En su informe de primer año de gestión, el presidente Luis Arce destacó los logros y avances en el área de Seguridad y Defensa integral con soberanía nacional.

“De manera arbitraria y sin justificación, durante el periodo de 2020 se incrementó el costo de la matrícula para el Servicio Premilitar de 850 a 1.300 bolivianos, nuestro gobierno nacional devolvió 450 bolivianos a 16.067 premilitares por concepto de cobro excesivo realizado por el gobierno de facto en la matricula del Servicio Premilitar”, indicó, según un boletín de prensa del Ministerio de Defensa difundido por Facebook.

Arce ponderó la consolidación del Sistema de Seguridad y Defensa y Control del Tránsito Aéreo de Bolivia (SIDACTA) que permitirá la detección de vuelos ilícitos (narcotráfico y contrabando) evitará la intrusión en el espacio aéreo, así como posibilitará la mejora de los servicios de gestión del tráfico de vuelos comerciales y militares.

“El proyecto ‘SIDACTA’ se encuentra en su fase final de implementación, con un avance de ejecución financiera de 92,0% y físico de 89,6%, que permitirá un adecuado control y vigilancia de espacio aéreo y la soberanía nacional”, indicó.

El Presidente enfatizó que el gobierno continuará profundizando la lucha decidida contra el contrabando, mediante operativos permanentes en las fronteras a cargo de la entidad castrense y en coordinación con la Aduana Nacional, utilizando todos los mecanismos que disponga el Estado en el cumplimiento de las tareas primordiales contra la actividad ilícita.

Entre los resultados, informó que a, septiembre de 2021, se realizaron 1.111 comisos valuados en Bs 140,4 millones a través de 22.972 operativos.

En lo que se refiere a la cantidad de efectivos militares asignados a la Lucha contra el Contrabando, en la gestión 2021, se incrementó el número de personal en 174%, indica el informe presidencial.

Por otro lado, el Presidente indicó que, durante la recuperación de la democracia, se estableció un nuevo enfoque de Lucha Contra el Narcotráfico, logrando concretar 8.606 operativos de interdicción, el cual muestra un incremento del 12,6% en relación al gobierno de facto, con secuestro de 16,5 toneladas de cocaína, 106,1 toneladas de marihuana, 921 fábricas destruidas y 2.612 personas aprehendidas, mostrando así que el gobierno actual está luchando contra el narcotráfico en el marco de la responsabilidad compartida.

“Entre el 8 de noviembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se alcanzó a racionalizar y erradicar 7.272 hectáreas, mostrando un incremento de 325% en relación al gobierno de facto, estas acciones se realizaron en el marco de la nueva Estrategia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025, reactivando el control social a la producción de la hoja de coca, en coordinación con las organizaciones sociales productoras de coca en el marco del diálogo, concertación y respeto a los derechos humanos”, indica el informe presidencial.

(Foto: VSC)

El presidente del Estado Luis Arce Catacora destacó este lunes la implementación del “Proyecto del Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Sub Nacional BOL-110” y el plan “Mi Barrio Seguro” para resguardar la seguridad de la población y luchar contra hechos delictivos y criminales.

“En este primer año de retorno a la democracia se dio continuidad al Proyecto del Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110 y, con la finalidad de luchar frontalmente contra el delito, se prevé consolidar la implementación de la plataforma del Sistema Integrado Subnacional BOL-110, unificada a nivel local e integrada con el nivel departamental y nacional”, destacó el primer mandatario en su informe de gestión.

Denunció que durante el régimen de Jeanine Áñez se descuidó la implementación del sistema de videovigilancia, que inició el 2014 con la instalación de cámaras de seguridad, ni tampoco se fortaleció la conformación de brigadas escolares y juntas vecinales como instancias de prevención del delito.

“El Gobierno de facto no dio continuidad a la implementación del sistema de videovigilancia (…) ni a la consolidación del Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana. Tampoco se continuaron ni se conformaron nuevas brigadas escolares y vecinales, como instancias de prevención del delito en los barrios y las escuelas”, indicó el mandatario.

Arce dijo que, mediante el Plan "Mi Barrio Seguro", se espera concertar espacios de diálogo a través de los cuales los representantes de las organizaciones sociales manifiesten sus necesidades, intereses, demandas y expectativas respecto a su percepción de la delincuencia e inseguridad en sus barrios.

“Mediante el Plan Mi Barrio Seguro, se espera concertar espacios de diálogo a través de los cuales los representantes de las organizaciones sociales, juntas vecinales, federaciones de gremiales, asociaciones de transportistas, manifiesten sus necesidades, intereses, demandas y expectativas respecto a su percepción de la delincuencia e inseguridad en sus barrios”, acotó.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que el proyecto de seguridad ciudadana Bol-110 se implementó en ciudades capitales e intermedias con “resultados efectivos en cuanto a la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada”.

“(El proyecto Bol-110) se constituye en un sistema integral prestando un servicio institucional y operativo en el marco de la prevención y atención de emergencias, incidentes, desastres, gestión de riesgos, atención sanitaria, entre otros”, señala un boletín institucional.

El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, informó este lunes que se investiga un triple Infanticidio registrado en una vivienda de la ciudad de Trinidad y detalló que las víctimas son tres hermanos de 11, 8 y 2 años de edad que murieron calcinados a consecuencia de un incendio en su casa.

La autoridad judicial agregó que la principal sospechosa por lo ocurrido es la madre de los menores de edad, Yoselin M.C., de 27 años de edad, quien se encuentra aprehendida en celdas policiales.

“El Ministerio Público realizó el registro del lugar del hecho, colectó y secuestró indicios materiales, procedió con el levantamiento legal de los cadáveres de los tres niños, dos mujeres y un varón, además de que se realizaron entrevistas testificales”, dijo, según una nota de prensa institucional.

Vásquez detalló que la autopsia médico legal realizada en los cuerpos de los niños determinó como causa de muerte anoxia anóxica, edema pulmonar acarminado y asfixia química de intoxicación por monóxido de carbono.

La fiscal asignada al caso, Luvia Peralta, detalló que una investigación determinó que el incendio se registró el domingo 7 de noviembre de 2021, luego de que la madre de los menores salió por la noche de su domicilio ubicado en la zona El Recreo II de la ciudad de Trinidad.

Indicó que la mujer dejó a sus tres hijos en un cuarto que estaba asegurado con llave y habría dejado encendido un mechero o una vela que provocó el siniestro donde las víctimas perdieron la vida.

Los vecinos del lugar llamaron a Radio Patrullas 110 al día siguiente, cerca de las 07.35 para informar que se produjo el incendio y que había tres personas calcinadas.

“Ante ese hecho, se hizo presente personal de la Fiscalía Departamental de Beni para dar inicio con la investigación del hecho”, finalizó.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó este lunes que de los nueves departamentos, ocho presentaron “total” normalidad y no acataron el paro convocado por algunos sectores políticos para esta jornada. Sin embargo, explicó que se arrestó a 95 personas en Santa Cruz y Cochabamba, quienes pretendían bloquear y que estaban bajo la influencia del alcohol; otros que fueron encontrados con armas punzo cortantes, gases y otros.

“De los nueves departamentos, en ocho se han llevado con total normalidad las actividades; respecto al número de arrestados, en el departamento de Santa Cruz tenemos 87 personas, en Cochabamba tenemos ocho personas que han sido arrestadas (…), uno de ellos se ha identificado que pertenecía a la Resistencia Juvenil Cochala, que además estaba portando armas punzo cortantes, gases y otros artefactos en su mochila”, explico Ríos a la prensa.

El viceministro detalló que los arrestados serán puestos a conocimiento del Ministerio Público para que se determine las sanciones correspondientes.

“En el caso de Santa Cruz, la mayoría de las personas que se han identificado estaban bloqueando en lugares de ese municipio (…), estaban en ingesta de bebidas alcohólicas, por lo cual han sido puestos a consideración de la Policía Boliviana”, acotó.

La autoridad indicó que el plan de control se realizará hasta que no exista riesgo en el libre tránsito de la población. Por lo que en el interior del país se desplegó alrededor de 4.000 efectivos policiales y en La Paz 2.000 policías quienes garantizarán la seguridad y la libre circulación.

En días pasados, algunos sectores políticos convocaron a un paro nacional indefinido a partir de este lunes 8 de noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo; sin embargo, gremiales, transportistas, médicos y otros rubros manifestaron que no acatarán esa medida.

El presidente Luis Arce afirmó este lunes que el Gobierno se comprometió a luchar de manera frontal contra la violencia hacia las mujeres. Destacó que en este primer año de gestión se realicen diversas acciones para garantizar a las mujeres bolivianas una vida libre de violencia, entre ellas, la emisión de Decreto Supremo Nº4399 que modifica el reglamento a la Ley Nº348 y la formación de promotoras comunitarias, entre otras acciones.

“Existe  el  compromiso  del  Gobierno  constitucional  de  luchar  frontalmente contra los delitos de violencia contra las mujeres. (…) En el primer año de  Gobierno,  entre  otras  acciones,  se  dotó  de  equipamiento  a  la  Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, se emitió el Decreto Supremo Nº4399 que modifica el reglamento a la Ley Nº348, (Integral) Para Garantizar  a  las  Mujeres  una  Vida  Libre  de  Violencia,  con  la  finalidad  de  reforzar  las medidas y acciones dirigidas a garantizar a las mujeres bolivianas una vida libre de violencia”, expresó el mandatario.

Indicó que en la gestión 2019, la Policía Boliviana recibió 35.577 denuncias  de violencia familiar y/o doméstica; en el 2020, las denuncias se redujeron a 29.749.

“Presumiblemente, por  las  medidas  de  cuarentena  rígida,  la  cual  generó  que  los  delitos ocurridos dentro del hogar por motivos de convivencia no sean denunciados”, explicó.

En el caso de los hechos de feminicidio, lamentó que en la gestión 2020 se suscitaran 102 hechos. Aseveró que la violencia contra las mujeres y los feminicidios son un “mal estructural” que afecta a toda la sociedad.

Detalló que en esta primera gestión se están fortaleciendo las capacidades de promotoras comunitarias contra la violencia  hacia las mujeres.

“Se fortalecieron las capacidades de las promotoras comunitarias contra la violencia hacia las mujeres y se realizó la gestión para su  evaluación  y  certificación  por  parte  del  Ministerio  de  Educación”, detalló.

Explicó que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y el Ministerio de Justicia llevaron  adelante  procesos  participativos  para realizar mejoras necesarias a la Ley Nº348, para reforzar la acciones y la prevención  de la violencia en razones de género.

Indicó que se presentó  el  Protocolo  Interinstitucional  de  la  Ley  N°1173,  de  Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia.

Destacó que los servidores públicos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi),  del Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU), FELCV y Ministerio Público se capacitaron para brindar una atención adecuada y oportuna. Además, se especializó a jueces y operadores de justicia para el juzgamiento con perspectiva de género.

(Foto referencial: Ministerio de Gobierno)

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, informó este lunes que durante esta primera gestión se realizaron 9.533 operativos de interdicción contra el narcotráfico en todo el territorio nacional. Denunció que durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez estas acciones sufrieron un retroceso del 28%.

“Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, se realizaron 9.533 operativos de interdicción, en los que se procedió a la incautación de cocaína, marihuana, sustancias químicas controladas utilizadas para su producción, hoja  de  coca  desviada,  y  a  la  destrucción  de  fábricas  y  laboratorios clandestinos”, indicó durante su informe de gestión.

Condenó que durante el régimen de Áñez, se causó un retroceso en la política antidroga de Bolivia “reflejando una falta de compromiso” en la lucha contra estos ilícitos.

“En el 2019 se realizaron 11.141 operativos de interdicción; en el 2020, dicha cantidad se redujo a 8.014, representando una caída de 28 por ciento”, cuestionó.

Destacó que a partir de la recuperación de la democracia se consolidó  el  “accionar propio” para  enfrentar  esta  actividad  ilícita y reducir el narcotráfico mediante la “Estrategia Contra el  Tráfico  Ilícito  de  Sustancias  Controladas  y  Control  de  la  Expansión  de Cultivos de Coca 2021-2025” que fue aprobada en abril de esta gestión en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas (CPI).

“El  Estado  define  sus  propias políticas y destina sus recursos financieros”, expresó el dignatario.

Explicó que la Estrategia Contra el  Tráfico  Ilícito  de  Sustancias tiene por objetivo reducir el narcotráfico mediante cuatro componentes: Control del tráfico ilícito de sustancias controladas; control de expansión de cultivos excedentarios de coca; diseño  e  implementación  de  la  política  integral  de  prevención  de consumo  de  drogas  en  el  ámbito  de  la  salud,  educación,  familia  y comunitario,  además de la regionalización  de  la  lucha  contra  el  narcotráfico  y  coordinación internacional.

Tras la recuperación de la democracia, el Gobierno nacional realizó 9.533  operativos de interdicción durante la primera gestión, logrando incautar sustancias controladas, sustancias químicas para la producción de droga, además de evitar el desvió de la hoja de coca. Asimismo, se destruyó fábricas y laboratorios clandestinos.