Sentencian a 30 años de cárcel a autor de violación y feminicidio en Puerto Suárez
Sentencian a 30 años de cárcel a autor de violación y feminicidio en Puerto Suárez

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este martes que el Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal fijó una condena de 30 años de cárcel para Rubén Chamo Soleto de 29 años, quien fue identificado como el autor de la violación y feminicidio de Mary Y.L.P de 30 años, en la carretera Mutún de la localidad de Puerto Suárez.

“La Fiscalía ofreció (en el juicio) las pruebas consistentes en el acta de declaración informativa de los familiares, certificado médico forense, entre otros elementos probatorios, además que el sujeto reconoció haber cometido el delito y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que la autoridad jurisdiccional dictó la máxima sentencia por este delito”, dijo, citado en un boletín institucional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho de sangre se registró el 26 de junio del presente año, cerca de las 23h00.

Al día siguiente, a las 13h40, un comunario de la zona San Silvestre encontró el cuerpo de la víctima, sin signos vitales, con heridas en la parte frontal izquierda, semidesnuda y procedió a llamar a la Policía Boliviana.

Posteriormente, los familiares de la víctima se hicieron presentes acompañados del victimario en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Puerto Quijarro, donde se realizó la entrevista a todos ellos.

Los parientes de la víctima indicaron que Rubén Chamo fue la última persona que tomó contacto con Mary.

“Cuando se le realizó la entrevista se observó que tenía rasgos de violencia y él dijo que las heridas eran resultado de una caída de su motocicleta”, indicó Mariaca.

Sin embargo, confesó más tarde que abusó sexualmente de la víctima para posteriormente cometer el feminicidio, por lo que se procedió a su aprehensión.


 
Caso golpe de Estado: Fiscalía decide convocar a Antonio Quiroga, Ricardo Paz, Luis Vásquez, Jerjes Justiniano y Roberto Moscoso
Caso golpe de Estado: Fiscalía decide convocar a Antonio Quiroga, Ricardo Paz, Luis Vásquez, Jerjes Justiniano y Roberto Moscoso

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este martes que en el marco de las investigaciones que se siguen en el caso denominado golpe de Estado serán convocados la próxima semana a declarar a Ricardo Paz Ballivián, José Antonio Quiroga, Luis Vásquez Villamor, Jerjes Justiniano Atalá y Roberto Moscoso, quienes declararán en calidad de testigos de los hechos registrados en Bolivia en noviembre de 2019.

“Las cinco personas serán citadas a fin de que puedan establecer una declaración informativa respecto a su participación en aquellos acontecimientos. Debemos reflexionar sobre los deberes que tenemos como bolivianas y bolivianos de colaborar con la justicia, como señala el Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, que indica claramente que los bolivianos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, además de coadyuvar con la justicia”, dijo Quispe.

Los convocados a declarar por el Ministerio Público la siguiente semana son asesores políticos como el exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), Ricardo Paz Ballivián; el excoordinador político nacional de CC, José Antonio Quiroga; Luis Vásquez Villamor, quien es asesor de Jorge Tuto Quiroga Ramírez; Jerjes Justiniano Atalá, asesor del excandidato de Creemos, Luis Fernando Camacho y Roberto Moscoso, asesor del excandidato de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Quispe agregó que los ciudadanos que serán convocados a declarar, la próxima semana, tienen el deber cívico de colaborar con la investigación porque serán convocados en calidad de testigos, además tienen el deber cívico y moral con las víctimas de Sacaba, Senkata y otros para conocer qué escenarios se presentaron en esa instancia.

Indicó que ya se recibió la declaración informativa de la exasambleísta Susana Rivero y de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quienes brindaron varios elementos al caso.

Respecto a la lista de exautoridades convocadas, se continuará recibiendo las declaraciones informativas a efectos de construir los elementos relacionados del caso y para el jueves se tiene previsto convocar al exsenador Rubén Medinacelli Ortiz y el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda Belzu.


Sepret: Al menos 180 personas fueron víctimas de tortura y vejámenes durante el golpe de Estado
Sepret: Al menos 180 personas fueron víctimas de tortura y vejámenes durante el golpe de Estado

La directora general del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadeshda Guevara, informó que al menos 180 personas fueron víctimas de tortura y vejámenes durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Indicó que se realizó la denuncia ante la ONU en sentido de que se produjo en ese periodo al menos 27 personas asesinadas, 800 heridos y 1.500 personas con detención ilegal.

“Estas 180 personas pertenecen a casos específicos. Podemos hablar de la zona sur de Cochabamba, el caso Escudos, el caso Episur, caso financiamiento al terrorismo, se usó tipos penales abiertos. Casos fabricados en el Ministerio Público”, sostuvo en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.   

Guevara no descartó que sean más los bolivianos que fueron perseguidos por órdenes de Arturo Murillo o Fernando López, exministros de Jeanine Áñez, debido a la falta de atención que mostraron estos exfuncionarios con las víctimas de persecución o maltrato por parte de ese gobierno.

Manifestó que las personas que fueron torturadas, sufrieron violencia extrema, fueron humilladas y su vida cambió de manera radical ya que una fue su personalidad antes de la tortura y otra después, debido a los traumas y secuelas imborrables.

De acuerdo con la especialista, las víctimas eran acusadas por delitos que hoy carecen de elementos para probar su existencia o su ejecución por sus presuntos autores, sometidos entonces a graves suplicios, informó Telesur.

“Las violaciones del 2019 y 2020 tienen que tener una reparación por parte del Estado y este debe dar un mensaje a los próximos gobiernos para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos con el afán de tomar el poder”, indicó la directora del Sepret.


Cuatro nuevas pruebas implican a militares, Áñez y otros actores en la conspiración de 2019
Cuatro nuevas pruebas implican a militares, Áñez y otros actores en la conspiración de 2019

La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, rompió su silencio. Ella presentó a la Fiscalía al menos cuatro documentos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y a Jeanine Áñez en la conspiración de 2019. Además, puso al desnudo la maniobra política que actores de oposición aplicaron para tomar el poder con el protagonismo de la jerarquía católica, Carlos Mesa y Fernando Camacho.

Esas revelaciones fueron expresadas este lunes por Salvatierra en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, en una entrevista en la que contó detalle a detalle lo que pasó esos días aciagos de noviembre de 2019 antes y durante el golpe de Estado.

Ella prestó declaraciones voluntarias ante la Fiscalía que investiga a Jeanine Áñez y otras personas por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, ampliados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones.

La primera prueba documental mostrada por Salvatierra se refiere a que los militares hicieron saber al entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, que ya no podría usar el avión presidencial, pese a que era su Capitán General.

La segunda prueba se refiere a la comunicación escrita de jefes militares en sentido de que los uniformados, por orden de alguien que se investiga, determinaron iniciar operaciones de neutralización en Challapata (Oruro).

“Antes de sugerir la renuncia de Evo Morales, (las FFAA) le dicen, le pasan una nota donde le dicen ‘A partir de este momento, cualquier uso del avión presidencial debe ser autorizado por las Fuerzas Armadas’. Y, además, circula una nota del propio Comando donde dice ‘en cumplimiento del mandato constitucional y las leyes se ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley. Estos sobrevuelos se realizan en Challapata’. Y de estos sobrevuelos, el presidente Evo Morales no había autorizado absolutamente nada", dijo.

“Estos dos acontecimientos ponen en evidencia que ya las FFAA estaban actuando al margen de la institucionalidad del Estado y el respeto al Presidente Constitucional del Estado, es por eso que después piden la renuncia”, indicó Salvatierra.

La tercera prueba presentada por la expresidenta del Senado ante los fiscales, tiene que ver con una orden emitida por jefes militares el 11 de noviembre de 2019 para que se retire y se aliste la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).

Esta solicitud de los militares se realizó un día después de que una reunión entre los emisarios de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, embajadores extranjeros y la jerarquía católica, definió, el 10 de noviembre de 2019, que Jeanine Áñez sea la presidenta de Bolivia y hasta la llamaron por teléfono para ofrecerle el cargo.

La reunión se realizó en la Universidad Católica Boliviana (UCB) sin presencia de delegados del Movimimento Al Socialismo (MAS).

Al respecto, el testimonio de Salvatierra es el siguiente: “El 11 de noviembre, mientras a nosotros nos invitan a una mesa de diálogo, aquí tengo el acta, retiran la medalla presidencial del Banco Central. Aquí tengo el acta de retiro: ‘en la ciudad de La Paz, el 11 de noviembre de 2019, atendiendo la solicitud de Casa Militar, en fecha 11 de noviembre’. Los militares acompañaban (la medalla) la resguardaban y le brindaban protección a las 15h30 del 11 de noviembre”.

“Es decir, ya había la decisión de que Jeanine Áñez asuma el 10 de noviembre e intentaron llevarnos a nosotros para intentar legitimar esa decisión”, dijo Salvatierra.

La cuarta prueba presentada tiene que ver con una carta enviada por Áñez en la que ella firma como presidenta interina del Senado pese a que su elección se realizó sin quórum, al margen del reglamento de debates y sin presencia del bloque mayoritario conformado por asambleístas del MAS.

En esa misiva dirigida al comandante de las FFAA, Williams Kalimán, Áñez le solicita que resguarde la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir que se impida el ingreso de asambleístas del MAS, dijo Salvatierra, quien luego fue impedida de ingresar al Legislativo.

Salvatierra enfatizó que las renuncias de autoridades en 2019 fueron motivadas por la extrema violencia y torturas contra sus familiares; que tanto Mesa como Camacho definieron que nadie del MAS debía asumir la presidencia del país; que la reunión en la UCB, sin ninguna competencia legal y en ausencia del MAS, determinó el 10 de noviembre de 2019 que Jeanine Áñez sea la presidenta de Bolivia y que la jerarquía católica asumió un rol político en esa coyuntura.


Fiscalía pide historia clínica de Víctor Hugo Cárdenas, pero Alcaldía de La Paz rechaza requerimiento
Fiscalía pide historia clínica de Víctor Hugo Cárdenas, pero Alcaldía de La Paz rechaza requerimiento

La Fiscalía emitió dos requerimientos para saber el estado de salud del exministro Víctor Hugo Cárdenas en el marco de la investigación a su hijo Iru Maki por deterioro de bienes del Estado. Sin embargo, la Alcaldía de La Paz, que tiene a su cargo el hospital municipal Cotahuma, rechazó proporcionar la información a las autoridades.

Iru Maki es investigado por los presuntos delitos de conducción peligrosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional ya que usó un vehículo gubernamental en el cual sufrió un accidente. Junto a su padre, dejaron el rodado abandonado en un garaje, indica un reporte de prensa del Ministerio de Educación del 25 de febrero de 2021.

El Director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, Eliseo Chávez, informó que el Ministerio de Educación logró recuperar el motorizado, con placa 4049 – NPI, el 23 de febrero de 2021, en el garaje donde Cárdenas lo dejó abandonado. Tuvo que pagar Bs 7.700 por el arrendamiento del lugar, añade el informe.

De acuerdo a las investigaciones, el 07 de junio del año 2020, a las 23:35 horas, aproximadamente, se habría registrado un hecho de tránsito de desplazamiento de vehículo, en la avenida “Del Maestro” del parque Flamegor, motorizado que bajo las gradas con dirección a la calle 10 de la zona de Alto Obrajes, conducido por Iru Maki C.C., quien fue sometido a la prueba de alcohotest, insuflado de Globo dando resultado 0.40%, conductor del vehículo tipo vagoneta, marca Mitsubishi, color blanco, con placa de control 4094-NPI, presuntamente de propiedad del Ministerio de Educación.

En ese contexto, este lunes, el fiscal Gustavo Balderrama informó que, el 10 de mayo de este año, se amplió la investigación a Víctor Hugo Cárdenas por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Ante la convocatoria de la Fiscalía, Víctor Hugo Cárdenas, el 4 de junio, hizo saber que no podía atender la solicitud debido a que estaba con gastroenteritis. Luego, respondió, el 18 de junio, que estaba con COVID-19.

Por ello, el Fiscal Balderrama dijo que se emitió dos requerimientos para conocer la historia clínica y el estado de salud de Cárdenas.

Sin embargo, la Alcaldía municipal de La Paz, encargada del Hospital de Cotahuma, donde estaría Cárdenas, hizo saber que no dará información a la Fiscalía.

La Secretaría Municipal de Salud señaló que el pedido de la Fiscalía Anticorrupción es ilegal, por el principio de “secreto médico”, pero además señaló que el proceso no corresponde al paciente, sino a uno de sus hijos, según el informe de erbol

“La Ley No 3131 del Ejercicio Profesional Médico, en la parte pertinente del Art. 4, establece que: ‘secreto medico: Toda información identificada durante el acto médico sobre el estado de salud o enfermedad del paciente, su tratamiento y toda otra información de tipo personal, debe mantenerse en secreto, inclusive después de su muerte, para salvaguarda la dignidad del paciente”, señala un comunicado de la entidad edil, citada por la agencia de noticias.

Sin embargo, Balderrama recordó que la Fiscalía tiene la atribución legal de requerir información a toda persona, institución  o dependencia, pública, privada, que tiene la obligación de proporcionar información, remitir la documentación requerida o realizar cualquier  diligencia  relacionada  con la investigación de manera inmediata, directa y gratuita, bajo  responsabilidad prevista en el Código Penal, según establece el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público  (Obligación de Cooperación).

Además, de lo establecido Artículo 136 del Código de Procedimiento Penal que señala (Cooperación Directa), cuando sea necesario los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar información de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso. Las autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente trasmitidas bajo pena de ser sancionados conforme a Ley, indica un reporte de prensa de la Fiscalía.


Cae exasesor jurídico de Fernando López por el sobreprecio de gases que involucra a Murillo, exministro de Áñez
Cae exasesor jurídico de Fernando López por el sobreprecio de gases que involucra a Murillo, exministro de Áñez

El exasesor jurídico del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Fernando López Julio, fue aprehendido en el marco de las investigaciones por la compra y adquisición con sobreprecio de gases lacrimógenos, transacción que tiene como protagonista al exministro Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos (EEUU) a la espera de su audiencia.

“Alan Edwin M. R., exasesor jurídico del Ministerio de Defensa fue aprehendido en el marco de la investigación por la compra y adquisición con sobreprecio de gases lacrimógenos”, informaron los canales televisivos PAT y Abya Yala en sus cuentas de Twitter.

Las publicaciones acompañan una fotografía con el sello de PAT, mientras que Radio Compañera difundió un video. 

Días atrás, la Policía y la Fiscalía realizaron un allanamiento al domicilio de Alan Edwin M. R. donde encontraron documentación relativa al caso de la adquisición de gases lacrimógenos, informó entonces el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Recientemente, la Policía realizó un allanamiento en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz. En el sitio se encontró documentación referente al proceso de contratación, resoluciones, documentos de la Contraloría y fotocopias del proceso de gases lacrimógenos”, informó en ese entonces Del Castillo.

El viernes, la autoridad jurisdiccional que investiga el caso gases lacrimógenos, dispuso la emisión de una resolución de declaratoria en rebeldía en contra de los exministros Arturo Murillo Prijic y Luis Fernando López Julio, así como las anotaciones preventivas de los bienes de ambos coimputados, informó el fiscal anticorrupción, Junior Flores.

Durante el golpe de Estado de 2019, el régimen de Jeanine Áñez aprobó tres decretos supremos que avalaron la compra de gases lacrimógenos, destinados a la represión, con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones.

Esta transacción ilegal fue investigada y descubierta por EEUU que procedió a iniciar un proceso penal contra Arturo Carlos Murillo Prijic (57 años), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), quienes están acusados por los delitos de sobornos y lavado de dinero cometidos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

El Ministro de Gobierno informó que una gran parte de los $us 2,3 millones de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte de Murillo y sus cómplices, entre los que se encuentra Lichtenfeld, fue invertido en el proyecto World Trade Center, de Santa Cruz, y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba.

Se prevé que el 7 de julio se realice la audiencia en EEUU para tratar sobre la situación jurídica de Murillo.


Adriana Salvatierra se presenta en la Fiscalía para afirmar que hubo un golpe de Estado en 2019
Adriana Salvatierra se presenta en la Fiscalía para afirmar que hubo un golpe de Estado en 2019

La expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, se presentó este lunes ante el Ministerio Público para declarar en calidad de testigo en el denominado caso golpe de Estado.

“Hoy día me presenté a declarar de manera voluntaria y en calidad de testigo de los hechos acontecidos durante los meses de octubre y noviembre de 2019”, indicó la exlegisladora en un mensaje en su cuenta en Facebook.

Explicó que uno de sus objetivos fue contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido hace casi dos años, cuando se produjo una ruptura institucional y el régimen de violencia de Jeanine Áñez que dejó varios bolivianos fallecidos.

“Por la memoria de todos ellos y por sus familias, me presento a declarar con la verdad y para alcanzar la justicia que tanto merecen”, aseveró.

Los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno impulsaron movilizaciones mientras el conteo de votos no había culminado. A eso, se sumó, en noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público un informe preliminar en el que cuestionaba las elecciones presidenciales.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez asumió, en ese escenario y sin respetar la sucesión constitucional, la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.

“Quienes confiamos en la verdad, no tenemos miedo de comparecer ante la justicia. Y esa verdad es la que va a demostrar que en 2019 hubo un golpe de Estado que interrumpió un gobierno democrático para reemplazarlo por otro que asumió de manera ilegal y cuyo único objetivo era instalar un enorme mecanismo de corrupción para robarle a todos los bolivianos y bolivianas”, explicó.

“Para ello, fueron capaces incluso de asesinar a sus propios compatriotas en las masacres de Senkata, Sacaba, El Predegal y Yapacaní”, añadió.


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