Carla Alina Amurrio, una egresada de la carrera de Historia e integrante del movimiento feminista, fue testigo de la explosión de racismo, violencia y criminalidad que sufrió la ciudad de Sucre por parte de grupos parapoliciales que incendiaron edificios públicos, saquearon sedes sindicales y agredieron a mujeres de pollera durante los primeros días del golpe de Estado de 2019.

Ella, una habitante de la Capital, no duda en afirmar que quienes impulsaron esos grupos civiles violentos que surgieron al amparo del régimen de facto, fueron promovidos por autoridades de la universidad y algunos docentes que instigaron a los estudiantes. Uno de esos actores vandálicos fue Jhamil P., quien ya estuvo involucrado en hechos de racismo extremo ocurridos el 24 de mayo de 2008, dijo.

Según su relato, esos grupos incendiaron y saquearon las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral tras las declaraciones de dirigentes políticos, como Carlos Mesa, en sentido de que en los comicios se dio un fraude que nunca fue probado.

Esas turbas "parapoliciales", sostuvo, atacaron también la sede de la Federación de Campesinos de Chuquisaca y se llevaron equipos, dinero y muebles de la entidad sindical.

Además, cerraron las calles con alambres de púas, elementos que causaron heridas en varias personas que intentaron pasar esas vallas, relató Amurrio, quien dijo que pudo observar "el racismo y la discriminación en su grado más alto" ya que se agredía a personas que pensaban distinto y a mujeres de pollera, solo por su vestimenta.

Dijo que estas muestras de odio, si bien explotaron en algunos grupos que se consideran de la élite sucrense, mostraron el desprecio a la mujer por ser mujer, a los indígenas y a quien consideraban de izquierda.

En su Rendición de Cuentas, la Procuraduría General del Estado (PGE) hizo conocer que se remitió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comunicación AL BOL 3/2020 correspondiente a los conflictos instaurados durante el gobierno de facto dirigido por Jeanine Áñez Chávez, informando que en las masacres de Sacaba y Senkata hubo 37 fallecidos, 119 heridos y 270 detenidos.

En ese gobierno, surgido de un golpe de Estado, se suscitaron graves vulneraciones a los derechos humanos usando la represión a través de operaciones conjuntas entre policías y militares, hechos que se pretendieron dejar en la impunidad con la promulgación del Decreto 4078 de 14 de noviembre de 2019, pero que, en la actualidad, recuperada la democracia en octubre de 2020, el gobierno del presidente Luis Arce está trabajando en la reconstrucción del Estado Plurinacional y la reparación de los daños causados a las víctimas de las masacres, indica un reporte de prensa institucional.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, fue el encargado de presentar este miércoles la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2021 de la PGE.

En ese acto indicó que “los servidores públicos están al servicio de la población y no para servirse de ellos”.

Añadió que, consecuente con la política instruida por el presidente Luis Arce de lucha contra la corrupción, la PGE tiene todas sus actuaciones transparentadas y listas para cualquier fiscalización.

Añadió que “cualquier persona que desee saber o conocer algo de la Procuraduría puede acceder absolutamente a todos los niveles internos que tenemos, desde gastos mínimos hasta los mayores”.

El evento, que contó con la participación de organizaciones sociales e invitados especiales, se realizó en las oficinas centrales de la PGE ubicadas en la ciudad de El Alto, en versión virtual debido al COVID 19.

Recordó que en el tiempo que lleva en la Procuraduría se desmontó un aparato que había desnaturalizado las funciones de las PGE y que había actuado en función de los intereses políticos del gobierno de facto. “Hemos retomado una institución que estaba enclaustrada y sirviendo a intereses no acordes con los del Estado”, dijo.

Añadió que luego de muchos años y producto de ahorros que se logró en la actual gestión, se modernizará todo el sistema informático de la PGE para poder realizar muchas de sus tareas de forma virtual, añade el reporte de prensa.

De acuerdo con el formulario único de denuncia, el exdirector general de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, captó a la víctima del cobro de una coima entregada al exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien fue aprehendido en flagrancia.

“La víctima habría sido captada por el Sr. Hiper García Quecaña en su calidad de Director General de Desarrollo Rural dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”, menciona el documento.

Characayo y García fueron aprehendidos en flagrancia la noche del martes, cerca de las 21.30, en el paseo de El Prado de la ciudad de La Paz, con $us 20.000 cobrados para un trámite de saneamiento y titulación de tierras.

Según el documento, la víctima del caso, D.S.F., realizaba una gestión para el saneamiento y la titulación del predio denominado “El triunfo”, ubicado a cuatro kilómetros del municipio de San Ramón del departamento de Santa Cruz.

En ese contexto, el exdirector General de Desarrollo Rural convocó a la víctima para junto con su abogado, O.S.M, se trasladen de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, para que pueda realizar el pago de dinero.

La víctima y su representante legal se presentaron bajo presión a una reunión acordada por García en un café de la sede de Gobierno.

“El señor Hiper García habría hecho la exigencia de la suma de $us 100.000 para el ministro Edwin Ronal Characayo Villegas y que al margen de ello tendrían que pagar una comisión de $us 80.000 para el Sr. Hiper García, y otro monto de $us 200.000 para funcionarios del INRA”, manifiesta la denuncia del caso.

El ahora exservidor público pidió que la primera entrega de una parte del dinero se efectúe en el departamento de Characayo de la zona de Sopocachi, pero la víctima y su abogado no aceptaron la exigencia.

La negativa a la propuesta de forma de pago inicial hizo que García saque a ambas personas del café, los lleve a una banca de El Prado y les quite sus teléfonos celulares para evitar que intenten grabar.

Unos minutos después llegó Characayo, a quien la víctima y el abogado hicieron entrega en “mano propia” de $us 20.000, quien agradeció por el dinero, comprometiéndose a cumplir con lo acordado.

La exautoridad estatal guardó los billetes en una mochila que portaba García para luego retirarse del lugar.

“Es ahí que ante la existencia de la comisión de delitos en flagrancia se procede a la aprehensión de Edwin Ronal Characayo Villegas - Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Hiper García Quecaña – Director General de Desarrollo Rural, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, concusión, beneficios en razón del cargo”, concluye el documento del caso.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, presentó este miércoles, ante la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de La Paz, la denuncia formal contra el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Characayo Villegas, y otros involucrados “por la presunta comisión del delito de concusión y otros”.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional comunicó que se constituyó en parte querellante en el caso para que se asuman acciones luego de que Characayo fue aprehendido tras un proceso de investigación por presuntos delitos de corrupción.

“En mérito a la Resolución Suprema N° 27224 de 12 de noviembre de 2020 instrumento que acredita la personería de Ríos como Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y en el marco de las atribuciones señaladas en el Decreto Supremo N°3058 de 22 de enero de 2017; DS N° 3070 de 1 de febrero de 2017 parágrafo II del artículo 7 de la Ley N° 586 de octubre de 2014, modificado por el parágrafo I del artículo 39 de la Ley N° 915 de 22 de marzo de 2017 y el artículo 15 de la Ley N° 974 de septiembre de 2017; ‘tengo a bien apersonarme en mi condición de DENUNCIANTE dentro del presente proceso solicitando respetuosamente se me haga conocer ulteriores diligencias y sea con las formalidades de ley (sic)’”, se lee en el documento de denuncia reproducido en el comunicado.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional indicó que el ciudadano aprehendido puede defenderse con todos los recursos legales a su disposición dentro de un debido proceso que en su fase investigativa está a cargo del Ministerio Público.