La Defensoría del Pueblo verificó este lunes que, de 50 establecimientos de salud en todo el país, 40 trabajan con normalidad, es decir el 80%, y no acata el nuevo paro del servicio público. Otros cinco aplicaron la medida extrema, el 10%, y los cinco restantes la cumplieron de manera parcial.

De los centros médicos que acataron uno es de primer nivel, uno de segundo nivel, dos de tercer nivel y uno de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Ese fue el resultado de la cuarta verificación sobre el paro médico. Las tres primeras se realizaron a la primera convocatoria de protesta que duró 10 días. La primera, realizada el viernes 19, estableció que el 73% de los establecimientos visitados no cumplía con la medida de presión; la segunda concluyó, el lunes 22, que el 80% no acataba la medida extrema; y la tercera, hecha el martes 23, también encontró que el 80% no cumplía con la huelga de los médicos.

La verificación de este 1 de marzo se hizo luego de que un nuevo paro médico fuese convocado, esta vez por 15 días, por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) que demanda la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Los establecimientos que cerraron sus puertas son: Hospital Wálter Kholn de Oruro, Hospital de Niñoz Mario Ortiz y Hospital Japonés de Santa Cruz, Hospital Obrero Nro. 8 de Beni y Hospital Municipal San Juan de Dios de Puerto Suárez. Los que acataron el paro parcialmente son: Hospital Jaime Mendoza y Policlínico 25 de Mayo de Chuquisaca, Hospital San Juan de Dios y Hospital Obrero Nro. 7 de Tarija, y Hospital Daniel Bracamonte de Potosí”, se lee en un comunicado de la Defensoría.

Un sector de los médicos inició el viernes 19 de febrero la medida de presión contra la Ley de Emergencia Sanitaria que establece acciones en la lucha contra la pandemia del COVID-19, entre ellas el control a clínicas privadas, la estandarización de precios de medicamentos y la inmunización masiva gratuita. Los galenos demandan la abrogación de la norma porque consideran que el contenido atenta a sus derechos.

El diálogo entre el Viceministerio de Agua y Saneamiento, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y los trabajadores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) ingresó en cuarto intermedio hasta el jueves.

Con mediación de la Defensoría del Pueblo, las autoridades se comprometieron a analizar las denuncias en contra del nuevo interventor Gonzalo Iraizos y sobre los despidos injustificados. Y, por parte de los empleados, indicaron que no realizarán ninguna medida de presión.

El encuentro se realizó la mañana de este lunes en el edificio nacional de la Defensoría del Pueblo. Las partes en conflicto firmaron un acta de acuerdo. La nueva reunión se realizará el jueves a las 09.00.

“Las autoridades nacionales se comprometieron a ‘realizar un análisis y evaluación de las observaciones presentadas por los trabajadores’ en contra del interventor y a ‘la destitución inmediata’ en caso de corroborar las denuncias en contra del sindicado. Además, firmaron garantías de estabilidad laboral para los trabajadores de esa empresa paceña y se comprometieron a dar celeridad al pago de sueldos”, se lee en un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los resultados del diálogo fue la creación de una comisión revisora para analizar caso por caso los despidos que provocaron las protestas de los trabajadores.

El viernes, mediante un comunicado, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento dio a conocer que el nuevo interventor, Gonzalo Iraizos, garantizaba los derechos que tienen cada uno de los trabajadores. Además, indicó que actuará dentro del marco legal y no al margen de la ley, como algunos trabajadores denunciaron.

El Ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, aseguró este lunes que la educación técnica tecnológica es fundamental para reconstruir el país porque contribuye en la generación de empleos y el desarrollo de Bolivia.

“consideramos que la formación técnica-tecnológica es fundamental para reconstruir el país, para generar fuentes de empleo, para generar desarrollo”, señaló el titular de Educación durante la el acto de inauguración de la gestión educativa en el Instituto Tecnológico Ayacucho.

Destacó que este rubro educativo coincide con la filosofía en la que se basa la política y modelo educativo comunitario socioproductivo vigente en Bolivia, ya los estudiantes pueden “desarrollar iniciativas que coadyuven al desarrollo de nuestro país”.

Lamentó que las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de facto de Jeanine Añez perjudicaron la formación superior profesional de miles de jóvenes en los institutos tecnológicos del país.

El Ministro de Educación ponderó las alianzas establecidas por el Instituto Tecnológico Ayacucho con entidades como JICA, KOICA, la Agencia Boliviana Espacial (ABE) Mi Teleférico, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), municipios, universidades estatales y privadas, donde los estudiantes realizan sus prácticas y en el mediano y largo plazo, logran obtener un espacio laboral remunerado.

El Instituto Tecnológico Ayacucho cuenta con 1.000 estudiantes, 75 docentes e imparte seis carreras: Mecánica industrial con mención soldadura industrial, mecánica automotriz, electromecánica, electrónica, sistemas informáticos y construcción civil.

Las autoridades del Instituto Tecnológico Ayacucho entregaron este lunes un reconocimiento al ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, por su aporte en favor de la educación técnica tecnológica y garantice la continuidad de las labores educativas pese al COVID-19.

El galardón fue entregado por el rector de esa casa superior de estudios, José Apala Bello, a nombre del plantel docente, administrativo y estudiantes de esa institución.

“Le entregamos este reconocimiento, por su aporte a la educación técnica tecnológica. Le deseamos muchos éxitos, tenga este reconocimiento a nombre del Instituto Tecnológico Ayacucho”, manifestó Apala durante la inauguración de la gestión educativa 2021.

Quelca, por su lado, agradeció el gesto y ponderó la importancia de la educación técnica y tecnológica porque es fundamental para reconstruir y desarrollar al país y generar fuentes de empleo.

Lamentó que los estudiantes se hayan visto perjudicados en su formación durante la gestión 2020, producto de la clausura del año escolar, medida aplicada por el gobierno de facto de Jeanine Añez. En ese marco, comprometió sus esfuerzos para que la educación retorne a todos los bolivianos, pero con el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad, para evitar contagios por el COVID-19.

El Viceministro de Defensa Civil,  Juan Carlos Calvimontes, inició este lunes la entrega de 13 toneladas de ayuda humanitaria a las familias damnificadas por las inundaciones de las comunidades de Copacabana, Puerto Varador y Laguna La Bomba, cuyos afectados se encuentran en el campamento Villa Marín en Trinidad.

La autoridad, junto a personal de Defensa Civil, entregó alimentos como arroz, azúcar, fideos; vituallas, ropa de cama, ropa de vestir, implementos de bioseguridad y menaje de cocina, que serán de ayuda para las familias evacuadas semanas atrás al albergue temporal habilitado por las Fuerzas Armadas.

“Dentro de las tareas que tenemos como Defensa Civil, cuando se dan este tipo de eventualidades, les ayudamos a evacuar, luego les construimos un campamento con carpas”, manifestó Calvimontes.

Informó que en horas de la tarde se instalarán brigadas médicas en el campamento prevenir el COVID-19, quienes tomarán pruebas a fin de conocer si entre las familias existen casos positivos y brindar atención inmediata para su tratamiento.

Del mismo modo, se hará presente en el campamento, personal del SEGIP para reponer las cedulas de identidad a las personas que hayan extraviado ese documento, manifestó la autoridad.

Después de mediodía, el Viceministro tiene previsto visitar un segundo campamento instalado en Puerto Varador, para apoyar con ayuda similar a las familias evacuadas de Puerto Geralda.

El Ministerio de Salud reportó este domingo 463 nuevos casos de COVID-19 en el último día de febrero, 193 menos con relación al sábado.

De acuerdo con el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 350, Santa Cruz tiene la mayor incidencia de contagios con 177 nuevos casos, le siguen La Paz, con 93 y Chuquisaca, con 72.

Cochabamba presenta 40 casos; Oruro, 37; Potosí, 19; Tarija, 17; y Beni, 8; mientras que Pando no reportó ningún contagio.

Ese reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 249.010 casos positivos, de los cuales 44.329 están activos.

Además, se descartaron 469.989 casos, se tienen 1.679 pacientes sospechosos, y la cifra de muertes a causa de ese virus asciende a 11.649. Los pacientes recuperados suman 193.032.