La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) afirmó que las variables del sistema financiero nacional muestran un comportamiento positivo en los últimos doce meses. 

“Al cierre del primer semestre de 2021, los depósitos ascienden a Bs 199.277 millones, cifra que representa un crecimiento de 5,6% respecto a similar periodo de 2020. Este comportamiento es explicado, principalmente, por el incremento en los depósitos a plazo fijo y caja de ahorros que suman Bs 9.340 millones”, indicó la entidad según un boletín.

El reporte indica que en concordancia con el crecimiento de los montos depositados en el sistema financiero, el número de cuentas de depósitos vigentes asciende a 13,2 millones, mayor en 894.373 (7,3%) respecto a junio de 2020. 

El crecimiento de la cartera de créditos suma Bs 192.015 millones y es superior en Bs 5.909 millones (3,2%) respecto a la observada en el mismo mes de 2020. La citada cartera se distribuye en 1,6 millones de prestatarios, de los cuales el 37,4% obtuvo beneficios por su condición de Cliente con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP).

Los créditos destinados al sector productivo alcanzan a Bs 87.879 millones, cifra mayor en Bs 5.001 millones (6%) con relación a junio de 2020. Las principales actividades económicas con mayor financiamiento son la manufactura, la agropecuaria y la construcción, con incrementos que suman Bs 4.761 millones. 

Los créditos para la vivienda de interés social ascienden a Bs 28.185 millones y son superiores en Bs 1.692 millones (6,4%) al monto registrado en junio de 2020. Estos créditos son asignados principalmente a la compra y la construcción de vivienda, con incrementos que suman Bs 1.555 millones. 

Es importante indicar, señaló la ASFI, que los créditos destinados al sector productivo y los créditos de vivienda de interés social, en el marco de lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF), son sectores priorizados, para los cuales están vigentes tasas anuales máximas que favorecen a las unidades económicas y las familias bolivianas.

Otro indicador que refleja la reactivación económica en el país es el bajo índice de mora del sistema de intermediación financiera, el cual es 1,7% al 30 de junio de 2021, que constata la recuperación de los niveles de capacidad de pago de los prestatarios del sistema financiero, después de los dramáticos efectos que ocasionó la implementación de restricciones para la economía, dispuestas por el gobierno de transición en buena parte de la gestión 2020. 

Asimismo, se observa que la cartera de créditos diferida a junio de 2021 asciende a Bs 14.668 millones y representa el 7,4% de la cartera total, mostrando que las actividades económicas están reactivándose y las unidades familiares están retomando el pago de sus obligaciones con las entidades financieras.

En ese contexto, las 59 Entidades de Intermediación Financiera (EIF) con licencia de funcionamiento constituidas en el territorio nacional, operan con 7.277 Puntos de Atención Financiera (PAF) a la finalización del primer semestre del presente año, los cuales están distribuidos en 260 municipios, que representan el 77% del total en el país. 

Los principales PAF están conformados por cajeros automáticos (3.463), agencias fijas (1.624), corresponsales no financieros (1.386) y oficinas externas (363). En los últimos 12 meses los PAF aumentaron en 244 (3,5%).

El Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), entregó plantines de tuna a los productores del municipio de Aiquile, en el departamento de Cochabamba, con el fin de incentivar su producción en el lugar.

El director del Fonadin, Omar Ortíz, informó que los plantines fueron entregados en el marco del proyecto denominado "Apoyo a la producción de tuna, para el fortalecimiento económico de mujeres organizadas en el municipio de Aiquile".

“También se trabaja en la implementación de cercos y alambrados para huertos, además de la dotación de herramientas de trabajo, asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios para un manejo óptimo”, explicó.

Ortíz indicó que la inversión total en el proyecto alcanza Bs 741.633, de esa cantidad, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Fonadin, invirtió el 80%, mientras que el 20% restante es una contraparte del municipio.  

Un total de 261 familias, distribuidas en 17 comunidades de Aiquile, se beneficiaron con la dotación de 261 parcelas de plantines de 1.600 m2 (metros cuadrados) que serán utilizadas para la producción.

La ejecutiva regional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Gregoria Siles, agradeció al Gobierno nacional por el proyecto y destacó los beneficios que ese tipo de emprendimiento conlleva para las familias del municipio.

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) planteó este jueves a la Empresa Portuaria Arica (EPA) la extensión de plazo de un nuevo acuerdo sobre las tarifas portuarias, mientras se analiza la propuesta chilena de la rebaja del 0,78% a los costes portuarios por Arica para 22 servicios.

El gerente general de la estatal ASP-B, Dante Justiniano, en conferencia de prensa explicó esa decisión, tomando en cuenta que la última propuesta de la EPA concierne a un país y a su comercio exterior por el puerto de Arica, de acuerdo con un boletín.

“Hay que analizar detalladamente la oferta que nos hacen (la EPA) y qué realmente estaríamos firmando como país. Creemos que debemos tener un análisis y mientras se realiza ese estudio técnico, pedimos la extensión de plazo”, aseveró.

Consideró que la solicitud de un tiempo prudente para analizar la propuesta de rebaja del 0,78%, planteada por la EPA, misma que es realizada bajo el acuerdo de tarifas de 2019, porque ese año se incrementó las tarifas en un 53%.

“Nosotros (ASP-B) iniciamos una negociación importante de país a país (Bolivia-Chile), la cual requiere un tiempo de análisis, debido al surgimiento de cambios en los elementos estructurales en el comercio exterior en puertos; dado que nosotros no contamos con un puerto propio, en nuestra condición de país, por lo cual necesitamos conocer los componentes que subyacen en la propuesta tarifaria que nos fue planteada”, aseveró.

A decir del gerente de ASP-B, se prevé identificar las variables que pueden ser positivas o negativas para los operadores de comercio exterior.

En ese contexto, Justiniano señaló que la ASP-B ratifica la amplitud de diálogo para alcanzar un acuerdo que beneficie al operador del comercio exterior boliviano por el puerto de Arica, como se demostró desde un principio y no claudicará hasta alcanzar un resultado óptimo.

La gerente regional de la Aduana Nacional en Tarija, Lourdes Aldana, informó este jueves que se interceptó esta madrugada cinco camiones que transportaban 145 toneladas de maíz de contrabando, proveniente de Argentina en el municipio de Villamontes. La mercancía está valorada en casi Bs 500.000.

“Los cinco camiones fueron interceptados en el punto de inspección aduanero de Villamontes, desde las 22.00 hasta las 05.00.

Los operativos se hicieron de forma conjunta ente la Aduana, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag)”, explica una nota de prensa institucional.

Además, detalló que en la verificación realizada se confirmó que el producto es de dudosa procedencia, puesto que contaba con una certificación vencida y se hizo la verificación en el lugar para determinar si el maíz era de origen boliviano.

“Al constatarse que no correspondía a producción nacional se procedió al comiso”, añadió.

Finalmente, indicó que la mercadería fue trasladada al recinto aduanero regional para su valoración y resguardo. 

“Posteriormente, al ser un producto no apto para el consumo humano, ya que puede ser de origen transgénico, será destruido y reutilizado como abono orgánico, gracias a un acuerdo existente entre la Aduana y el Gobierno Municipal de Tarija”, concluyó.

Según datos oficiales, la anterior semana, en el mismo lugar, se comisó dos camiones con 58 toneladas de maíz valoradas en Bs 300.000.  

Entre enero y julio de este año, la Aduana Nacional comisó más de Bs 291 millones en todo el territorio nacional. Sólo en el departamento de Tarija se realizó 804 operativos, con comisos valuados en Bs 31.898.188.

La directora de Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Patricia Mirabal, recomendó a la población pensar como una última alternativa el retiro de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) tomando en cuenta que la economía se está reactivando y de forma gradual se está dinamizando el mercado interno.

“Por efectos de la pandemia del COVID-19 muchas personas perdieron su fuente de empleo, por esa razón en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se analiza el proyecto de Ley 078/2020 - 2021 que establece una Devolución Parcial de Aportes del 15% del saldo en su Cuenta Personal Previsional para los asegurados con un monto menor o igual a Bs 100.000, independientemente de su edad; también instaura la devolución total del 100% para los asegurados de 50 o más años que tengan un saldo menor o igual a Bs 10.000”, indica un boletín.

Asimismo, se ampliará el beneficio a los asegurados que tengan un saldo mayor a Bs 100.000 en su cuenta personal previsional, quienes podrán beneficiarse de una devolución parcial de hasta Bs 15.000, independientemente de la edad y el monto que tengan acumulado.

“Es importante decirles a las personas que prevean el hecho de no pensar como la única alternativa para retirar estos aportes, porque en un futuro, cuando tenga más edad, de repente no podrán cumplir con los requisitos necesarios para una pensión solidaria de vejez”, explicó Mirabal.

Añadió que los individuos que retiren sus aportes tienen la posibilidad de devolver los mismos a las AFP y no perderán los beneficios que establece el Sistema Integral de Pensiones (SIP); en caso de que no repongan estos aportes, perderán el acceso a un seguro de salud y el aporte solidario que les ayuda a mejorar el nivel de rentas.

Las personas que califican para el retiro de sus aportes son los que al momento de la promulgación de la norma no perciban una remuneración del sector público y privado.

“Si bien esto es un paliativo, también es cierto que es mejor pensar que el día de mañana vamos a llegar a una edad en la que necesitamos tener estos aportes para continuar recibiendo los beneficios que brinda la Ley 065 de Pensiones”, enfatizó Mirabal.

La Directora de Pensiones destacó la importancia de acceder a un seguro de salud cuando una persona se jubila tomando en cuenta que a esa edad se demanda los servicios de salud con más intensidad.

Fuentes de financiamiento

El proyecto normativo señala como fuentes de financiamiento la Disponibilidad Acumulada (liquidez) que mantienen las AFP, los vencimientos de la Cartera de Inversiones y la Recaudación mensual del SIP.

La devolución de aportes no comprometerá los recursos de los trabajadores (los cuales actualmente están percibiendo los rendimientos de las inversiones que realizan las AFP), ni afectará la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, ya que no se pone en riesgo los fondos administrados por las AFP.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó un análisis técnico y legal sobre la devolución de aportes, el cual permitió garantizar un equilibrio financiero entre esa medida y las prestaciones en curso de pago (pensión de vejez, pensión solidaria de vejez y pensiones por muerte e invalidez), a objeto de no afectar el derecho adquirido de los asegurados que vienen percibiendo un ingreso del SIP.

El juez de Sentencia Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Omar Mollo Marca, sentenció a tres años de privación de libertad a María C.R.M. por el delito de uso de facturas falsas en una oficina del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

“La autoridad judicial dictó sentencia en una audiencia de juicio oral, que tuvo a la administración tributaria como parte querellante, realizada el 30 de julio de este año en la ciudad de Oruro”, indica una nota institucional. 

El uso de instrumento falsificado, en este caso, talonarios de facturas, está tipificado y sancionado por el artículo 203 del Código Penal, con relación al artículo 20 del mismo compendio penal. 

El caso se remite al 15 de mayo de 2018, cuando la oficina en Tarija de la Aduana Nacional solicitó a la Gerencia Distrital de Oruro del SIN la verificación de validez de talonarios de facturas de María C.R.M.  

Cuatro días después, esa persona se hizo presente en la mencionada gerencia de la administración tributaria portando seis talonarios de facturas en blanco que correspondían al Nº de Autorización 26101700044175. 

Personal técnico del SIN verificó que dichas facturas eran falsas, porque la fecha límite de emisión era el 6 de febrero de 2018, que no correspondía con el certificado de activación y dosificación de facturas que tenía la fecha de 31 de marzo del mismo año. 

En la misma Gerencia Distrital Oruro, María C.R.M. admitió que las facturas eran falsas e inmediatamente fue arrestada en flagrante delito, por las autoridades respectivas, y remitida al Ministerio Público.