El candidato municipal Iván Arias selló un pacto político con la Alcaldía de La Paz para evitar cualquier auditoría a la gestión de Luis Revilla a cambio de apoyo electoral y espacios laborales. Además de ello, Arias se convirtió en el “palo blanco” para el avance de la agrupación Demócratas, de Rubén Costas.

Estas denuncias fueron efectuadas en Bolivia Tv por Omar Durán, exjefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por el postulante a concejal del MAS- IPSP, Pierre Chaín, quien hizo declaraciones a radio Patria Nueva.

Durán informó que Arias selló un pacto político con la agrupación Sol.bo, del acalde Luis Revilla.

“Han tenido una reunión donde se han tocado tres temas importantes: Uno, no auditoría a la Alcaldía; mantener al 50 por ciento de personal; y financiamiento de parte de Sol.bo para ayudar a que el señor Arias se haga cargo de la Alcaldía”, indicó Durán.

El exjefe anticorrupción dijo que en los siguientes días presentará las pruebas correspondientes.

Al respecto, el candidato a concejal, Pierre Chaín, dijo que “Arias es el palo blanco de Luis Revilla y de Demócratas”.

Chaín sustentó su posición en que varios hombres de confianza de Luis Revilla se encuentran en puestos claves de la candidatura de Iván Arias.

Citó como ejemplo a Óscar Sogliano, exsubalcalde de Revilla, quien ahora es candidato a concejal de Arias.

Otras personas de confianza de Revilla y que apoyan al exministro de Obras Públicas, según Cháin, son Jorge Dulón, Juan C. Sandóval y Juan E. Campero.

Otro ejemplo de la cercanía de Revilla con Arias es que el funcionario de control social de la Alcaldía de La Paz por el sector de Valle de las Flores, Adrián Zegarra, realiza campaña por el exministro con la pretensión de ser subalcalde del sector de San Antonio.

Por otra parte, Durán reiteró que, en julio de 2020, él ya presentó denuncias contra Iván Arias por contratos lesivos al Estado, daño económico y uso de bienes del Estado. Estas acusaciones ya están en la Fiscalía más los testigos correspondientes, agregó.

El presidente Luis Arce destacó este lunes la importancia de la coordinación que debe haber entre los distintos niveles de gobierno y lamentó que la Alcaldía de La Paz, en los últimos 14 años, puso una serie de trabas para la ejecución de obras en favor de la ciudadanía paceña.

"No es un cuento el tema de que hay que coordinar con el gobierno municipal y con el gobierno departamental para hacer obras para el pueblo paceño; nos ha costado estos 14 años mucho esfuerzo hacer obras para la ciudad de La Paz", afirmó durante en el acto denominado “Conversatorio sobre la reactivación económica y generación de empleo”, que se llevó a cabo en el Hotel Europa.

El Jefe de Estado recordó que la primera dificultad estuvo relacionada a la construcción del Campo Ferial Chuquiago Marka. Dijo que la Alcaldía se negaba a otorgar el permiso necesario, pese a que expropió varios metros cuadrados del entonces Ministerio de Desarrollo Rural.

“Parecería que no querían que hagamos obras para el pueblo paceño y creemos que ese Chuquiago Marka es una obra importante, que sirve al pueblo paceño y a todos y a cada uno de nuestros empresarios”, sostuvo.

También dijo que, para la implementación del Plan de Hospitales, el Gobierno nacional requería un terreno para la construcción de un nosocomio de cuarto nivel en la ciudad de La Paz, pero ha sido “engorroso conseguir y prácticamente hemos estado peregrinando un año, un año y medio para que nos den”.

“No teníamos una Alcaldía que nos colabore, que nos ayude, no en un plan de beneficiarnos, sino en un plan de generar un hospital de cuarto nivel para la ciudad de La Paz”, indicó el Presidente.

Por último, se refirió al rechazo que hubo hacia la construcción del Instituto de Investigación Nuclear, cuyo principal objetivo es lograr avances respecto al tratamiento contra el cáncer.

“Tuvimos que acceder al pedido de la ciudad de El Alto, que nos dijo: vengan aquí, aquí están los terrenos, hagan. Y estamos haciendo allá todo el centro contra el cáncer y el Instituto de Investigación Nuclear que el país necesita”, remarcó.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz determinó que el candidato a la Gobernación paceña por la agrupación Jallalla La Paz, Santos Quispe, continúe en carrera para las elecciones subnacionales del 7 de marzo. Declaró improbada la demanda de inhabilitación contra el postulante.

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), organización que interpuso la demanda hace dos semanas, solicitaba que Quispe sea inhabilitado debido a que al momento de inscribirse como candidato no renunció a su cargo de funcionario del Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación de La Paz.

“Hemos analizado nosotros ya en Sala Plena y hemos considerado todos los argumentos legales que la parte demandante ha puesto, y también la parte del demandado. En ese sentido, hemos analizado y hemos declarado la demanda improbada”, informó el vocal electoral Sabino Chávez a la red Erbol.

Santos Quispe, hijo de Felipe Quispe “El Mallku”, fue elegido por la agrupación Jallalla La Paz como su nuevo candidato para la Gobernación paceña el 2 de febrero. La decisión fue asumida luego de negociaciones internas.

Según la tercera encuesta de Ciesmori para la red Unitel, Franklin Flores del Movimiento Al Socialismo tiene 23,3% de preferencia como candidato a la Gobernación de La Paz. El segundo lugar lo ocupa Santos Quispe, con el 17% y Rafael Quispe, de la organización Somos Pueblo, el tercer lugar con el 16,7%.

Ronald Montecinos, representante de la comunidad boliviana en Chile, llegó hasta La Paz para pedir un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Añez, a quien acusa de vulneración de derechos humanos contra bolivianos el 2020, debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria.

“Vengo hasta la sede de gobierno para presentar una solicitud de juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Añez y sus excolaboradores por los hechos ocurridos en la frontera Chile - Bolivia el año 2020 en el contexto de la pandemia”, indicó.

“Estamos solicitando juicio de responsabilidades en contra de la (ex) presidenta Jeanine Añez, su exministro de Gobierno, Arturo Murillo; su exministro de Defensa, Luis Fernando López; la excanciller Karen Longaric y contra el exdirector de Migración (Marcel Rivas)”, añadió.

 En marzo de la gestión anterior, durante la primera ola de contagios, el régimen determinó la medida restrictiva. En aquella oportunidad, Áñez indicó: “Se declara el cierre total de fronteras, nadie sale ni nadie entra, salvo por temas de seguridad y salud”.

En ese contexto, centenares de bolivianos que residían en Chile decidieron volver al país por los efectos de la pandemia; sin embargo, fueron impedidos de ingresar a territorio nacional y se quedaron en frontera. Ante la emergencia, tuvieron que instalar un campamento precario para los afectados, sobre todo, para niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.  

“En la frontera de Chile, se vulneró los derechos humanos fundamentales de compatriotas bolivianos. El Estado boliviano está en su obligación de recibir, no cerrar las puertas, menos militarizar la zona y tampoco intimidar con militares a unos metros de su hogar que es Bolivia. No queremos que este hecho quede impune”, aseguró Ronald Montecinos.

Indicó que se pedirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Ministerio Público las acciones para determinar las responsabilidades de las exautoridades.