La directora nacional de Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, Carola Arraya, informó este martes que los traficantes mejoraron sus prácticas ilícitas para captar a sus víctimas durante la pandemia por el coronavirus.

“Pese a las investigaciones de personas desaparecidas que hace el Ministerio Público y las divisiones de Trata y Tráfico a nivel nacional, este negocio ha mejorado sus prácticas de captación y lugares donde son dirigidas las víctimas, en muchos casos al exterior, sacándolas por las fronteras que son extensas y que permiten el paso ilegal de grupos que cometen este ilícito”, dijo en una entrevista televisiva.

Agregó que las redes sociales son el medio por el cual ahora los traficantes de personas captan a sus víctimas, siendo que un alto porcentaje de jóvenes, niños y adolescentes pasan más horas al día navegando en internet a raíz de las clases virtuales.

“Lamentablemente la presencia de esas personas con fines delincuenciales está presente por las redes sociales con ofertas de trabajo, solicitudes de amistad y generan confianza con quienes, durante muchas horas están en las redes, llegando a citarlos en algún lugar o directamente ya se les ofrece trabajar como dama de compañía en el caso de mujeres, con ofrecimientos de sumas altas de dinero”, indicó.

Arraya explicó que la trata de personas se da principalmente para dos áreas: la explotación sexual y la explotación laboral donde, de un 100%, el 70 corresponde a mujeres y 30 a varones.

Los hombres son captados para la explotación laboral en diferentes sectores, ya sea al interior o exterior del país; y en el caso de las mujeres, una parte para la explotación laboral, y en mayor cantidad, para la explotación sexual.

Dijo que El Alto es una de las principales zonas de acción por la manera en que se generan las actividades en lenocinios y casas de cita, donde se realizaron varios operativos en coordinación con diferentes instituciones.

La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) rechazó la conminatoria de una jueza para que 13 medios de difusión entreguen información sobre el caso de secuestro, tortura y extorsión por parte de Jhasmani Torrico.

La entidad sindical, mediante un pronunciamiento, reivindicó la vigencia de la Ley de Imprenta de 1925 mientras su principal dirigente, Héctor Aguilar, dijo que no permitirán que se judicialice la labor periodística.

“Rechazamos de manera contundente la conminatoria judicial emitida para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso de secuestro, tortura y extorsión de Jhasmani Torrico”, indica el pronunciamiento.

“Este tipo de actos se constituyen en formas de amedrentamiento y en una limitación de la libertad de expresión”, agrega el comunicado sindical que considera como “inoportuna” la actuación del juzgado de Sentencia Penal Número 9, a cargo de la jueza Sofía Almanza Camacho.

El pronunciamiento recuerda que la Ley de Imprenta establece que los periodistas no deben ser procesados en la vía ordinaria, sino en un tribunal especializado, es decir, un jurado de imprenta, situación que guarda concordancia con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales.

Ante ello, la Confederación de la Prensa solicitó a las autoridades judiciales, garantías para el trabajo periodístico.

Al respecto, el dirigente Aguilar pidió que la jueza decline competencia y sea suspendida.

Además, destacó las posturas de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia que salieron en defensa de la libertad de expresión y vigencia plena de la Ley de Imprenta.

El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y ahora alcalde electo de La Paz, Iván Arias Durán, por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.

Según la resolución de imputación formal, Arias hizo una designación ilegal de Eddie García como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz, persona que no tenía idoneidad para el cargo.

“Que a través de Resolución Ministerial N°070 de 21 de febrero de 20182, se aprueba el ‘Manual de Organización y Funciones’ del Centro de Comunicaciones La Paz, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Oruro, en su condición de entidad desconcentrada del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el mismo, en relación al cargo de director ejecutivo tiene como requisito que para desempeñar el cargo, se prevé como indispensable el de contar con licenciatura en Carreras económico-financieras (sic)”, se lee en el documento, en la parte destinada a la descripción del hecho.

“Asimismo, mediante Resolución Ministerial N°002 de 02 de enero de 2020, el ciudadano Hernán Iván Arias Durán ex Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda designa como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz al señor Eddie Glen García Rossel con CI. 3469450 L.P. sin cumplir ese requisito indispensable (sic)”, añade.

La denuncia fue hecha por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en coordinación con la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.

La resolución de imputación formal incluye una solicitud de medidas cautelares en el que se menciona que Arias “es con probabilidad autor de los ilícitos de NOMBRAMIENTOS ILEGALES, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS”.

El Ministerio Público hace referencia a que existe riesgo de fuga porque Arias, después de salir del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, no cuenta con ninguna actividad lícita debidamente acreditada, y no cuenta con arraigo natural y social que sostenga su permanencia y presencia para el caso.

Ante esa situación, el fiscal Johan Muñoz solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante la aplicación de la presentación periódica con intervalo de 10 días en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental, a fin de controlar la permanencia del imputado.

El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico causó un daño económico al narcotráfico por un valor económico de más de $us 1,5 millones con el secuestro de más de 316 kilos de pasta base de cocaína y un camión, en el marco de dos operativos realizados en Beni, informó este lunes el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

“De los dos operativos en total se tiene afectado al narcotráfico. Secuestro de droga 316 kilos con 25 gramos de cocaína de base, afectando económicamente al narcotráfico en frontera con un monto de $us 1.581.275. Asimismo se secuestró un camión con placa de control 1498 - VAY y un celular”, manifestó en una conferencia de prensa.

Según Mamani, los dos operativos, denominados “Yotarana” y “Triángulo”, se realizaron el 20 de abril de este año.

Detalló que en la acción de interdicción “Yotarana”, se ejecutó como resultado de una labor de inteligencia que comenzó el 18 de abril en las orillas del río “Benichito” de la comunidad Mariposas del municipio de la provincia Vaca Díez.

“De tal operativo se tiene resultados. Droga secuestrada 70 paquetes tipo adobe forrados con nylon transparente que hacen un peso total de 285 kilos con 950 gramos de cocaína de base. Se ha afectado al patrimonio del narcotráfico, precio en Bolivia Bs 714.875 dólares, precio en frontera $us 1.430.750”, explicó.

Por otro lado, Mamani mencionó que el operativo “Triángulo” se efectuó del 17 al 20 de abril por inmediaciones de la tranca de control policial denominado “Esperanza” de la provincia Vaca Díez.

“En este operativo se tiene resultados. Una persona aprehendida, Luis S.Q., de 29 años. Droga secuestrada 29 paquetes tipo ladrillo forrado con cinta maskin de color beige que hace un peso total de 30 kilos con 350 gramos de cocaína de base. Se tiene un vehículo secuestrado, camión marca Volvo F-12, color azul. Se ha afectado al patrimonio del narcotráfico, precio en Bolivia $us 75.772, precio en frontera $us 151.525”, añadió.

La autoridad estatal felicitó a la FELCN por el trabajo realizado en la lucha contra las drogas en Beni.