El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, aclaró que el hecho de que Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, haya accedido al beneficio de libertad bajo fianza en Estados Unidos, no significa que fuera absuelto por la justicia, al contrario, debe cumplir su condena.

“Si una persona accede al beneficio de libertad bajo fianza, no significa de ninguna manera que sea absuelto por la justicia, y si accede a un beneficio, a un acuerdo que llega con el Gobierno para rebajar su pena, lo primero que se hace es que la persona reconozca su pena, es decir, se declara culpable, solo bajo este supuesto podría beneficiarse, luego, con la rebaja de pena u otros beneficios”, mencionó.

Asimismo, subrayó que ya sea en el caso de Méndez o de Arturo Murillo, si se presenta este panorama, primero debe cumplir su pena debido a que los delitos por los cuales es procesado son graves.

“Ha habido soborno, ha habido conspiración y ha habido lavado de dinero, delitos federales que no van a ser de ninguna manera hechos a un lado por parte de Fiscalía, y menos de la justicia norteamericana”, subrayó.

En este sentido, ratificó que acceder al beneficio de libertad bajo fianza implica otras medidas como, por ejemplo, que debe presentarse a todas las actuaciones de la investigación y obligatoriamente usar una tobillera electrónica a objeto de que sea rastreado y no salga del condado donde está actualmente.

“Y eso implica el cumplimiento de una condena en Estados Unidos. Aquí no hay nada que pueda indicar que si este señor sí accede a una libertad bajo fianza, pueda estar exonerado de pena, de ninguna manera, esto va a continuar y vamos a tener una sentencia porque se hizo un informe, claramente, que ha detallado la forma en la que se ha robado los dineros de los bolivianos que se ha llevado a los Estados Unidos”, complementó.

Desde el hotel Casa Grande, en la ciudad de La Paz, Luis Fernando Camacho operativizó tres decisiones clave en noviembre de 2019: Pactó con Jeanine Áñez, amenazó al entonces senador Edwin Rodríguez para evitar que él sea designado Presidente del país y ratificó la línea expresada por Carlos Mesa de que nadie del Movimiento Al Socialismo (MAS) debería asumir la presidencia de Bolivia.

Esos datos fueron expresados este martes por el propio exsenador Rodríguez en el programa Nada Personal, de radio Éxito.

Indicó que tras la renuncia de Evo Morales, y ante la probabilidad de que él pueda asumir la presidencia del país con el respaldo del MAS-IPSP, fue contactado por allegados a Camacho a una reunión en la que el entonces dirigente cívico le indicó que no entorpezca la posesión de Jeanine Áñez.

También le indicó que, si Rodríguez asumía la Presidencia, Camacho comenzaría una campaña negativa mostrando que ese gobierno era en realidad del MAS.

En ese sentido, Camacho le indicó que la línea era que ninguna persona del MAS podía asumir la presidencia de Bolivia.

Indicó que a las 11:00 de la mañana del 12 de noviembre de 2019, recibió una llamada de la “diputada Mayda Paz que me recogió de la Plaza Murillo. Yo estaba con la senadora Mirtha Arce”.

"Me hicieron llamar al Hotel Casa Grande de la zona Sur, el señor Camacho. Me llevaron allá porque me dijeron que quería conversar conmigo el señor Camacho (...). El hotel estaba militarizado, había mucha gente esperando, haciendo antesala, muchos parlamentarios que los vi también por ahí y entré acompañado de la senadora Mirtha (…), ahí Camacho me dijo que no entorpeciera porque aparentemente se habrían enterado de la posibilidad (de que Rodríguez asuma la Presidencia), y que ya habrían cerrado anteriormente con Jeanine Añez para que asumiera la presidencia. Yo lo único que le dije fue ‘Eso no depende de usted, ni tampoco de Jeanine Áñez, depende de la bancada mayoritaria del MAS’. Ahí se manejó la posibilidad de que no sea nadie del MAS, y tampoco estaban dispuestos que asumiéramos nosotros, parece que ya, horas antes, decidieron entre varios actores políticos que fuera Jeanine Añez la que asumiera (la presidencia)", testimonió.

“(Camacho) se enteró de la posibilidad de que el MAS podía elegirme como Presidente del Senado, y por ese hecho al parecer me convocaron al Hotel Casa Grande y ellos estaban preocupados porque, si eso sucediera (que Rodríguez asuma la Presidencia), pues obviamente me tildarían de alguien puesto por el MAS. Eso también manifestó Camacho cuando estuvimos en la reunión, que él mismo podía tomar esa posición pública. En ese momento Camacho tenía mucha cobertura”, manifestó Rodríguez.

Indicó que en la reunión con Camacho se enteró de que existieron otras reuniones con otros actores políticos para dar viabilidad a Áñez.

La alusión es a la reunión efectuada en la Universidad Católica Boliviana (UCB) el 10 de noviembre de 2019, donde los emisarios de Camacho, Carlos Mesa, Waldo Albarracín y la jerarquía católica, definieron que sea Jeanine Áñez la presidenta de Bolivia.

Ese mismo día, el propio Mesa bloqueó la sucesión constitucional de Adriana Salvatierra y expresó, megáfono en mano, que no se permitiría que ninguna persona del MAS asuma la presidencia del país, lineamiento que fue ratificado por Camacho en la reunión con Rodríguez.

La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, resaltó este martes la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Policía Boliviana. Señaló que se suma a los esfuerzos que viene realizando el Estado para tener un sistema fuerte y sólido que ayude a mantener una imagen de un país confiable en esta materia.

“Este paso que damos es muy importante, no solamente va a contribuir a nuestro país para tener un sistema mucho más sólido, mucho más fuerte, sino (también) va a contribuir en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutuas que realiza el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) a todos los Estados miembros. En ese sentido, quiero agradecer esta iniciativa de la Policía Boliviana, agradecer al Ministerio de Gobierno por dar lugar a ello, asimismo, manifestar nuestro compromiso pleno como UIF para poder coordinar estrategias de investigación en este ámbito”, precisó Morales, citada en un boletín institucional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que la creación de este departamento tiene el objetivo de optimizar la investigación de este tipo de delitos por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y dar con ello cumplimiento a los requerimientos realizados por la UIF y el GAFILAT respecto a las 40 recomendaciones.

El  Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo permitirá investigar el origen de recursos económicos sospechosos de organizaciones criminales o sujetos ligados al crimen, además de realizar seguimiento a movimientos financieros dudosos, situación que permitirá combatir de mejor manera el lavado de dinero, enmarcado en la lucha frontal contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos precedentes.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno, procesado por el caso soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, fue beneficiado con libertad bajo fianza por un monto de $us 250.000.

“Esta acción se ha dado el día de ayer en los Estados Unidos, se ha reportado anoche, hemos constatado este dato y, en consecuencia, de acuerdo al sistema americano, él tiene unas horas para pagar, si no lo ha hecho ya, para acceder al beneficio de la libertad bajo fianza en tanto dure la investigación. Es un derecho que tienen, de acuerdo a la Constitución de ese país, todas las personas el acceso a la libertad bajo fianza”, apuntó.

De acuerdo a la información proporcionada a la autoridad por los abogados que hacen el seguimiento a este caso, Méndez debe presentarse y estar a disposición del proceso judicial que se le sigue, además de usar un medio electrónico, una tobillera, para que circule y acceda a libertad bajo fianza.

“Es un monto alto, es cuarto millón de dólares que se le ha impuesto y es un monto que él tiene que pagar antes de beneficiarse para salir en libertad”, mencionó.

El Procurador dio la información a objeto de evitar especulaciones sobre el proceso que se lleva adelante en los Estados Unidos. “Nuestros abogados que están allá acreditados, están dando un seguimiento permanente, y esta es la información que queríamos darle al país de primera mano”, sostuvo.