El viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC), dependiente del Ministerio de Defensa, informó este domingo que efectivos navales decomisaron mercadería ilegal en el puente internacional de Bermejo, en Tarija.

“El operativo se desarrolló en el Puesto de Control de la Tranca Bermejo – Tarija, donde la mercadería pretendía ser internada a bordo de dos vehículos de servicio público, sin documentación de respaldo legal para su comercialización en el territorio nacional”, informó el Viceministerio en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, el Grupo de Reacción Inmediata del Área Naval N°3 “Bermejo” decomisó 30 yutes de urea (abono químico), 22 cajas de tomate y 12 bolsas de morrón de procedencia extranjera.

“Al momento, todo lo decomisado fue entregado a la Aduana de Bermejo, quienes tomarán las acciones legales en materia de Lucha Contra el Contrabando”, indicó.

El viceministerio aseveró que las tareas de patrullaje se realizan de manera permanente en zonas fronterizas con el objetivo de frenar el ingreso ilegal de mercadería que afecta a la producción e industria nacional y, por tanto, a la reactivación económica del país.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este sábado que el Ministerio Público investiga un nuevo hecho de posible feminicidio registrado en el Multicine de la ciudad de El Alto; la víctima es Noemi V.Q.C., de 34 años de edad, quien fue auxiliada al Hospital del Norte con signos de haber sido envenenada, presuntamente por su esposo Valentín P.A. de 40 años, quien ahora es buscado por las autoridades para que asuma defensa.

“Como Ministerio Público se dio inicio a la investigación de este nuevo caso de feminicidio, se realizó el levantamiento legal del cadáver, toma de declaraciones a testigos de acuerdo a la versión que emitió la víctima antes de fallecer, requerimiento de los vídeos de las cámaras del Multicine que ayudarán a determinar el momento en el que se presume que el hombre entregó una botella con agua a su esposa, además del requerimiento de pericia toxicológica del líquido que bebió Noemi, que determinará el tipo de sustancia tóxica que le provocó la muerte”, dijo Alave.

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida de la ciudad de El Alto, Favio Maldonado, señaló que el 27 de agosto de 2021 a las 19.40, aproximadamente, Noemi fue ingresada a sala de emergencias del Hospital del Norte por su hermana, un policía y un guardia de seguridad, quienes refirieron que la mujer estaba convulsionando al interior del Multicine, los médicos luego de atender a la víctima indicaron que ella realizaba movimientos involuntarios debido a que habría ingerido alguna sustancia tóxica y que pese a los esfuerzos falleció.

De acuerdo a los antecedentes del caso, cuando Noemí fue atendida por los médicos les dijo que “mi esposo me dio esto a beber, me ha envenenado” y les entregó una botella plástica pequeña, que contenía un poco de agua con una sustancia desconocida.

“Según el informe psicológico del hijo de la víctima, ellos fueron al Multicine para encontrarse con su padre, para que le compré una Tablet al pequeño, ya que la pareja estaba separada. En el lugar, el hombre habría llegado con dos botellas de agua, una para ella y la otra para el niño. La versión del menor señala que el sujeto obligó a beber a Noemí bajo la amenaza de que sería el niño quien lo haría, le entregó dinero y se fue, momentos después la mujer empezó a convulsionar”, explicó Maldonado.

De acuerdo a la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la causa de la muerte de la víctima fue por edema pulmonar (anoxia anóxica), obstrucción de vías aéreas por contenido gástrico y asfixia mecánica por broncoaspiración secundario a intoxicación por ingesta de sustancia química indeterminada.

El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, informó este sábado que acudió al Centro Penitenciario de San Roque, en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), para mediar en el conflicto de los privados de libertad que cuestionaban los “privilegios” de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y tras una reunión se logró que el Régimen Penitenciario autorice las visitas de sus familiares.

“Hemos sostenido una reunión entre el alcalde, el comandante de la cárcel de San Roque, la directora departamental y todos los delegados de cárcel donde más bien hemos podido llegar a un acuerdo satisfactorio para los privados de libertad”, informó Salazar en declaraciones difundidas por radio Cepra.

De acuerdo con Salazar, los reclusos se declararon en emergencia cuestionando los privilegios que tiene Áñez en el penal de Miraflores. Ellos pretendían iniciar un motín por lo que solicitaron el apoyo de la APDHB para que sea mediadora en la reunión de las autoridades del Régimen Penitenciario departamental y los representantes de los reclusos.

“La Asamblea de Derechos Humanos ha recibido una petición de ayuda de los privados de libertad y es en ese sentido que nos hemos constituido en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre, donde había un inicio de amotinamiento”, señaló.

Salazar indicó que la población reclusa exigía un trato igualitario y que dejen ingresar al penal a sus familiares e hijos, a quienes no veían hace más de un año debido a la pandemia del COVID-19, argumentando que se cumplirían con los protocolos de bioseguridad.

“Hemos llegado a una solución que el día de hoy se va a permitir el ingreso a todos los hijos de los privados de libertad”, enfatizó.

Según Salazar, los privados de libertad podrán recibir la visita de sus familiares los fines de semana y se extendió el horario de visita hasta las 17.00; sin embargo, explicó que el ingreso de los menores de edad se analizará en un consejo del Régimen Penitenciario, que se realizará el próximo miércoles.

“Se ha logrado apaciguar los ánimos (…). La molestia de los privados de libertad lastimosamente viene de ciertos privilegios que tiene la señora Áñez dentro del penal de Miraflores. Con justa razón están pidiendo un trato igualitario, hay necesidad que las autoridades del Régimen den el mismo trato, no puede existir privilegios por más que sean exautoridades”, manifestó.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, Juan José Donaire, informó este sábado que la Policía Boliviana interceptó un vehículo que transportaba de forma irregular a cuatro migrantes de nacionalidad haitiana que pretendían pasar a Perú. El chofer fue aprehendido por el delito de tráfico de migrantes.

“Un vehículo, al mando de un connacional, estaba intentando cruzar un puesto de control de la vía que comunica a la zona fronteriza de Perú a la ciudad de La Paz. Este vehículo aparentemente estaba intentando vulnerar el puesto de control y por esta circunstancia personal policial ha identificado que en este motorizado se encontraban cuatro personas de nacionalidad haitiana”, dijo Donaire, en declaraciones difundidas por Cadena A.

De acuerdo con el jefe policial, el vehículo intentó evadir el puesto de control que está en la ruta a Desaguadero, frontera con el vecino país de Perú, por lo que los efectivos lo detuvieron vehículo y se percataron que en su interior estaba una mujer y tres varones indocumentados de nacionalidad extrajera.

El conductor del vehículo, de 38 años, fue aprehendido por el delito de tráfico de migrantes y será el Ministerio Público quién defina su situación legal.

Donaire advirtió a las personas que no se presten a realizar el traslado de migrantes que estén en circunstancia ilegal, porque podrían incurrir en el delito de tráfico de personas.

“A los ciudadanos que están trasladando a las personas que están en circunstancia ilegal migratoria, el tráfico de migrantes constituye y podría atribuirse a una responsabilidad penal”, advirtió.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este sábado que, en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público fundamentó con indicios suficientes que Rosa P.A., de 25 años de edad, es la presunta autora del delito del doble Infanticidio de sus dos hijos; una niña de siete años y un niño de cinco años, quienes murieron por intoxicación de una sustancia aún no determinada, por lo que el Juzgado de Instrucción en lo Penal de Copacabana determinó su detención preventiva en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.

“Durante la audiencia, como Ministerio Público se presentó el informe de intervención policial, acta del levantamiento legal de cadáveres de los menores, acta de colección de indicios materiales, registro del lugar del hecho y otros elementos; además, concurrieron los riesgos de peligro de fuga y obstaculización, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de la madre de las víctimas”, informó Alave.

Por su parte, el fiscal del municipio de Copacabana, Richard Ticona, explicó que, de acuerdo a los antecedentes del caso, el 23 de agosto, en un domicilio de la zona Condiza, la madre de los niños llamó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) e indicó que sus hijos no se levantaban, después de haber dormido.

Ante el llamado, los efectivos policiales se hicieron presentes en la casa y evidenciaron que ambos menores se encontraban recostados en su cama y fueron trasladados al Hospital de Copacabana, donde llegaron sin signos vitales y después de la revisión el médico refirió que tenían signos de envenenamiento, por lo que se procedió a la aprehensión de la madre. La progenitora refirió que por descuido habría dado de comer pito con veneno a sus hijos.

Según la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la causa de muerte de los niños fue por anoxia cerebral, asfixia mecánica por broncoaspiración e intoxicación por sustancia desconocida que será determinada mediante una pericia toxicológica, señala un boletín de prensa.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este sábado que el exministro de facto, Arturo Murillo, continúa en la cárcel de Estados Unidos (EEUU) porque no logró pagar la fianza impuesta de $us 250.000.

También explicó que una comisión de abogados que representan a Bolivia viajará al país norteamericano para la audiencia presencial que se realizará el 8 y 9 de septiembre.

“Tendremos la presencia de abogados allá el 8 y el 9 de septiembre (…). La información que tenemos al momento es que Arturo Murillo no ha obrado aún el pago de los 250.000 dólares y sigue recluido en la cárcel federal de Estados Unidos”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con el procurador, esa instancia recibe información diaria sobre el caso y asegura que Bolivia tiene un gran avance en la demanda civil y que solo se espera que se cumplan con los plazos establecidos para recibir una respuesta.

“Hemos superado las etapas de medidas cautelares “, declaró.

El pasado 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad. El exministro de facto debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza; sin embargo, hasta la fecha continúa en reclusión.

Se prevé que el próximo 9 de septiembre se realice una audiencia presencial en Estados Unidos.

Murillo está detenido en EEUU desde mayo de 2021 investigado por los delitos de lavado de dinero y soborno, además de acciones contrarias a la ley en la compra de material antidisturbios a una empresa internacional.