El Ministerio de Salud reportó este lunes 884 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que el número de pacientes recuperados durante la jornada asciende a 963.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 344, Santa Cruz encabeza la lista de los departamentos más afectados con 349 casos. Le siguen La Paz, con 163 y Cochabamba, con 107.

Chuquisaca presenta 53 nuevos contagios; Potosí, 61; Oruro, 49; Beni, 15; Tarija, 81; y Pando, seis.

El reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 243.176 casos positivos, de los cuales 45.588 están activos.

Además, se descartaron 434.833 casos, se tienen 2.453 pacientes sospechosos, y la cifra de muertes a causa del virus asciende a 11.470. El total de pacientes recuperados suma 186.118.

La representante en Bolivia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rosse Noda, afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce tomó las medidas necesarias para evitar la escasez de alimentos durante la pandemia por COVID-19.

“Lo que se está viendo desde FAO es que la crisis sanitaria, que es el COVID, no tenga que pasar a una crisis alimentaria, eso es lo más importante. Para eso, se han tomado las medidas necesarias (…), nuestros mercados cuentan con alimentos”, señaló en un contacto con radio Patria Nueva.

También destacó el plan de recuperación agropecuaria que tiene el Gobierno nacional, el cual se aplicará de manera coordinada con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“También se está haciendo un plan de recuperación exclusivamente para pueblos indígenas, de medios de vida”, acotó.

En enero de 2021, el índice de precios al consumidor registró una variación positiva de 0,47%, cifra mínima que refleja que hay producción de alimentos en el país, indica el reporte de la radioemisora estatal.

La Defensoría del Pueblo realizó este lunes una verificación en 56 centros de salud públicos y de la seguridad social del país y constató que en el 80% de esos nosocomios, la atención y servicios a pacientes se realiza con normalidad.

“En una segunda verificación que realizó la institución, a través de sus oficinas en todo el país, evidenció que de los 56 centros a los que se ingresó, 45 no acataron el paro decretado la semana pasada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), lo cual saludamos y destacamos el compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, según un reporte institucional.

De acuerdo al reporte remitido por las oficinas defensoriales, de los 56 centros de salud verificados, uno (Caja Nacional de Salud regional Potosí), que representa el 2%, acató la medida de presión de forma parcial y otros 10, que equivalen al 18%, lo hicieron en su totalidad, en los que funcionan los servicios de emergencias y se cumple con la atención a pacientes COVID-19.

De los 10 nosocomios que acataron el paro (Hospital Oruro Corea,  Hospital Wálter Kholn y Hospital Obrero N° 4, en Oruro; Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés, en Chuquisaca; Hospital Regional San Juan de Dios y Hospital Obrero 7 de la CNS, en Tarija; Caja Nacional de Salud, en Beni; Hospital Jaime Mendoza de Uncía; Hospital de Segundo Nivel Rubén Zelaya, en Yacuiba; y Centro de Salud Integral Príncipe de Paz, en Puerto Quijarro), cuatro son dependientes de la Caja Nacional de Salud y seis del sistema público de salud, añade el reporte. 

La Defensora reiteró su llamado a la Autoridad de Supervisión de Seguro Social a Corto Plazo (ASSUS), para que supervise, controle, fiscalice e inspeccione los centros de salud que acataron parcial y totalmente el paro convocado por el Conasa.

También pidió a las autoridades departamentales y municipales que adopten medidas de control para garantizar la continuidad de los servicios en los hospitales públicos donde paralizaron la atención a pacientes.

El pasado viernes, la Defensoría realizó una primera verificación en 38 centros. En ese operativo se evidenció que el 73% de éstos no acató el paro médico, agrega el informe.

Liz Cuellar, de 34 años, denunció que el viernes pasado perdió al bebé de casi cuatro meses que llevaba en el vientre porque se le negó asistencia en varios centros médicos de la ciudad de Santa Cruz, en medio de un paro acatado por un sector de galenos en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Tengo un embarazo de casi cuatro meses y el bebé se me ha muerto en la barriga. He ido a los centros de salud que hay cerca de los barrios, pero no me han querido atender”, dijo, en una entrevista con radio Patria Nueva.

La gestante explicó que tuvo que recurrir a sus amigas para que le colaboren debido a su situación de alto riesgo y una vecina la llevó a un centro médico con fines solidarios para que reciba la asistencia requerida.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, dijo que el caso tiene que ser investigado y pedirá un informe al personal del Ministerio Público en el Plan Tres Mil y a la Estación Policial Integral Nro 3.

“Así se podría ver diferentes tipos penales. No queremos ser irresponsables en adelantarnos, pero sí lo vamos a investigar hoy mismo”, aseveró.

Mientras en algunos centros médicos públicos se acata el paro; clínicas privadas continúan brindando atención normal en medio de denuncias de cobros excesivos.

El hijo de una mujer con COVID-19, Iván Ramírez, denunció que su progenitora está hace nueve días internada en un centro médico privado y tiene que pagar Bs 2.500 por jornada, sin contar el costo de los medicamentos. “Debo arriba de 20.000, 22.500 bolivianos”, dijo.

El joven indicó que la única buena noticia que recibió es que su madre se recuperó de los efectos del COVID-19 y se está reestableciendo de una neumonía. “Gracias a Dios, ya mañana sale”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo ratificó su denuncia contra el Hospital Agramont porque un adulto mayor enfrentó problemas en este establecimiento para su traslado a un centro público y fue objeto de ocho denuncias durante la gestión 2020 sobre el cobro elevado y retención de cuerpos por deudas, algunas de ellas por COVID-19.

Respecto al paciente JCQ, la institución defensorial abrió el caso  DP/SSP/ALT/3004/2020  ante una denuncia que señalaba que dicho nosocomio no podía continuar con la atención médica. Si bien, a través de la intervención defensorial, se logró que sea atendido, unos días después, el 25 de diciembre, este establecimiento le dio de alta pese a que no se encontraba restablecido de salud y falleció el 1°de enero de 2021.

Durante la gestión 2020, la entidad defensorial atendió un total de ocho denuncias contra el Hospital Agramont. Tres de ellas fueron sobre costos altos o porque algunos precios no correspondían con la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. Además, del total de casos, el hospital recibió dos Requerimientos de Información Escrita y una reiteración de Requerimiento de Información Escrita.

La institución defensorial, antes de emitir información de carácter delicado, verifica que los hechos y circunstancias tengan un respaldo en sus investigaciones, por lo que rechaza las declaraciones de la directora.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, destacó este lunes que al menos 25 médicos se sumaron de manera voluntaria, sin ser convocados, a la toma de muestras de antígeno nasal para la detección de contagiados con el COVID-19 realizadas el fin de semana en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de la ciudad de La Paz.

"Estamos hablando de que existen médicos, los cuales sin ser convocados están acudiendo a ponerle el hombro en esta situación donde nuestra población más requiere servicios de salud", ponderó, en una entrevista con la Red Uno.

De acuerdo con Auza, los galenos voluntarios se sumaron a 150 de sus colegas que trabajaron en la realización de los test que benefició a más de 2.000 personas de la ciudad de La Paz.

Por otro lado, el titular de Salud recordó que la primera fase de la vacunación contra el COVID-19 sigue en curso en su primera fase, de manera paralela, con más de 10.000 trabajadores en salud que recibieron la primera dosis y que comenzaron a recibir la segunda desde el fin de semana.

"El hecho de que la inmunización ya empiece a ser masiva no significa que la enfermedad ha desaparecido en su totalidad, sino es la respuesta estructural a la pandemia. Es la solución para evitar que la gente se vaya muriendo. Esta enfermedad se va a constituir en una enfermedad endémica, vamos a empezar a convivir con esta enfermedad", aclaró.

El Ministro de Salud mencionó, por otro lado, que se espera la confirmación de la cantidad y las fechas de arribo de las vacunas comprometidas por el Mecanismo Covax, que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las dos instituciones internacionales determinaron que el 23 de febrero emitirán una carta con fechas y cantidades, acotó.

"A más de eso que depende de la OPS y OMS, nosotros, como Gobierno nacional, hemos realizado la firma de un convenio días atrás a las cinco de la madrugada con China, en la que hemos garantizado 500.000 dosis. Medio millón de dosis llegarán a Bolivia, lo que va a permitir inmunizar a todo el universo de personal de salud y grupos de riesgo para luego iniciar la vacunación masiva", finalizó.