Santa Cruz, 05 de enero de 2023 (ABI). – La quema de las instalaciones del Ministerio Público en la capital cruceña provocó la pérdida de documentación y evidencias en casos de corrupción que implican a la gobernación administrada por Fernando Camacho, a la alcaldía e incluso a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
“En el incendio de la Fiscalía se ha perdido mucha documentación, muchas evidencias sobre estos casos de corrupción”, denunció este miércoles el director departamental de la FELCC, coronel César Cossio.
Explicó que la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) funcionaba en el último piso de la Fiscalía Departamental y con el ataque de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) además de afectar seriamente las instalaciones afectaron a los procesos de investigación.
Detalló que entre la documentación que se perdió como causa del incendió están los casos más grandes de corrupción como los casos Carro Bombero, Pacheco, Ítems fantasma de la alcaldía cruceña e irregularidades en la universidad pública, entre otros.
El 28 de diciembre, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, una turba de gente afín al excívico irrumpieron contra el edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Aproximadamente a las 17.40 de ese miércoles, el grupo vandálico, rompió los candados y vidrios, saquearon el lugar y le perdieron fuego y dejando las instalaciones inhabitables.
Nueve de los involucrados en este hecho fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva. Ellos fueron encontrados con objetos pertenecientes al Ministerio Público como impresoras, computadoras y otros objetos, además de petardos. De este monto, Bs 2,1 millones le fue depositado a su cuenta en una entidad financiera y Bs 2,4 millones en transferencias a las cuentas de otras personas.
Lejos de refutar estas evidencias, el movimiento cívico reunido en Santa Cruz determinó convocar para el 10 de enero a marchas de protestas en todo el país y posteriormente a movilizaciones escalonadas exigiendo la liberación de Camacho.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, no dudó en calificar de “política” la convocatoria. Argumentó que el gobernador cruceño conocía del proceso, defendió el accionar del Ministerio Público y rechazó las aseveraciones de que Camacho habría sido secuestrado.
“Nosotros entendemos esto como un tema político, hay familias que piden justicia y necesitamos que se genere en ese marco”, insistió Alcón.
No obstante, aseguró que el derecho a la protesta de todos los sectores está garantizado en tanto no vulneren la normativa u ataquen o dañen la infraestructura pública. Afirmó que los autores serán procesados.
GMM/Mac