El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este jueves que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró más de 38.8 toneladas de cocaína y marihuana en el primer trimestre de este año.

“Se ha secuestrado más de 3.15 toneladas de cocaína base y 2.37 toneladas de clorhidrato de cocaína; el total, tanto de cocaína base y clorhidrato de cocaína es de 5.5 toneladas. La marihuana incinerada en plantíos es 30.64 toneladas y la marihuana secuestrada para expendio es 2.71 toneladas”, manifestó, en su Rendición Pública de Cuentas Inicial del presente año.

Según Mamani, esa cantidad es el resultado de más de 2.250 operativos ejecutados en todo el territorio nacional.

Además, mencionó que como parte del trabajo se secuestró 63 toneladas de sustancias sólidas y 159 metros cúbicos de sustancias líquidas.

“Los laboratorios de cristalización destruidos en nuestro país son ocho. Laboratorios de reciclaje destruidos también son ocho. Tenemos 204 fábricas destruidas en todo el territorio”, agregó.

La autoridad gubernamental manifestó, además, que la FELCN concretó también la aprehensión de 660 personas, además que secuestró 153 vehículos, cuatro avionetas y 36 inmuebles.

“El dinero que se ha afectado en efectivo en dólares es 235.270 y en bolivianos se ha secuestrado 216.309”, añadió.

Agregó que se retuvo 61 toneladas de coca ilegal en todo el territorio nacional.

El abogado de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Thomas Becker, dijo este miércoles que el proceso civil seguido en Estados Unidos en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, abre la puerta para el inicio de nuevos procesos en contra de otros “violadores de derechos humanos”, como los exministros del régimen de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López.

“Este caso abrió muchas puertas para las víctimas de abusos, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, (porque) ahora (Estados Unidos), que generalmente protege a las personas que cometen abusos, ha cerrado la puerta a las personas que entran aquí después de matar a su gente; (entonces) es un mensaje muy fuerte (para esas personas) y abre la puerta (para) otros casos (…) porque si recuerdan Murillo y López (también) han escapado a los Estados Unidos, están en Florida, (…) y yo creo que puede servir para una forma de (hacer) justicia para las víctimas”, dijo Becker en una entrevista con La Razón Radio.

El lunes, el juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.

El abogado dijo que existen similitudes entre la masacre de 2003 y las matanzas de Senkata y Sacaba, en 2019.

En 2019 “yo estaba en Sacaba, yo vi la sangre y hemos hecho una investigación durante ocho a nueve meses (…) y por supuesto que hubo masacres (tanto) en Sacaba, Senkata y en (El) Pedregal, eso es muy claro y yo creo que hay mucha prueba de esas violaciones de derechos humanos y hay muchos paralelos (con lo suscitado en 2003)”, agregó el abogado.

Citó como ejemplos el Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, emitido durante el gobierno de Goni, y el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, aprobado por Áñez, normativas que respaldaron las intervenciones militares en ambos hechos.

Esas normativas “más o menos dijeron a los soldados que si matan a la gente ustedes tienen impunidad y eso es totalmente ilegal; (…) entonces son muy similares (ambos casos)”, insistió, citado en un reporte de La Razón.

Añadió que los “pretextos y excusas” usados en ambos hechos son muy similares porque calificaron a los movilizados de los dos sucesos de “terroristas” y aseguraron que no dejaban sacar combustible de la planta de Senkata.

En los dos hechos existió “mucho racismo y por eso los paralelos son muy fuertes; (incluso) es importante recordar que había muchas personas en el gobierno de Áñez que fueron parte del gobierno de Goni, por ejemplo, uno de los testigos de Goni, Jaime Aparicio, fue embajador de Áñez y ha dicho las mismas cosas en el caso Goni que está diciendo sobre las víctimas de 2019 y para mí es muy triste escuchar (eso)”, lamentó Becker.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este miércoles que el Gobierno asumirá nuevas acciones legales para lograr la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la masacre de Octubre Negro de 2003 y que actualmente reside en Estados Unidos.

“Se van a empezar a abrir otras vías, además de los juicios por la Masacre de 2003 en nuestra Asamblea Legislativa. Hay al menos tres acciones que están en trámite para ser consideradas y ser autorizadas por 2/3 de votos”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La autoridad sostuvo que dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay otros casos en curso de autorización para llevar a un nuevo juicio a Sánchez de Lozada; algunos tendrían que ver con hechos de corrupción, delitos que usualmente dan paso a procesos de extradición por parte del Gobierno estadounidense.

“Vamos a insistir con la extradición del señor (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Tenemos un proceso que está actualmente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso, (la extradición) es una decisión soberana de EEUU, lugar donde reside actualmente”, escribió.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, posesionó hoy miércoles a Roberto Ríos Sanjinés como nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana, en lugar de Gonzalo Lazcano. El acto de posesión se realizó en las oficinas del Ministerio de Gobierno.

Del Castillo, después de tomar el juramento de rigor, afirmó que la seguridad ciudadana es un derecho de la población, una responsabilidad del Estado, un bien común que se articula entre el Estado y la sociedad con el objetivo de construir una cultura ciudadana de paz y de integración junto a la Policía.

“La única forma de que nuestro pueblo se sienta seguro en todo el territorio nacional es construyendo una cultura ciudadana de paz, integradora, solidaria y sobre todo tenga capacidad de relacionarse con las fuerzas del orden para denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la paz de nuestros ciudadanos”, señaló.

Ríos manifestó que la seguridad ciudadana debe privilegiar la prevención antes que la represión y se debe retomar la seguridad de la población que fue abandonada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.