El canciller Rogelio Mayta denunció este martes que el régimen de Jeanine Áñez obstaculizó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) inicie el 2020 las investigaciones de los hechos de violencia ocurridos en 2019 tras la crisis poselectoral. Hizo referencia al tema durante el informe de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Hay un tema que resulta altamente sensible para las bolivianas y los bolivianos comprometidos con la defensa de la vida. Es el hecho de la masacre de Sacaba y Senkata que se sufrió en noviembre de 2019. Ese entonces, el gobierno de facto se vio acorralado por los cuestionamientos de la comunidad internacional, pese al cerco mediático interno que había logrado desplegar. Ante ese cuestionamiento, aceptó a regañadientes que venga a Bolivia un grupo de expertos independientes de la CIDH a investigar lo que había ocurrido”, dijo el jefe de la diplomacia boliviana.

Sobre las gestiones de investigación

Mayta explicó que el equipo de expertos internacionales conformado a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debía llegar durante los primeros meses de 2020, porque el régimen de Áñez no realizó las gestiones.

El Canciller hizo mención a un documento diplomático del 17 de octubre de 2020. Dijo que se constituye en una prueba donde las ahora exautoridades se negaron a que ese grupo de expertos internacionales inicie las indagaciones.

“Para ellos, era muy riesgoso una investigación independiente, podía determinar que eran responsables de la masacre. El Gobierno de facto actuó negando de forma expresa que este grupo pudiera conformarse y pueda llegar a Bolivia. Lo hicieron a través de una acción diplomática, una nota verbal”, aseguró.

Durante el 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales tras los comicios presidenciales de esa gestión, ocurrieron hechos de violencia en varias regiones del país, por ejemplo, en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto poselectoral dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.

Pese a que la suscripción del acuerdo se hizo en diciembre de 2019, el equipo del GIEI-Bolivia se instaló el 23 de noviembre del 2020, en La Paz. Este equipo retomó la segunda semana de enero de 2021, luego de una etapa preliminar de investigación.

“El Gobierno democrático, recientemente constituido, consciente de la necesidad de que exista justicia y esclarecimiento de esos hechos, a los pocos días de haber asumido mandato, el 23 de noviembre de 2020 escribió el protocolo que viabiliza la presencia de este grupo de expertos internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, resaltó el canciller Mayta.

Restablecimiento de las relaciones internacionales   

El Ministro de Relaciones Exteriores explicó que el régimen de Áñez también cometió una serie de acciones irregulares que provocaron efectos ante la comunidad internacional como la vulneración a derechos de representaciones diplomáticas.

“El gobierno de facto, el gobierno de la masacre, realizó vulneración de privilegios e inmunidades, persecución política y hostigamiento a diplomáticos de México, España, Argentina, Venezuela y Cuba, sin observar la convención de Viena que regula el trato de las legaciones diplomáticas y el resguardo que dan los países anfitriones”, dijo.

Aseguró que la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez borró del mapa multilaretal al Estado Plurinacional debido a las acciones contrarias a los cánones diplomáticos que caracterizaban al país, sobre todo con la ruptura de relaciones con países como Rusia y China, que fueron claves en 2021 para la adquisición de vacunas contra el COVID- 19.

Dijo que, ante esa situación, el gobierno del presidente Luis Arce asumió acciones para el restablecimiento de relaciones internacionales en escenarios de integración de carácter multilateral.

“Este paso ha sido importante para que nuestro país pueda proseguir la senda que había tenido antes del golpe de Estado. Un país soberano que no baja la cabeza, pero que es capaz de relacionarse con toda la comunidad internacional en el marco del respeto mutuo y la reciprocidad. Hemos recibido, de parte de los pueblos hermanos, una respuesta positiva. Eso nos ha permitido que tengamos una relación fuerte, constructiva y amigable”, aseguró.

“Bolivia volvió al terreno de la diplomacia multilateral con fuerza. Nos falta probablemente muchísimo para hacer, pero hemos dejado la falta de brújula del gobierno de facto y hoy nos encaminamos a poder seguir la senda”, añadió Mayta.

En solidaridad con la tragedia ocurrida este martes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) confirmó la suspensión de su cierre de campaña y toda actividad proselitista.

“EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO INSTRUMENTO POLÍTICO POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS MAS-IPSP, ante el lamentable y trágico acontecimiento que tuvo lugar en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde penosamente perdieron la vida varios estudiantes universitarios, anunciamos la SUSPENSIÓN de nuestro cierre de campaña programado para el día 03 de marzo, así como el resto de actividades de campaña en la ciudad de El Alto (sic)”, señala un comunicado emitido por la organización política.

De igual manera, el candidato a alcalde César Dockweiler anunció la cancelación de cualquier actividad proselitista que se tenía programada, en solidaridad con las familias dolientes.

“El candidato a la Alcaldía de la ciudad de La Paz, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, comunica a la población en general que se suspende toda actividad proselitista programada para hoy en solidaridad con las familias de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que perdieron la vida trágicamente”, indica el pronunciamiento.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que la tragedia dejó un saldo de siete estudiantes fallecidos y otros cuatro heridos que están recibiendo atención médica en distintos hospitales.

Horas antes, el presidente Luis Arce lamentó el hecho y expresó sus condolencias a las familias de los estudiantes fallecidos tras la rotura de una baranda en el quinto piso de esa casa de estudios superiores.

“Lamentamos la tragedia ocurrida en la Universidad Pública de #ElAlto (UPEA), donde hubo varios fallecidos y heridos. Nuestras más sentidas condolencias al pueblo alteño y a las familias dolientes. Esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña y medios de comunicación concluye el miércoles, rumbo a los comicios subnacionales de este domingo 7 de marzo.

Después del 3 de marzo, las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas no podrán difundir ningún tipo de mensaje que dirija la intención de voto.

El Artículo 116 de la Ley de Régimen Electoral determina que el periodo de propaganda dura desde 90 días antes de los comicios hasta las 72 horas previas a la jornada electoral.

Establece que, en caso de segunda vuelta electoral o repetición de elección, por empate o anulación de mesa, el plazo para los actos públicos de campaña será desde la convocatoria hasta 72 horas antes del día de la segunda votación.

La difusión de mensajes electorales en medios de comunicación fuera del plazo establecido dará lugar a la suspensión inmediata de la propaganda y a sanciones económicas, tanto a la organización política o alianza que la contrató como al medio que la difundió.

La ley agrega que se dispondrá “una multa equivalente, en ambos casos, al doble de la tarifa promedio inscrita por el medio ante el Órgano Electoral, además de la inhabilitación al medio de comunicación de difundir propaganda en el siguiente proceso electoral”.

Jóvenes profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países de la Comunidad Andina (CAN), comenzaron el lunes sus pasantías en el organismo internacional para fortalecer el proceso de integración. 

Son 13 pasantes de Bolivia, 20 de Colombia, 12 de Ecuador y 29 de Perú, quienes fueron seleccionados de un total de 803 postulantes. Desarrollarán sus pasantías en las diversas áreas de la Secretaría General hasta agosto.

El acto de apertura del proyecto denominado “practiCAN” contó con la participación del ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo; el ministro de Cultura del Perú, Alejandro Neyra, quien fue pasante de la Secretaría General; y el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco.

Asimismo, el viceministro de Comercio Exterior de Perú, Diego Llosa; la embajadora de Colombia en Perú, María Claudia Mosquera; el ministro de la Embajada de Ecuador en Perú, Juan Manuel Escalante; y expasantes que ahora se desempeñan en importantes cargos: Eloy Mendoza, jefe de la Unidad de Integración Subregional del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración de Bolivia; Rocío Soacha, directora jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; y Genaro Baldeón, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción del Ecuador.

Durante su intervención, el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, felicitó a los 74 practicantes 2021. Dijo que, como representantes de las nuevas generaciones andinas, los jóvenes tendrán la oportunidad de participar activamente del proceso de integración, además de contribuir al fortalecimiento de la CAN y a la recuperación económica y social de los países andinos.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, saludó la continuidad de esta iniciativa y manifestó que la cifra récord de postulaciones demuestra que la CAN están vigente en cada uno de los países, además del gran interés del público joven por vincularse al proceso andino de integración.