El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de Cochabamba, Humberto Sánchez, ganó las elecciones subnacionales en el departamento con 57,44% de votos, según el cómputo oficial al 100% del Órgano Electoral Plurinacional.

Los resultados registrados por el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) dan a conocer que Sánchez logró 609.973 votos (57,44%), número superior a los 267.298 votos (25,17%) que consiguió Henry Antonio Paredes Polo, postulante a la Gobernación por la organización política Súmate. La diferencia fue de 342.675 sufragios.

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba habilitó 6.481 actas para las elecciones subnacionales del 7 de marzo. Según los datos registrados en esos documentos, 1.352.936 ciudadanos fueron habilitados para votar en la jornada. De este total, 1.165.226 sufragaron.

De los 1.165.226 votos emitidos el día de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales, 1.061.981 fueron válidos; 58.514, blancos; y 44.731, nulos.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones subnacionales para el domingo 7 de marzo de 2021.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro completó este sábado el cómputo de actas de los 33 municipios donde se eligieron alcaldes y concejales, además de 16 asambleístas por territorio, 16 asambleístas por población y un Gobernador.

De acuerdo con un boletín institucional, los municipios que cerraron el cómputo son Challapata de la provincia Abaroa; Caracollo y Soracachi en la provincia Cercado; Cruz de Machacamarca de la provincia Litoral; La Rivera de la provincia Mejillones; Huanuni y Machacamarca de la provincia Pantaleón Dalence.

Además de Totora de la provincia San Pedro de Totora; Antequera de la provincia Poopó; Coipasa de la provincia Sabaya; Toledo de la provincia Saucari; Huari en la provincia Sebastián Pagador; Turco en la provincia Sajama, y Huayllamarca en la provincia Nor Carangas.

A nivel departamental se registró una participación del 87,04%, lo que significa que emitieron su voto 299.360 personas de 343.935 habilitadas. Los votos válidos fueron 258.436, mientras que los votos blancos sumaron 24.111, y los votos nulos, 16.813.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó este sábado que la reciente aprehensión de la expresidenta de facto Jeanine Añez y dos exministros tiene que ver con un acto de justicia ya que llevan en sus hombros la muerte de 37 personas, más de 800 heridos y al menos 1.500 detenidos como resultado de las persecuciones en el régimen de facto.

“El pueblo boliviano ha sufrido la violencia de los golpistas. El dolor y el luto fueron regados por el mal llamado ‘gobierno transitorio’, que en los hechos fue una dictadura impuesta a sangre y fuego”, escribió en sus redes sociales.

Mamani enfatizó que el 2019 se rompió con el orden democrático para evitar que la voluntad popular se imponga. “Inventaron un supuesto fraude (que nunca comprobaron) en contubernio con la OEA (Organización de los Estados Americanos) para obligar la renuncia del gobierno legal y legítimo de entonces”, señaló.

Recordó que los protagonistas de la confabulación “eligieron a Añez como presidenta en una reunión entre particulares, al margen de la Asamblea Legislativa. El gobierno de facto, para quedarse en el poder y desmovilizar a la población, llevó adelante violentas masacres. Se persiguió a quienes pensaban distinto o denunciaban el asalto que los golpistas hacían sobre los recursos del Estado”.

En ese sentido, Mamani dijo que, “por estas y muchas otras razones más, se debe hacer justicia. Esos hechos no pueden quedar en la impunidad y no se trata de venganza o persecución, se trata simplemente de justicia”.

De acuerdo con los datos de derechos humanos, 37 personas fueron asesinadas en Bolivia durante la crisis política que vivió el país el 2019. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, investiga la misteriosa muerte del periodista argentino, Sebastián Moro, durante el golpe de Estado en Bolivia.

El abogado y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, aseguró este sábado que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no una sucesión constitucional el 2019, como resultado de la convulsión por una falsa denuncia de fraude electoral que provocó la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

“Obviamente, fue un golpe de Estado (…) No hubo una sucesión constitucional porque no podía ser autoridad presidencial la segunda secretaria de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no hay ahí el punto de partida, no tienen fundamento constitucional. No se podía, la Constitución no prevé esa posibilidad”, detalló, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Según Racicot, la entonces senadora Jeanine Añez se autoproclamó como presidente en una Asamblea Legislativa Plurinacional “desierta” porque tuvo la presencia de apenas una docena de diputados y senadores de la oposición a la administración de Evo Morales, por lo que no podía efectuar el debate necesario.

Rememoró que incluso la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, fue presionada para que renuncie a su puesto y poner así al país en una situación de “verdadero golpe de Estado”.

La banda presidencial fue entregada, además, a Áñez por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Desde el momento en que el presidente Evo Morales renunció el domingo 10 de noviembre, hasta ese momento, de hecho, los militares asumían plenamente el Estado en Bolivia”, sostuvo.

Por otro lado, el exrepresentante internacional recordó que el ascenso de Áñez al poder se dio con un proceso de nuevo autoritarismo, pero que mantuvo varias de las características de acciones realizadas por los gobiernos de facto.

Detalló que entre las acciones de hecho estuvo una huelga policial, además de que se tuvo autoridades del alto mando de la entidad del orden y militares que recibieron pagos revelados por el excívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El proceso se caracterizó también por una “toma violenta del poder” con el incendio de los edificios de cinco tribunales electorales departamentales, azuzado por una denuncia de un fraude que nunca hubo durante las elecciones generales, pero que tuvo el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), complementó.

“El mismo informe de la OEA, el informe final (sobre el caso), nunca utiliza la palabra fraude para describir las pequeñas irregularidades que ocurrieron en el marco del proceso electoral en aquel momento”, aseveró.

Asimismo, Racicot indicó que el cambio del poder tuvo también dos masacres en las zonas de Senkata de El Alto y Huayllani de Cochabamba, por actos preparados para la comisión de crímenes de lesa humanidad.

“La presidenta, en sus primeras declaraciones públicas, cuando apareció el primer día de su presidencia de facto, se expresó a los policías que estaban frente a ella y frente al Palacio de Gobierno, y dijo que a partir de ese momento iban a tener todas las armas y todas las balas que quieren y necesitan para el orden público, lo que de hecho era una declaración inicial de una persecución estatal política y generalizada”, aseveró.

Finalmente, Racicot mencionó que las aprehensiones ejecutadas contra Áñez y dos de sus colaboradores cercanos es “un paso muy importante” para el proceso de investigación en el caso del golpe de Estado.