Una Sala Constitucional de La Paz negó este jueves un recurso de Acción de Libertad de Pronto Despacho, presentado por la defensa de Jeanine Añez, para que se fije una fecha inmediata de audiencia, por no haber agotado todas las instancias judiciales para presentar el recurso.

“La justicia negó la acción de libertad a Jeanine Añez investigada por el caso golpe de estado de 2019. Añez no agotó todas las instancias judiciales para presentar este recurso”, señala un reporte de Bolivia Tv.

Según un reporte de radio Erbol, el recurso estaba dirigido contra dos jueces y la directora del penal de Miraflores. El primer recurrido es para el Juez 10º de Instrucción en lo Penal, que rechazó la realización de una audiencia de cesación a la detención preventiva, porque aún está pendiente la apelación de un recurso similar anterior.

El segundo recurrido es para el Juez 2º Anticorrupción, a quien la defensa de Añez acusó de haber agotado los esfuerzos para realizar la audiencia en su juzgado el miércoles 1 de septiembre, tras suspenderla.

En el caso de la Directora del Penal, la Acción de Libertad se debe a que supuestamente no permitió el acceso de médicos para atender a la expresidenta de facto y que impidiera que sea entrevistada por sus abogados.

El Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de Sacaba (Cochabamba), determinó este jueves enviar con detención preventiva, en la cárcel de El Abra, al capitán de la Fuerza Aérea, Israel Rojas Valverde, quien es acusado por los presuntos delitos de asesinato y tentativa de asesinato en el caso “Huayllani”, por los hechos luctuosos de 2019.

“Dentro del caso denominado Huayllani, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción N° 1 de  Sacaba, ordenó la detención del imputado, Cap. de la Fuerza Aérea, Israel Rojas Valverde”, indica un boletín. 

Se determinó la aplicación de la medida cautelar, detención preventiva, para realizar una investigación. De acuerdo al plazo establecido por la autoridad judicial deberá concluir en cuatro meses; sin embargo, en caso de ampliarse deberá estar debidamente justificada.

De acuerdo a los elementos expuestos por el Ministerio Público, el oficial habría tenido participación durante los hechos ocurridos el año 2019, en circunstancias en que un grupo de marchistas provenientes del trópico cochabambino habrían sido reprimidos con armas letales por un contingente policial y militar en inmediaciones del puente Huayllani, informó la Agencia Judicial de Noticias.

Durante los hechos luctuosos de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, fallecieron 10 personas y 19 resultaron heridas.

Jeanine Áñez no supo distinguir entre el bien y el mal al aceptar el ofrecimiento que se le hizo el 10 de noviembre de 2019 para ser presidenta de facto. Tomó el poder y se aferró a él a sangre y fuego con un saldo de 38 muertos, 800 heridos, más de 1.000 detenidos, torturados y perseguidos. Por esos pecados está detenida antes de caminar por el pasillo del Juicio de Responsabilidades que ya recorrieron 21 políticos, dictadores, asesinos y vendepatrias como Mariano Melgarejo, Gonzalo Sánchez de Lozada, Luis García Meza Tejada, entre otros.

Áñez tiene sobre sus espaldas los juicios de responsabilidades por las masacres de Senkata y Sacaba, por el préstamo ilegal del Fondo Monetario Internacional (FMI), la violación de la libertad de expresión durante la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19 y por la ampliación ilegal de la concesión a Fundempresa.

Los juicios de responsabilidades buscan juzgar a altas autoridades del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Etimológicamente, la palabra juicio deviene del vocablo en latín judicium y responsabilidad de respondeo, por lo que se puede establecer que Juicio de Responsabilidades significa “la facultad de distinguir el bien y el mal en el accionar de un alto funcionario por sus acciones en el ejercicio del cargo”, indica Cinthya Alejandra Millares Cortez en su tesis de licenciatura de 2018 titulada “La necesidad de incorporar el recurso de apelación restringida en el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente del Estado”.

El estudio académico indica que en la historia de Bolivia se plantearon al menos 21 juicios de responsabilidades, varios de los cuales quedaron a medio camino o fueron archivados. Uno de estos procesos que llegó a sentencia fue contra el exdictador militar Luis García Meza Tejada, quien fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por Sedición, Alzamiento Armado, Asesinato y Genocidio.

El Juicio de Responsabilidades nació junto a la primera Constitución de 1826, bajo el nombre de Juicio Nacional, indica el estudio.

-La acusación más antigua es la formulada por el Mariscal Andrés de Santa Cruz en 1828 contra José María Pérez de Urdidinera por traición a la patria, al haber dictado un Decreto en ocasión de la invasión del Perú encabezada por el General Gamarra.

-En 1839 se produjo el primer Juicio de Responsabilidades que llega a Acusación por la Cámara de Diputados, bajo la figura de Juicio Nacional, instaurado contra el Mariscal Andrés de Santa Cruz, en el exilio. Fue acusado por los delitos de traición a la patria, malversación de fondos públicos y por vulnerar la libertad de imprenta.

-En 1840 se presentó acusación contra el Presidente José Miguel de Velasco por violación de las garantías individuales.

-El 1862 se presentó una acusación contra el expresidente José María Achá por la matanza de Yáñez.

-Otro juicio fue contra Mariano Melgarejo, a quien se acusó de traición, prevaricato, soborno, asesinato, falsificación de moneda y por desmembrar territorio nacional a favor de Brasil. El juicio no llegó a sentencia.

-En 1871 se inició un proceso contra Agustín Morales, acusado de haber infringido tormento a personas sospechosas de conspiración y el saqueo del dinero del presupuesto nacional.

-En 1880 se inició Juicio de Responsabilidades contra el General Hilarión Daza, acusado de traición a la patria, violación de garantías individuales y malversación de fondos públicos.

- El primer Juicio de Responsabilidades en el Siglo XX fue iniciado contra al expresidente Ismael Montes por el mal empleo de los dineros públicos por la venta del Acre.

-En 1931 se enjuició al expresidente Bautista Saavedra por malversación de fondos públicos.

-En 1931 se presentó acusación contra el Presidente Hernando Siles por violación de garantías individuales e intento de prórroga del mandato presidencial.

-También se enjuició a Jorge Mercado Rosales, exministro de Agricultura, acusado por prevaricato y soborno tras haber exigido dinero a religiosas de la Congregación Santa Clara.

-En 1953, el Presidente Víctor Paz Estensoro fue acusado por delitos de violación de garantías individuales y malversación de fondos públicos.

-En 1979, el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz presentó proposición acusatoria contra el expresidente Hugo Banzer Suárez por violación de garantías individuales y malversación de fondos públicos.

- En 1984, el MIR y el Partido Socialista 1 presentaron proposición acusatoria contra Luís García Mesa Tejada y sus colaboradores por los delitos de genocidio, resoluciones contrarias a la Constitución, peculado y concusión. La acusación no fue aprobada.

- Se presentó una segunda proposición acusatoria en 1988 por los mismos delitos, aprobándose la instauración de Juicio. La Corte Suprema de Justicia dictó sentencia de 30 años de prisión, sin derecho a indulto contra García Meza.

- En 1995, Manuel Morales Dávila solicitó Juicio de Responsabilidades contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por traición a la patria por la capitalización y al traspaso a intereses privados de Empresas Públicas del Estado, en especial YPFB.

- Juicio de Responsabilidades contra el exministro de Defensa, Fernando Kieffer Guzmán, por malversación de fondos públicos en la compra de los fusiles israelíes GALIL y el avión Beechcraft.

-Proceso contra el Ministro de Salud del Gobierno de Hugo Banzer, Tonchi Marincovich, por el delito de conducta antieconómica en la compra irregular de vacunas DPT (triple) y DT antitetánica.

-El año 2001 se inicia Juicio de Responsabilidades contra el exprefecto de La Paz, Luis Alberto "Chito" Valle por falsedad ideológica, daño económico y uso de instrumento falsificado.

-En 2007 se acusó al exprefecto de Tarija, Gustavo Aguirre, por los delitos de Conducta Antieconómica, Uso de Instrumento Falsificado.

-También se dio el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada por genocidio, en su figura de masacre sangrienta por la muerte de 59 personas en la ciudad de El Alto y el Altiplano de La Paz, en 2003, siendo una de las pruebas fundamentales el Decreto Supremo Nº 27209 de 11 de octubre de 2003 que ordenaba la militarización de la Ciudad de El Alto.

En ese proceso, se declaró en rebeldía de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Yerko Andrés Kukoc, Javier Torres Goitia, Mirtha Quevedo Acalinovic, Jorge Torres Obleas, Guido Rodolfo Añez Moscoso; asumiendo su defensa únicamente los exministros: Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara, Dante Pino Archondo y Roberto Claros Flores, excomandante en Jefe de las FFAA; Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, excomandante del Estado Mayor; Juan Véliz Herrera, excomandante del Ejército; Luis Alberto Aranda Granados, excomandante de la Fuerza Naval y José Osvaldo Quiroga Mendoza, excomandante de la Fuerza Aérea.

El fiscal de materia de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este jueves que en coordinación con Régimen Penitenciario y la Policía Boliviana se realizó un operativo de inteligencia en cuatro pabellones del Centro de Rehabilitación de Palmasola, Santa Cruz, en el cual logró secuestrar Bs. 37.000, celulares, sustancias controladas, bebidas alcohólicas y armas punzo cortantes.

“Se ha atacado lo que es el PC - 4, en cuatro pabellones, con esto tratamos de parar el índice de las extorsiones digitales que hay por las redes sociales”, indicó el fiscal cruceño en conferencia de prensa.

Por su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Edson Claure, destacó el operativo de inteligencia y calificó como un “duro golpe a marketineros” de Palmasola, quienes fueron denunciados por extorsiones en redes sociales.

“Se hizo el secuestro de 24 teléfonos celulares, cinco botellas de bebidas alcohólicas, 37 mil bolivianos, en una de las celdas. Sustancias controladas, referidas a marihuana, clorhidrato de cocaína, diazepam”, señaló Claure. 

Según investigación preliminar, los celulares eran utilizados para realizar estafas telefónicas, extorsiones a través de redes sociales, además de suplantación de identidad a la población.

Cuatro privados de libertad serán investigados por esos nuevos delitos y las autoridades competentes determinarán su situación jurídica en los próximos días.

El representante de la Asociación de Víctimas, Fallecidos, Heridos, Procesados y Perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani (Cochabamba), Ismael Marquina, informó este jueves que se realizarán nuevos procesos penales contra las personas que firmaron el Decreto Supremo 4078 que desencadenó en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

“Nosotros como víctimas vamos a iniciar un análisis y medidas penales contra los actores del golpe de Estado y los que han financiado la masacre, quiénes han dado la orden, quiénes han firmado ese maldito decreto, que les da la inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que puedan matar libremente”, expresó Marquina, en conferencia de prensa.

Explicó que la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores por la investigación del caso golpe de Estado y no por las masacres que se realizaron en Sacaba y Senkata, por lo que analizarán nuevas medidas penales en contra de los responsables de esos hechos luctuosos.

“Nosotros no estamos cometiendo lo que ellos han cometido en el 2019, han asesinado, han herido con armas de fuego, han encarcelado y hoy no hay responsables hasta la fecha. La señora Jeanine Áñez no está detenida por los delitos de lesa humanidad que ha cometido, ella está detenida por el golpe de Estado”, reiteró.  

El 15 de noviembre, el régimen de Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 que autorizaba en su Art. 3 a los militares uso de la fuerza en manifestaciones y pretendía eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA. que participe en los operativos.

“El personal de las FF. AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art.11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, se lee en el Decreto, considerado como una carta blanca para matar.

El decreto fue firmado por Añez y 11 de sus ministros, en los que figuran: Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, Roxana Lizárraga, José Luis Parada, entre otros.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, aclaró este jueves que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, y las leyes vigentes en Bolivia, una autoridad jurisdiccional determinará la situación procesal de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y no así del Ministerio Público.

“El Ministerio Público no define ninguna situación procesal, siendo que los actos investigativos en sí lo sujetamos a control jurisdiccional, conforme establece el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. No podemos determinar la situación procesal de ningún investigado, incluida la señora Jeanine Añez”, aseveró Quispe.

Explicó que es el Órgano Judicial quien, a través de las autoridades jurisdiccionales, considera las peticiones de las personas que sienten que sus derechos son “mancillados”, por lo tanto, es la única instancia competente de establecer la situación procesal de la exmandataria de facto.

“Ha circulado el rumor de que dependería del Ministerio Público determinar la situación solicitada por la CIDH; sin embargo, el tenor de la Comisión señala claramente, como punto de referencia, al Órgano Ejecutivo que tiene en sus manos la solicitud de la Comisión Interamericana. Estos siete días que conminan son para el Órgano Ejecutivo y al mismo tiempo para que se ponga a consideración de la autoridad jurisdiccional alguna petición”, explicó, según un boletín institucional.

Jeanine Áñez está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz, desde marzo pasado, acusada por el caso golpe de Estado de 2019. La audiencia virtual de Áñez debía realizarse el pasado miércoles, pero fue suspendida por fallas informáticas.