Presos políticos del gobierno de facto denuncian torturas y persecución
Presos políticos del gobierno de facto denuncian torturas y persecución

Miembros de la Asociación de Heridos y Presos Políticos del gobierno de facto de Jeanine Áñez denunciaron este martes las torturas y persecución en su contra durante el régimen, y anunciaron que se sumarán a las querellas por violaciones graves a los derechos humanos.

"Vamos apoyar de manera contundente toda denuncia que se realice contra el gobierno de facto por violaciones graves de derechos humanos y vulneraciones a todos aquellos que han sido perseguidos y presos políticos de manera ilegal y arbitraria", anunció Nadelsa Guevara, abogada de la asociación.

Asimismo, cuestionó el accionar de funcionarios del Ministerio Público, jueces e instituciones que no denunciaron las torturas a los que fueron sometidos los presos políticos en los diferentes centros penitenciarios de Bolivia, durante el gobierno de facto.

"Queremos decir a los delincuentes que hoy sostienen que el 2019 no hubo golpe de Estado, que no vamos a permitir que sigan impunes", dijo por su parte Luis Rafael Esquivel, uno de los afectados.

Sandro Enríquez, quien fue recluido en la cárcel de Mocovi del departamento de Beni, recuerda que fue detenido por solo grabar una movilización de protesta que se desarrolló en Riberalta en contra del gobierno de Áñez.

"Ellos no tuvieron compasión de nosotros, vulneraron todos nuestros derechos, incluso nuestro derecho a la salud, me dio coronavirus cuando estaba en el penal y ni siquiera con eso me dejaron acudir a un centro de salud. Estamos vivos gracias a Dios, esa señora y sus ministros no tuvieron compasión con ninguno de nosotros", recordó.


 
Mineros de Caracoles se declaran en emergencia ante anuncios de desestabilización de la derecha
Mineros de Caracoles se declaran en emergencia ante anuncios de desestabilización de la derecha

En un ampliado de emergencia, los cooperativistas del centro minero de Caracoles, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, se declararon en estado de emergencia ante anuncios de desestabilización de la derecha y en defensa del Gobierno del presidente Luis Arce, elegido en las urnas con el 55,10% de los votos.

El voto resolutivo aprobado por las siete cooperativas que agrupan a más de 8.500 asociados, establece el apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a las autoridades judiciales, "de ser necesario con el fin de defender el Estado de derecho y la gestión de nuestro compañero presidente saldremos en forma conjunta todos los compañeros asociados mineros a la sede de gobierno para defender la democracia", menciona el documento.

Raúl Gutiérrez, presidente de la central Caracoles, señaló que los cooperativistas también solicitan el enjuiciamiento de todos los ministros que formaron parte del gabinete del gobierno de facto de Jeanine Áñez, debido a que en nueve meses de gestión se dedicaron a desfalcar las arcas del Estado.

"En nueve meses han desfalcado nuestro país, nosotros queremos que todos los miembros del gobierno de facto y todos sus ministros sean investigados y encarcelados. Por eso, nosotros como central Caracoles, vamos a estar en pie de lucha para defender la democracia de nuestro país", señaló.

El ampliado de emergencia de los mineros de Caracoles, también determinó rechazar las declaraciones de Luis Fernando Camacho, acusándolo de ser el principal incitador para generar un proceso de desestabilización en el país.

"Nuestras bases no van a permitir que un explotador de los pobres como Luis Fernando Camacho quiera nuevamente perjudicar al país y a la clase proletaria por apetitos personales", dice la resolución.


El clamor de un herido de la masacre de Senkata: “Por favor doctor, póngame un calmante”
El clamor de un herido de la masacre de Senkata: “Por favor doctor, póngame un calmante”

“Por favor doctor, póngame un calmante”, clamó durante dos horas Álvaro Valencia en la sala de operaciones del hospital Boliviano-Holandés, con una herida de bala en el brazo izquierdo por el disparo de un arma de fuego.

“Tiene que aguantar”, fue la fría respuesta de un médico a Marisol Rodríguez Cori, esposa del herido y ahora presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, que brindó su testimonio al programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Valencia, después de recibir el impacto de bala en la puerta de su casa en el Distrito 13 de Senkata, El Alto, pasó por un vía crucis porque algunos nosocomios no querían atenderlo. Primero llegó a la Clínica Solidaria Fides donde se negaron a brindar atención, después acudió al hospital Boliviano-Holandés donde los médicos y enfermeras lo trataron de terrorista, masista y que se había vendido por “200 bolivianos”.

“Ya no quiero vivir, para que voy a vivir”, le decía Valencia a su esposa, quien observaba con impotencia el maltrato del personal de salud que se cebó con el dolor de los heridos que llegaron al nosocomio alteño

“Mi esposo ya no tenía ganas de vivir”, dijo Rodríguez a los conductores del programa. Antes de ser herido ejercía el oficio de metalmecánica, pero ahora no puede mover el brazo izquierdo y, por ende, no puede trabajar.

Indicó que los militares y policías llegaron hasta la planta de gas de Senkata donde amedrentaron a la población, generaron miedo bajo el argumento de que se dictará estado de sitio, dispararon gases lacrimógenos y sus armas de fuego.


Gobierno destina más Bs 300 millones cada año para el área de salud renal
Gobierno destina más Bs 300 millones cada año para el área de salud renal

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este martes que el Gobierno nacional destina más Bs 300 millones cada año para el área de salud renal.

“El gasto en salud renal supera los Bs 300 millones al año”, manifestó, en el marco de un acto de lanzamiento de las actividades programadas por el “Mes de lucha contra las enfermedades renales”.

Según Auza, una parte de los recursos económicos se destina a más de 800.000 sesiones de hemodiálisis por año para enfermos renales y 25.000 pruebas de tamizaje en la verificación preventiva de las funciones de los riñones.

La atención de cada paciente con hemodiálisis cuesta Bs 111.228 en cada gestión, complementó.

Sin embargo, Auza manifestó que lo más importante es reducir el sufrimiento y dar mejores condiciones de vida a las personas con enfermedades del riñón.

“No podemos permitir que uno de nuestros compatriotas, uno de nuestros hermanos, uno de los que forman parte de nuestro pueblo, esté sufriendo con estas patologías”, relievó.

El titular de Salud recomendó que la población prevenga las enfermedades renales con la ingestión de agua diaria y suficiente, la eliminación del uso de la sal en las comidas y no beber alcohol y fumar, así como evitar el sedentarismo y males como la obesidad y la diabetes, entre otros.

“Tomar las medidas pertinentes que prevengan cualquier tipo de acción va a ser primero más barato, pero sobre todo más humano”, acotó.

El director general de Redes y Servicios de Salud, Ronald Pardo, explicó que las actividades programadas para el “Mes de lucha contra las enfermedades renales”, enfatizarán la realización de 25.000 pruebas gratuitas para detección precoz, la ejecución de programas de sensibilización y concientización sobre salud renal, un concurso con participación ciudadana sobre la temática y la promoción de las actividades deportivas y la alimentación adecuada, entre otras.


INRA entrega 64 títulos ejecutoriales en Limoncito Río Grande
INRA entrega 64 títulos ejecutoriales en Limoncito Río Grande

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó  64 títulos ejecutoriales a productores de soya y arroz de la comunidad campesina “Limoncito Rio Grande”, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Para nosotros es una satisfacción entregarles sus títulos ejecutoriales y darles seguridad jurídica y por ende la soberanía alimentaria que ahora ustedes nos tienen que garantizar a todos los bolivianos. Por otro lado, es un honor hacer este trabajo ya que también se está entregando este documento a personas con capacidades diferentes, este es una muestra que como gobierno estamos trabajando por todos los ciudadanos”, manifestó el director departamental del INRA en Santa Cruz, Jaime Arias.

Se entregaron 64 títulos que beneficia a 61 familias que se dedican a la siembra de arroz y soya, con una superficie titulada de 2.298 hectáreas.

“Hemos esperado más de 20 años por este título, han pasado varias autoridades y eso hizo que demore y ahora agradezco al INRA por esta labor, estamos conforme con todo” manifestó Roberto Suto, secretario general de la comunidad.

“Agradezco a nuestro hermano presidente Luis Arce y al ministro Edwin Characayo y a  nuestros  compañeros del INRA. Gracias a ellos ahora  tengo tierra en mi nombre para poder trabajarlo, mi mamá es la que me ayuda y ella trabaja por mí, siembra dos veces al año, con eso pagamos mis fisioterapias, ahora puedo decir que soy dueña de mi tierra” manifestó Liseth Mita, quien sufre de discapacidad motriz de nacimiento.


COVID-19: Bolivia comienza la tercera semana de marzo con 670 nuevos casos
COVID-19: Bolivia comienza la tercera semana de marzo con 670 nuevos casos

El Ministerio de Salud y Deportes reportó este lunes 670 nuevos casos de COVID-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados ascendió a 815.

Según indica el reporte N° 365 de esa cartera de Estado, Santa Cruz se mantiene como el departamento más afectado por el virus con 344 nuevos casos registrados. Le siguen Tarija, con 73 contagios y Cochabamba, con 58.

La Paz presentó 54 nuevos casos; Oruro, 38; Potosí, 35; Chuquisaca, 30; Beni, 22; y Pando, 16.

El reporte también detalla que hay 1.529 pacientes sospechosos, 42.457 activos y 548.048 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 260.059 casos de COVID-19, de los cuales 205.628 se recuperaron y hubo 11.974 decesos.


Madre de joven asesinado en Ovejuyo: “Pido justicia, tienen que pagar, que no salgan de la cárcel”
Madre de joven asesinado en Ovejuyo: “Pido justicia, tienen que pagar, que no salgan de la cárcel”

Después de un año y cuatro meses, Bertha Taco Quispe, que vive en Ovejuyo, La Paz, reveló detalles de la muerte de su hijo Juan Martínez, quien en 2019 salió al colegio y murió asesinado de un balazo en la cabeza. “Yo quiero justicia, tienen que pagar los culpables”, dijo la madre, quien culpa a las fuerzas de represión que actuaron en el golpe de Estado.

Taco Quispe fue entrevistada este lunes en el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales. Allí relató el calvario que sufrió para rescatar a su hijo agonizante, los atropellos de los policías, médicos y la impunidad que aún existe sobre las víctimas del régimen presidido por Jeanine Áñez.

“El lunes en la mañana, estaba tomando tecito con mi hijo, después ha tomado un fresquito y salió a ver al colegio. Mi hijo estaba estudiando y me dijo ‘iré no más, por ahí dan examen’. Con su hermano mayor han bajado. Después de una hora y media me llamaron y me dijeron ‘a tu hijo han disparado’. Yo bajé buscando a mi hijo”, relató la madre sin poder contener sus lágrimas.

“Llegué y unos policías estaban enfrentándose y yo ya no tenía miedo de nada, yo quería que a mí más me maten, y me acerqué a los policías, me he arrodillado y uno de ellos dijo ‘agárrenle a esa vieja, a esa india. ¿Por qué está caminando?’, me dijo un policía. Entonces una policía mujer me ha botado”, relató.

“En la zona de Rosales mi hijo ya estaba vendado, estaba cerca de una puerta. Ni siquiera en una camilla había estado y yo me acerqué y dije ‘¿qué ha pasado hijo’, y me ha dicho ‘a la cancha hemos bajado mami, ahí de repente los policías han aparecido y han disparado’. Mi hijo mayor ha visto cómo han disparado. En puente Rosales me lo han matado”, manifestó.

“Una bandera blanca me he agarrado y he dicho: ‘tengo que salvar a mi hijo, aunque a mí más que me maten’. Y vinieron personas con cascos blancos con palos grandes y ellos querían detenernos a nosotros, a mi hijo mayor más y me he rogado diciendo ‘por favor, quiero salvar a mi hijo, ayúdenme a llevar al hospital’. Me he rogado, he suplicado. Esas personas hablaban como cambas, clarito era”, acotó Bertha Taco.

Ella contó que logró trasladar a su hijo moribundo a un hospital, pero explicó que su hijo mayor tuvo que quedarse en el lugar donde después “grave le habían masacrado”.

Al llegar al hospital, los médicos le dieron falsas esperanzas de que su hijo viviría, pero luego le indicaron que “se había ido”. No solo eso, le dijeron “ahora grita a tu papito Evo”.

Según relató, un policía incluso acusó a ella y sus hijos de ser “maleantes. Ustedes son pagados”.

“Por todo ello pido justicia, tienen que pagar. Que no salgan de la cárcel”, dijo la madre de familia en medio de lágrimas.

En el programa de televisión también dio su testimonio Nancy Jamachi Mamani, familiar de Edwin Jamachi, asesinado en Senkata, en 2019.

“La muerte de mi primo es una pérdida dolorosa, él tiene tres hijos, ha dejado huérfanos. Él tenía 38 años”, relató.

“Esos días nos decían que no salgamos de la casa porque estaban matando, disparando a quemarropa. Al día siguiente he ido a encontrar el cuerpo, lo hemos llevado a Senkata donde estaban haciendo la autopsia. Yo ingresé ahí, era terrible, eso nunca lo vamos a olvidar”, recordó Jamachi, quien dijo que se debe aplicar la justicia para establecer responsabilidades por las masacres.


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