El Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federal de Alemania firmaron este martes un acuerdo de cooperación técnica para apoyar políticas de prevención de violencia contra las mujeres.

El acto oficial de suscripción contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta; la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, y el embajador de la República Federal de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel.

El canciller Mayta aseguró que la lucha contra la violencia debe caracterizarse en la aplicación de leyes, políticas de Estado y, sobre todo, en un compromiso social.   

“Hoy, firmamos un acuerdo y esto permite viabilizar recursos para prevenir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Un millón de euros van a ir al Ministerio de Justicia para que pueda hacer disposición de recursos humanos, prestaciones materiales”, indicó.

Al respecto, la Viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional agradeció la coordinación entre Alemania y el Estado boliviano para asumir acciones en favor de las mujeres y en contra de la violencia.

“Me es grato dirigirme exponiendo la gratitud de la firma del presente convenio de cooperación técnica, orientada a realizar políticas de prevención a la violencia contra las mujeres”, aseguró la viceministra Miriam Huacani

El embajador de la República Federal de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, destacó la suscripción del acuerdo, sobre todo en un contexto en el que la pandemia por el COVID-19 afectó la calidad de vida de varias familias.  

“Alemania es un país comprometido con el desarrollo de Bolivia desde hace más de medio siglo. La cooperación trabaja de manera conjunta con el Gobierno en diferentes ámbitos: actualmente, la lucha contra el COVID-19 y, hace muchos años, en agua potable, medio ambiente, desarrollo rural y energías renovables. La igualdad de género y su meta en eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es también un eje de esta cooperación”, dijo el diplomático.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que el Gobierno desembolsará Bs 110 millones para ayudar a más de 40 mil familias que fueron afectadas por las inundaciones registradas en las últimas semanas.

“Tenemos también recursos para asistir en forma inmediata y trabajar en toda la parte que es reconstrucción e inclusive prevención, todos estos recursos ascienden a una suma de Bs 110 millones, estos recursos nos permiten apoyar a toda la población, no solo en la zona de la amazonia, sino en la parte del sur”, manifestó Novillo al noticiero La revista, de Unitel.

La autoridad gubernamental aclaró que a la fecha se reportaron ocho muertos y un desaparecido.

Bolivia contabilizó alrededor de 40 mil familias damnificadas y afectadas por desborde de ríos e inundaciones de 74 municipios de siete departamentos.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció “actitudes delincuenciales” de las clínicas privadas debido a denuncias de vulneración de los derechos humanos y retenciones de pacientes por cobros excesivos.

En una entrevista con la red ATB, Cruz señaló que mediante un trabajo conjunto con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y el Viceministerio de Defensa del Consumidor, realizó controles a clínicas del sector privado por diversas denuncias.

“Dentro de los casos, se recibió cuatro denuncias, hasta la anterior semana, donde tres fueron por costos excesivos, denuncias por atención de cuatro horas por valor de 20 mil bolivianos, en casos que ni siquiera estaban relacionados con el COVID, y en este tema está el caso del ciudadano venezolano”, informó.

El pasado fin de semana se conoció que una clínica en la ciudad de La Paz retuvo desde el jueves contra su voluntad a un venezolano debido a una deuda que adquirió por el tratamiento médico prestado a su padre, quien falleció en ese centro de salud. Ante ello, la Defensoría del Pueblo gestionó la libertad de la persona retenida y la Policía hizo dos aprehensiones.

“Estas ya son actitudes delincuenciales, porque no se puede retener los restos mortales o a una persona, para pagar deudas, y se deben usar otro formato”, dijo la Defensora.

Cruz enfatizó que la Ley de Emergencia Sanitaria tiene que ser efectiva y pasar a hechos reales para que se generen todas las instancias necesarias a fin de garantizar la seguridad de la población.

El Ministerio de Salud reportó este lunes 884 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que el número de pacientes recuperados durante la jornada asciende a 963.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 344, Santa Cruz encabeza la lista de los departamentos más afectados con 349 casos. Le siguen La Paz, con 163 y Cochabamba, con 107.

Chuquisaca presenta 53 nuevos contagios; Potosí, 61; Oruro, 49; Beni, 15; Tarija, 81; y Pando, seis.

El reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 243.176 casos positivos, de los cuales 45.588 están activos.

Además, se descartaron 434.833 casos, se tienen 2.453 pacientes sospechosos, y la cifra de muertes a causa del virus asciende a 11.470. El total de pacientes recuperados suma 186.118.

La representante en Bolivia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rosse Noda, afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce tomó las medidas necesarias para evitar la escasez de alimentos durante la pandemia por COVID-19.

“Lo que se está viendo desde FAO es que la crisis sanitaria, que es el COVID, no tenga que pasar a una crisis alimentaria, eso es lo más importante. Para eso, se han tomado las medidas necesarias (…), nuestros mercados cuentan con alimentos”, señaló en un contacto con radio Patria Nueva.

También destacó el plan de recuperación agropecuaria que tiene el Gobierno nacional, el cual se aplicará de manera coordinada con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“También se está haciendo un plan de recuperación exclusivamente para pueblos indígenas, de medios de vida”, acotó.

En enero de 2021, el índice de precios al consumidor registró una variación positiva de 0,47%, cifra mínima que refleja que hay producción de alimentos en el país, indica el reporte de la radioemisora estatal.

La Defensoría del Pueblo realizó este lunes una verificación en 56 centros de salud públicos y de la seguridad social del país y constató que en el 80% de esos nosocomios, la atención y servicios a pacientes se realiza con normalidad.

“En una segunda verificación que realizó la institución, a través de sus oficinas en todo el país, evidenció que de los 56 centros a los que se ingresó, 45 no acataron el paro decretado la semana pasada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), lo cual saludamos y destacamos el compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, según un reporte institucional.

De acuerdo al reporte remitido por las oficinas defensoriales, de los 56 centros de salud verificados, uno (Caja Nacional de Salud regional Potosí), que representa el 2%, acató la medida de presión de forma parcial y otros 10, que equivalen al 18%, lo hicieron en su totalidad, en los que funcionan los servicios de emergencias y se cumple con la atención a pacientes COVID-19.

De los 10 nosocomios que acataron el paro (Hospital Oruro Corea,  Hospital Wálter Kholn y Hospital Obrero N° 4, en Oruro; Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés, en Chuquisaca; Hospital Regional San Juan de Dios y Hospital Obrero 7 de la CNS, en Tarija; Caja Nacional de Salud, en Beni; Hospital Jaime Mendoza de Uncía; Hospital de Segundo Nivel Rubén Zelaya, en Yacuiba; y Centro de Salud Integral Príncipe de Paz, en Puerto Quijarro), cuatro son dependientes de la Caja Nacional de Salud y seis del sistema público de salud, añade el reporte. 

La Defensora reiteró su llamado a la Autoridad de Supervisión de Seguro Social a Corto Plazo (ASSUS), para que supervise, controle, fiscalice e inspeccione los centros de salud que acataron parcial y totalmente el paro convocado por el Conasa.

También pidió a las autoridades departamentales y municipales que adopten medidas de control para garantizar la continuidad de los servicios en los hospitales públicos donde paralizaron la atención a pacientes.

El pasado viernes, la Defensoría realizó una primera verificación en 38 centros. En ese operativo se evidenció que el 73% de éstos no acató el paro médico, agrega el informe.