La directora ejecutiva del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadeshda Guevara, afirmó que durante noviembre de 2019 y octubre de 2020 se suscitaron masivamente actos de tortura en Bolivia.
“El año 2019 y 2020 es un periodo en Bolivia en el que se han realizado masivamente estas detenciones ilegales y arbitrarias, donde la tortura y los malos tratos han sido totalmente visibles, y que Bolivia además debe condenar como Estado”, manifestó.
Recordó que fueron diversas organizaciones internacionales las que verificaron que, durante el régimen de facto, ocurrieron diversos hechos de violación a los derechos humanos de muchos bolivianos.
“Después de la segunda Guerra Mundial, y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tortura se constituye en un crimen de lesa humanidad y esto es importante remarcarlo porque nosotros, en Bolivia, en el periodo 2019 - 2020, se ha sufrido graves violaciones de los derechos humanos en los conflictos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos marca en su informe del 10 de diciembre de 2019 que ha habido un conjunto de masacres”, recordó.
En este sentido, Guevara informó que, como institución, a la fecha vienen trabajando con 180 personas que fueron víctimas de tortura durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, pero que existirían otras que por temor no acudieron a solicitar ayuda.
“En este momento, nosotros tenemos 180 personas que estamos evaluando bajo el protocolo de Estambul para ver todas las secuelas psicológicas y físicas de la tortura, este protocolo tiene una serie de elementos y estándares de derechos humanos internacionales que nos permiten científicamente demostrar que estas personas han sido torturadas, pero es importante mencionar que puede haber muchas personas que por miedo, que por todas las consecuencias que ha tenido la tortura, por cómo ha transformado su vida antes y después, no quieran denunciar”, comentó.
Recordó que durante el gobierno de facto se detuvo de forma ilegal a personas bajo todo tipo de imputaciones, aplicando de manera permanente el derecho legal del enemigo, en el que se asume al ciudadano como enemigo que va en contra de las ideas políticas del gobierno de ese momento.
“Estas personas han sido acusadas de ciertos delitos, que hasta el día de hoy no han podido tener ningún elemento de convicción para probar que han sido autores de estos delitos. En ese sentido, cuando ellos ingresan a esa ruta crítica de graves violaciones de derechos humanos encontramos la tortura y los malos tratos”, señaló.
La directora del Sepret indicó que en 2019 y 2020 se actuó como en las dictaduras militares del Plan Cóndor, en las que se utilizaba el terror para acallar a cualquier movimiento en contra del gobierno de facto.
“Este patrón se va repitiendo en la historia a partir de la dominación que quieren hacer sobre los movimientos populares o sobre el campo popular. En ese sentido, creo que es importante que nuevamente vuelva a un elemento fundamental que es el compromiso de no repetición, cuando el Estado asume su compromiso, los gobiernos están obligados a asumir que no pueden tomar el poder por la vía violenta y por la fuerza”, finalizó.
