades este domingo con total normalidad, según indicó un médico de apellido Rocha, entrevistado por la radioemisora.

El galeno indicó que el paro “no se acató desde el viernes”, y aprovechó la entrevista para pedir a la dirigencia de su sector que dialogue con el Ejecutivo.

En la ciudad de Sucre, el Hospital Jaime Mendoza realiza un “paro dinámico”, es decir que se atiende a todos los pacientes y se les suministra las recetas y medicamentos necesarios.

Algo similar ocurre en el Hospital del Niño, en la capital, donde la atención pediátrica es regular, según el recorrido del periodista de radio Patria Nueva.

Al respecto, la asambleísta departamental, Sandra Siñani, condenó el paro decidido por la dirigencia médica y dijo que tal medida es un crimen, ya que se afecta a la salud y vida de la población en tiempos de pandemia.

La Defensoría del Pueblo recibió durante la semana pasada cuatro denuncias de cobros excesivos y maltrato por parte de clínicas privadas hacia pacientes con COVID-19, lo que calificó como un atentado al derecho a la salud.

“En los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias contra la Clínica Grumedso de Santa Cruz, el Hospital Nuestra Señora de La Paz, el Hospital Metodista de La Paz y el Hospital Agramont de El Alto, por cobros que incluso ascendieron a 127.445 bolivianos, en el caso más extremo, por atención hospitalaria sin que haya incluido terapia intensiva o por cobros que han oscilado en 20.000 bolivianos por cuatro horas de atención en una clínica”, afirmó la defensora Nadia Cruz.

De acuerdo a un boletín de prensa institucional, el caso más oneroso corresponde a la Clínica Grumedso de Santa Cruz, que extendió una factura por Bs 127.445, sólo por atención médica hospitalaria que no incluyó terapia intensiva, por 22 días de internación a una mujer. A este monto se sumó uno similar por brindar auxilio al esposo. Ambos fallecieron a causa del COVID-19.

Los familiares de la pareja revelaron que tuvieron que dejar los títulos de propiedad de un vehículo para retirar los cuerpos, porque no contaban con los recursos suficientes para cubrir la deuda.

“Exigimos al Gobierno nacional, a las entidades subnacionales aplicar la Ley de Emergencia Sanitaria a fin de controlar, fiscalizar y sancionar a aquellas clínicas que, en emergencia sanitaria, en la situación delicada que está pasando la población, realicen cobros excesivos”, acotó Cruz.

La segunda queja sobre cobros elevados involucra al Hospital Nuestra Señora de La Paz que extendió una factura por Bs 78.500, por la atención de un hombre de 58 años que falleció en terapia intensiva. Los familiares denunciaron que no pudieron retirar el cuerpo hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo

En el Hospital Metodista ocurrió algo similar. Ese centro emitió una factura por Bs 20.000, por cuatro horas de atención a dos adultos, uno de 61 años y otro de 53, ambos afectados por el COVID-19.

En El Alto, el Hospital Agramont dificultó el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS). El paciente falleció en ese establecimiento.

Las denuncias o quejas contra la afectación al derecho a la salud por parte de los centros médicos privados se reciben a través de la línea gratuita 800-10-8004, la línea de WhatsApp 72006607 y de forma virtual mediante el sitio web de la institución, en el que existe un espacio habilitado para el efecto.

El Ministerio de Salud reportó este sábado 1.095 nuevos casos de COVID-19 en el país, lo que muestra un leve descenso en relación al pasado viernes. En tanto, el número de pacientes recuperados durante la jornada asciende a 884.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 342, Santa Cruz encabeza la lista de los departamentos más afectados con 361 casos. Le siguen La Paz, con 290 y Oruro, con 142.

Cochabamba presenta 83 casos, Chuquisaca 72 nuevos contagios; Tarija, 54; Beni, 46; Potosí, 42; y Pando, cinco.

El reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 241.771 casos positivos, de los cuales 45.637 están activos.

Además, se descartaron 427.217 casos, hay 1.619 sospechosos, y la cifra de muertes a causa del virus asciende a 11.417. El total de pacientes recuperados suma 184.717.

Una clínica en la ciudad de La Paz retuvo desde el jueves contra su voluntad a una persona debido a una deuda que adquirió por el tratamiento médico prestado a su padre, quien falleció en ese centro de salud. Ante ello, la Defensoría del Pueblo gestionó la libertad de la persona retenida y la Policía hizo dos aprehensiones.

Un reporte de prensa de la Defensoría indica que “gestiona la liberación de una persona de nacionalidad venezolana, que fue retenida contra su voluntad en la Clínica Santa Laura de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, debido a una deuda por el tratamiento médico prestado a su padre, quien falleció en ese establecimiento”.

La persona estuvo retenida en la clínica privada desde el jueves, sin cobijo o alimento alguno. De acuerdo a un reporte de Bolivia TV, la deuda asciende a $us 19.000.

Según el informe, el personal de la Defensoría llegó al centro médico y constató que esa persona estaba encerrada en la clínica. Pese a las gestiones de los servidores defensoriales que indicaron a los galenos que tal acto implicaba la comisión de un delito, éstos se negaron a liberarlo.

Ante ello, se contactaron con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que liberen a la persona. Tras la intervención policial, se aprehendió a dos personas.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo recordó a la población en general, y en especial a los centros de salud, que está prohibido retener a las personas o a los restos humanos por la falta de pago por los servicios ofrecidos.

En ese caso, añade el reporte, el personal del centro médico debe acudir ante las instancias y vías legales correspondientes, pues lo contrario implica la generación de responsabilidad penal y la violación de los derechos fundamentales.

La Cancillería, en el Día Internacional de la Lengua Materna, reafirmó la idea de que preservar las lenguas maternas es proteger la identidad de los pueblos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que las lenguas indígenas corren serios riesgos.

La celebración se efectúa “en tiempos donde nuestros pueblos, sus tradiciones y sus lenguas y dialectos pueden desaparecer para siempre”, indica un documento citado en un reporte de prensa institucional.

Ante la gravedad de ese proceso que sufren las lenguas indígenas, añade el informe, se propone “fomentar su recuperación, su inclusión y celebrar su uso para generar puentes de diálogo entre nuestros hermanos”.

En ese sentido, se afirma que la celebración muestra “que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión”.

La Cancillería propone promover la inclusión a través de las lenguas indígenas con “políticas, educadores y maestros, padres y familias que reafirmen y se comprometan con una educación multilingüe y así promover su recuperación”.

Bolivia promovió ante las Naciones Unidas la aspiración de los pueblos indígenas de proclamar el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, “pero no nos quedamos sólo en esa proclamación, nos esforzamos para promover el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de las Naciones Unidas 2022-2032”, indica el reporte.

Esta iniciativa busca que los gobiernos tomen las medidas necesarias para la preservación de las lenguas indígenas, el multilingüismo y el sostenimiento de sistemas de educación intercultural, y el conocimiento de la diversidad cultural.

Al celebrar este día, “es nuestra obligación salvaguardar la diversidad lingüística. Estamos convencidos que al hacerlo estaremos salvaguardando nuestras tradiciones, el conocimiento de nuestros abuelos y lo más importante, nuestra identidad”, finaliza el documento.