La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles, reprobó este sábado las “habladurías” de algunos parlamentarios de oposición en el sentido de iniciar un proceso al presidente Luis Arce por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), por abrogar el Decreto Supremo 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

“Esa es una habladuría del diputado, a los presidentes no se los puede procesar ante el Ministerio Público, es otro tipo de procedimiento que se hace al Senado (…), lo ha dicho para que todos hablen, porque esa norma presidencial no es inconstitucional”, dijo, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.

Esas declaraciones surgen luego que un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) exigiera al Ministerio Público iniciar de oficio un proceso en contra del Primer Mandatario por el presunto delito de resoluciones contrarias a la CPE, por haber aprobado un decreto presidencial de amnistía inconstitucional que beneficiaba a su militancia, agrega el reporte.

Siles explicó que la CPE le otorga al presidente Luis Arce facultad para dictar amnistías e indultos, pero además establece que las únicas limitaciones que da la Carta Magna es a las personas que hubieran afectado gravemente los intereses del Estado, en los delitos de asesinato, parricidios y feminicidios.

Recordó que claramente la CPE en su Artículo 172 señala que son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley, en su numeral 14 establece decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional “y eso es lo que se hecho”.

La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia afirmó, en respuesta al diputado Torres, de que este decreto abrogado no es “inconstitucional” y que el Primer Mandatario actuó de acuerdo a las atribuciones que le otorga la CPE.

Una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) era que el Estado boliviano garantice la “imprescriptibilidad y la inaplicabilidad” de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas tras un informe sobre las masacres, ejecuciones sumarias, torturas y graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el país en 2019.

Además, ese grupo internacional consideró que la aplicación del Decreto Supremo 4461 podría reforzar una percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”, por lo que el Presidente anunció la abrogación de esa norma, dando cumplimiento a la recomendación y el objetivo de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano.

Amnistía

Siles también desmintió a legisladores de oposición que tergiversaron la información al insinuar que el decreto presidencial de indulto benefició a militantes del MAS-IPSP.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Decreto Presidencial 4461 se aplicó entre el 18 de febrero del 2021 al 20 de octubre de 2021, tiempo en el que 709 privados y privadas de libertad fueron beneficiados por razones humanitarias y ninguno por razones políticas.

Siles confirmó que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas en función al Decreto Presidencial 4461 promulgado en febrero y abrogado por unanimidad el jueves, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”, confirmó la Directora, quien además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto Presidencial 4461 que tuvo una vigencia de siete meses, agrega el informe de prensa.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, explicó este sábado que se trabaja en cumplimiento del Decreto Supremo 4176 referido a la ayuda social humanitaria para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas en 2019 durante el periodo de facto, además, se prepara el censo que junto a normas complementarias permitirán llegar a todas las personas que resultaron afectadas.

“Tenemos un mandato como producto del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de hacer un censo de las víctimas, censo de procesos y las reformas a la justicia; trabajamos en los tres procesos paralelamente”, anunció la autoridad, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia. 

El Viceministro explicó que el DS 4176 se refiere específicamente a las acciones de reparación integral para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el GIEI se debe llegar a la totalidad de las víctimas por las graves vulneraciones de derechos humanos registradas a partir de septiembre de 2019.

En cuanto a las nuevas normativas, Siles indicó que se trabaja en la redacción de una proposición acusatoria por torturas, que será presentada en los próximos días y confirmó que con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se prepara una ley que permitirá reparar integralmente a todas las personas que sufrieron violaciones a sus derechos. 

“Esta ley va a cubrir a todos ellos, no solamente a las víctimas de Sacaba y Senkata, que tienen ya una norma que promulgó Jeanine Añez en claro reconocimiento de su culpa, sino que hay otra norma que va a cubrir a otras personas que no estaban incluidas en la misma”, explicó, en referencia a las víctimas de Pedregal y otros lugares del país.

Para ese objetivo se trabaja la metodología que permita determinar los parámetros de calificación de las víctimas.

Además de “identificar claramente cuáles van a ser las políticas de reparación integral, reconocimientos públicos, construcción de una Casa de la Memoria, reparaciones económicas, salud, trabajo y otras acciones que permitan alcanzar una reparación integral”, subrayó.

La autoridad señaló que la reparación integral significa el cumplimiento de varios aspectos, “no solamente es el aspecto económico con el que ya se llegó a 18 familias (de Sacaba y Senkata); también está la salud, educación, el aspecto laboral… es decir que se necesitan políticas públicas”.

Respecto a los procesos, indicó que existen unos 110 procesos a nivel nacional por casos de persecución, de los cuales muchos ya cuentan con sobreseimientos. En cuanto a las víctimas de masacres, señaló que “existen plazos procesales que deben cumplirse, pero al momento ya hay personas detenidas, hay personas imputadas y otras declaradas rebeldes”. 

En ese sentido, el Viceministro agregó que respecto a los procesos de Sacaba y Senkata no se puede decir que no hay avance o que están paralizados y repitió que existen plazos procesales que se deben cumplir, así como el derecho de las personas imputadas a la defensa.

“Ellos presentan apelaciones o incidentes que hacen demorar, pero es posible que en noviembre se dicten las respectivas acusaciones en los juicios ordinarios para ir a juicios orales”, anunció. 

Siles recordó que, además, las víctimas de las masacres firmaron una proposición acusatoria para Juicio de Responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Añez, propuesta que se encuentra en la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser tratada, indica el reporte de prensa.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que con la implementación del “Plan Frontera Segura” y el trabajo coordinado entre Bolivia y Brasil, se logró una reducción de actos delincuenciales en un 30%, tanto en el departamento de Pando, como en el Estado del Acre, en Brasil, por lo que el trabajo de cooperación se extendió con otras regiones fronterizas.

“En el Estado del Acre hay una reducción de los delitos en un 30 por ciento, al igual que en el departamento de Pando. Sabemos que esto no es suficiente, por eso continuamos desarrollando acciones para avanzar aún más en la disminución de estos delitos”, explicó Ríos.

Detalló que el Gobierno nacional impulsó las acciones coordinadas con Brasil desde abril de esta gestión. En un inicio, se trabajó principalmente con el departamento de Pando y el Estado del Acre y, por los buenos resultados, ahora se amplió a otras regiones fronterizas.

“Este trabajo ha tenido buenos resultados por lo que el Estado del Acre ha compartido estos avances con los demás Estados con los que tenemos colindancia, esto quiere decir que se ha ampliado el trabajo a Mato Grosso, Mato Grosso del Sur y Rondonia (Brasil) con los cuales tenemos colindancia a través de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz”, informó.

Asimismo, indicó que se continuará con el trabajo coordinado entre ambos países, por lo que, en el primer encuentro de Seguridad Ciudadana que se realizó entre el 20 y 21 de octubre, los representantes de Bolivia y Brasil firmaron una acuerdo para fortalecer la seguridad ciudadana en la frontera en el marco del Plan Frontera Segura.

“Sabemos que el crimen, el delito no conoce fronteras y compartimos con nuestros pares de Brasil en el marco del trabajo colaborativo, lo cual es fundamental para mejorar la seguridad de la frontera”, acotó.

Ríos aseveró que el Gobierno nacional está extremando esfuerzos para luchar contra la criminalidad en todo el territorio nacional y con este nuevo acuerdo ahora se tendrá un trabajo coordinado y se realizarán patrullajes en alrededor de 3.400 kilómetros de frontera.

Este sábado, Iván Arias, exministro de Jeanine Áñez, sufrió una derrota judicial. La Sala Constitucional Primera rechazó el recurso legal que presentó para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en el país.

Los tribunales consideraron que Arias no cuenta con fundamento jurídico y no adjuntó prueba, salvo publicaciones de prensa.

“La Sala Constitucional Primera negó la acción popular que planteó el alcalde de La Paz, @ivanariasduran para que la vacunación contra el #COVID19 sea obligatoria en Bolivia, porque no cuenta con fundamento jurídico (sic)”, informó la agencia ANF en su cuenta de Twitter.

Arias presentó a inicios de octubre una acción popular para que un tribunal de garantías constitucionales ordene que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria en el país. Él considera que el certificado de vacunación debería exigirse en instituciones públicas, privadas, negocios y otros de gran afluencia, informó el periódico Opinión el 5 de octubre.

Sin embargo, la Sala Constitucional denegó la tutela por no haber cumplido con presupuestos procesales.

Se denegó la tutela por no haber sido planteada conforme la normativa constitucional vigente, no especificó si se reclama una acción u omisión del accionado, no se adjuntó prueba, salvo publicaciones de prensa presentadas por Arias.

Sin embargo, la instancia judicial exhortó al nivel central y a los niveles subnacionales, en el marco de sus competencias, tomar acciones tendientes a evitar la propagación del COVID-19.

Un recluso de la cárcel de Cantumarca, en el departamento de Potosí, relató que fue objeto de agresión y extorsión por parte de Yassir Molina, cabecilla de la organización criminal Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y sus allegados, según informó Bolivia Tv.

Por su lado Molina, antes de ser enviado a otra cárcel en Oruro tras un motín en el recinto penitenciario de Cantumarca que exigió su salida, declaró a la agencia ANF que "lamentablemente vivir bien había sido un delito".

Los reclusos de la cárcel potosina realizaron el viernes un motín exigiendo la expulsión de Molina y otros integrantes de la RJC debido a que ellos extorsionaban y agredían a los nuevos privados de libertad, según denuncias.

“Me han pateado ahí adentro (…) era un alto, choco, con tatuaje y polera. Cuando estaba entrando me dijo ‘Aquí se saluda, hay que respetar’”, contó uno de los reclusos de Cantumarca entrevistado por el canal televisivo Bolivia Tv.

“‘Que cosas estás agarrando en tu mano. Traiga’, me han dicho sus cuates (amigos) luego dijeron ‘salga’”, indicó el recluso, quien relató cómo le quitaron sus pertenencias.

El privado de libertad, quien no fue identificado, fue derivado al sector de atención médica, según las imágenes.

“A través de una entrevista de manera exclusiva, Bolivia Tv se contactó con un privado de libertad del penal de Cantumarca, cuenta los abusos que vivía por parte de Yassir Molina”, indica el reporte de la estación televisiva mediante su cuenta de Facebook.

En respuesta, Molina declaró a la ANF que "lamentablemente vivir bien había sido un delito" y negó que exista una pugna de poder al interior de la cárcel o que haya extorsionado a los reclusos.

"Aquí no hay una pugna de poder como lo indican, nosotros vivíamos en un pabellón totalmente diferente, totalmente aislados. A mi no me interesaba entrar a la población ni se hizo ningún cobro irregular. Gracias a la ayuda llegó pintura y otras cosas para mejorar los ambientes", dijo Molina antes de ser enviado a otro penal en el departamento de Oruro, indica el reporte de la agencia.

Tras un motín que se registró el viernes en el penal de Cantumarca, por orden judicial se decidió enviar a Molina y a otros cuatro miembros de la RJC hasta el centro penitenciario de San Pedro en Oruro, para evitar mayores conflictos.

Tanto la RJC, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) son considerados como grupos paraestatales que operaron durante el golpe de Estado de 2019, por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó el desmantelamiento de esas organizaciones criminales.

Esos grupos, involucrados en el ataque a indígenas y mujeres de pollera que protestaron contra el régimen de Jeanine Áñez, también estuvieron detrás de las vejaciones y humillaciones públicas a Patricia Arce, entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba y ahora están detrás de las amenazas contra activistas estadounidenses de derechos humanos que cuestionaron el accionar de esas organizaciones irregulares, según dijeron los activistas afectados. 

El Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, junto al viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, entregaron este sábado material contra incendios a efectivos de la Octava División del Ejército, en instalaciones del Regimiento de Policía Militar 2, en la ciudad de Santa Cruz.

“Hace más de un mes se hizo una entrega de equipamiento, fue un apoyo fundamental para esta tarea. En esta oportunidad continuamos haciendo esta entrega para reforzar mucho más estos medios con los que deben contar para esta tarea”, dijo en acto público.

Detalló que se entregan 130 unidades de linternas frontal, 20 unidades de baterías, 33 palas forestales, 130 pañoletas, 33 bates de fuego, 33 rastrillos forestal estándar, 33 machetes forestal, 13 baldes de aceite motor, siete piezas de filtros de aceite camionera, filtros de combustible de aire camioneta, motosierras, menaje de cocina, 130 cinta refractarias y siete kits de botiquín de primeros auxilios.

Explicó que para combatir los incendios forestales como efecto de los cambios climáticos, en el mes de junio se presentó el Plan en defensa de la vida y el medio ambiente, para afrontar los graves problemas con el tema de los incendios forestales en el país.
Resaltó el compromiso de las Fuerzas Armadas de intervenir en toda Bolivia, principalmente en la Chiquitania para mitigar la propagación del fuego.

Precisó que para ese plan se destinó desde el Gobierno nacional de Bs 6,1 millones, que fueron distribuidos en las tres fuerzas para cubrír equipamiento, alimentación, combustible y combatir el fuego por vía terrestre y área.
“Este trabajo se realizó con el Ministerio de Medio ambiente y agua. Ellos proporcionaban la información satelital de las áreas afectadas y aplicar el plan y realizar el trabajo de control”, acotó.

Resaltó que las FFAA están listas y preparadas, en la amazonia, valles y el oriente para mitigar los incendios forestales y como Gobierno nacional el trabajo es constante porque se acercan las lluvias y se prevén inundaciones.