Excanciller Longaric avaló tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos
Excanciller Longaric avaló tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos

La excanciller del gobierno de facto, Karen Longaric, avaló los tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal para el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de Gobierno, negociado que fue realizado por Arturo Murillo junto a sus principales colaboradores.

Longaric, de origen croata al igual que Murillo Prijic, nunca observó dicha compra desde su Despacho, admitiendo como Canciller las compras con sobreprecio a través de empresas intermediarias, según señaló este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Ya es momento que la señora Longaric haga su declaración, que le diga al país, como corresponde en el debido proceso, por qué ella ha permitido la aprobación de esos decretos, por qué como Canciller ha permitido que la relación directa con Brasil permita robarle al Estado boliviano”, subrayó.

Ante el anuncio de su convocatoria a declarar a la Fiscalía en calidad de testigo en el caso, la excanciller del régimen golpista, al igual que sus colegas del gabinete de Jeanine Áñez, respondió y dijo que “la lógica administrativa es que cada ministro responde por su área”, en un intento de alejarse de sus responsabilidades y de negar su cercanía con Murillo.

En este sentido, el titular de Justicia ratificó la convocatoria para Longaric y para todos sus colegas del gabinete de facto para que digan su verdad ante la Fiscalía y respetando el debido proceso.

“Si tiene explicaciones, que las dé ahora, todo esto que han hecho los políticos de lavarse las manos lo van a tener que explicar ante la Fiscalía y si tienen una verdad, si tienen la posibilidad de convencer al país que no tienen relación con Arturo Murillo, tendrá que decirnos también por qué no lo ha denunciado en el tiempo oportuno”, mencionó.

Por su parte, el diputado Juanito Angulo (MAS) recordó a Longaric que su relación con Murillo fue tan cercana que, en diciembre de 2019, designó a su hermana, Jacqueline Mercedes Murillo Prijic, como cónsul de Bolivia en Miami (Estados Unidos), sin importar que incurría en un acto de nepotismo.

“Esto no es nepotismo. Creo que cuando una persona está capacitada para ejercer el cargo, el tema del parentesco no debería ser un óbice”, justificó Longaric en ese entonces.

El Legislador pidió que la exautoridad sea convocada a declarar, no solo por avalar la compra irregular de armamento no letal con sobreprecio, sino por incurrir en un caso flagrante de nepotismo.

“No es posible que se designe a la hermana de un ministro como cónsul, eso es ilegal y por eso tiene que responder la excanciller Longaric, tiene que ser convocada y declarar por qué procedió con esta designación sabiendo que era irregular, en este caso de nepotismo. Pero esta es solo una muestra de otras irregularidades que se han cometido en el régimen de facto”, recordó el legislador.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este lunes que se solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cite a todo el gabinete de Jeanine Áñez, incluida ella, para que declaren por los casos de corrupción que se ocasionaron tras la aprobación de los primeros tres decretos de su gobierno de facto.


 
Siles: Ministros de Áñez firmaron decretos sin sustento legal que autorizó la compra de gases lacrimógenos a través de un intermediario
Siles: Ministros de Áñez firmaron decretos sin sustento legal que autorizó la compra de gases lacrimógenos a través de un intermediario

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que los ministros del gabinete del régimen golpista de Jeanine Áñez firmaron tres decretos que no tenían sustento legal, a través de los cuales se procedió a la compra irregular de gases lacrimógenos. 

“No hay los informes técnicos ni legales que sustenten la emisión de los tres decretos que fueron, sin duda, los que motivaron la compra irregular, se autorizó la contratación por excepción, se autorizó la transferencia de recursos, se autorizó la compra a través de un intermediario, a través de estos decretos supremos”, ratificó en una entrevista radial.

Siles indicó que es por esta razón que el Ministerio de Justicia solicitó que se los cite a declarar en calidad de testigos para que aclaren su participación en la emisión y firma de los decretos supremos cuestionados: 4090, 4116 y 4168.

“Queremos que aclaren ante el Ministerio Público, no ante la opinión pública ni los medios de comunicación sobre cuál ha sido su intervención en la emisión de estos decretos supremos, que sin duda fueron los que motivaron la compra irregular, daño económico al Estado, posteriormente el soborno, el lavado de activos, la legitimación de ganancias ilícitas, como dice nuestra legislación”, explicó.

La autoridad aclaró que será la investigación del Ministerio Público la que determinará la situación procesal de los convocados luego de que presten su declaración.

“A juicio nuestro, institucional, creemos que, por el simple hecho de haber firmado estos decretos supremos posiblemente contrarios a la Constitución y las leyes, contrario a la propia Ley de Armas, hacen responsables a estas autoridades que solidariamente, como dice la Constitución, deben responder por sus actos”, declaró.

Asimismo, aclaró que, en el tema de la compra de gases lacrimógenos, se llevan adelante dos procesos penales diferentes, gases lacrimógenos uno y dos.

“El uno es un proceso que data de enero del presente año en el cual están imputados el señor López, Murillo y otras personas, se están investigando hechos de corrupción a momento de realizarse la compra por contratación, por excepción de gases lacrimógenos y es en este proceso que el Ministerio de Justicia ha pedido el día de hoy que se cite a declarar en calidad de testigos a todas las autoridades del gobierno de facto”, precisó.

El caso gases lacrimógenos dos fue iniciado la pasada semana con base en un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sobre retiros a cargo de personas que habían sido encomendadas por Murillo y de su entorno tanto laboral como familiar, y transferencias de dinero posiblemente proveniente de hechos de corrupción.

“Son dos casos diferentes. El primero, donde el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, es parte coadyuvante; y el segundo, donde el Ministerio de Gobierno es también parte coadyuvante junto con el Ministerio Público” precisó Siles.

 


Viceministra: Gabinete de Áñez debe explicar motivos, procedimiento y falta de control a las compras que hizo Murillo con sobreprecio
Viceministra: Gabinete de Áñez debe explicar motivos, procedimiento y falta de control a las compras que hizo Murillo con sobreprecio

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, dijo este lunes que los integrantes del gabinete de Jeanine Áñez deben explicar ante los fiscales, los procedimientos, las motivaciones y el control en la aprobación de tres decretos que fueron el marco para que el exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, junto a una red nacional e internacional, pueda comprar equipos antidisturbios con un sobreprecio de más de $us 2,3 millones.

Ríos, entrevistada en el programa 180, de radio Patria Nueva, dijo que su despacho es parte del proceso judicial que se impulsa contra Murillo, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, y otros exfuncionarios públicos que estuviesen involucrados en la adquisición irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Esta compra con el millonario sobreprecio, motivó la detención de Murillo en EEUU quien está acusado de soborno y lavado de dinero.

"Entre diciembre, enero y febrero se aprobaron varios decretos. Estos decretos tenían, como fondo, facilitar una compra de material antidisturbios a favor del Ministerio de Gobierno que, por hecho de estos decretos y una forma extraña y fuera de la norma, se realizó a través del Ministerio de Defensa. En esa oportunidad se entendió que esa compra tenía el objetivo de evitar el pago de impuestos porque el Ministerio de Defensa, por la Ley LOFA (Ley Orgánica de las FFAA) tiene la posibilidad de comprar este material bélico con exención tributaria", dijo la Viceministra.

Por la firma de esos decretos, los entonces integrantes del gabinete de Áñez deben explicar los motivos para la autorización, los procedimientos que se siguió y los mecanismos de control que se efectuaron a una transacción internacional total de $us 5,6 millones.

"Yo esperaría que la señora Jeanine Áñez y todo su gabinete, más bien, nos den luces de todo lo que ha pasado, ¿cuál ha sido el procedimiento a partir del cual se han aprobado estos decretos?, y, sobre todo, ¿cuáles fueron las motivaciones?, (…) que nos ayuden a aclarar por qué se han emitido estos decretos, ¿por qué se ha dado este singular procedimiento?, ¿por qué se ha permitido esta compra?, ¿por qué no se ha hecho el control sobre este sobreprecio?, manifestó.

Ríos dijo que si los exministros no tienen responsabilidades en la aprobación de los decretos, deberían acudir voluntariamente a la Fiscalía para esclarecer su participación en la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.


Parte del sobreprecio de $us 2,3 millones por compra de gases lacrimógenos fue invertido en un proyecto inmobiliario
Parte del sobreprecio de $us 2,3 millones por compra de gases lacrimógenos fue invertido en un proyecto inmobiliario

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que una gran parte de los $us 2,3 millones de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal fue invertido en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

"Ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción, gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó. Así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Dorado”, informó en una conferencia de prensa.

Del Castillo aseguró que se trabajará para recuperar cada centavo que fue robado al pueblo boliviano durante la pandemia.

La autoridad explicó de manera detallada la "Ruta del Dinero" del clan mafioso del gobierno de Jeanine Áñez que, de acuerdo a informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos (EEUU), contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pudo dar con el destino de una parte del dinero generado por corrupción.

Recordó que el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones, monto que Fernando López intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia (BCB) con un giro de aproximadamente $us 5.649.137.

“Casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia”, detalló.

Explicó también que el Banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observó que la cuenta de BTS había sido abierta tres días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecutó dicha transacción.

Por tal motivo, López trató una vez más de realizar el pago, logrando su cometido y haciendo un pago de $us 3,9 millones a la empresa BTS, posteriormente transfirió el saldo restante de $us 1,7 millones, haciendo un total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $us 2,3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero del clan que fueron en cuatro depósitos.

Recordó que el Ministerio de Gobierno abrió alrededor de 30 procesos judiciales por daño económico de más de Bs 150 millones de bolivianos.


Bolivia retoma políticas de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y lucha contra el narcotráfico sin excusa por la pandemia
Bolivia retoma políticas de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y lucha contra el narcotráfico sin excusa por la pandemia

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalló este lunes que la pandemia por el coronavirus no fue una excusa para dejar de generar políticas en beneficio de la sociedad, situación que obviaron las autoridades que tomaron el poder con un golpe de Estado en 2019.

“Bolivia ha vivido un momento especial, ya que en noviembre de 2019 ha habido una interrupción al mandato legal a causa de un golpe de Estado, asumiendo un gobierno ilegitimo pero que además ha tenido una política devastadora”, señaló Del Castillo, a tiempo de mencionar que el gobierno de facto no luchó contra el narcotráfico, excusándose en la crisis sanitaria.

La autoridad hizo esas declaraciones durante el III Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, que tocó el tema de Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática, organizada por la Friedrich Ebert Stiftung (FES), según un boletín de prensa.

Del Castillo señaló que las autoridades del régimen de Jeanine Áñez usaron el COVID-19 para proteger al narcotráfico y al crimen organizado transnacional; pero con el retorno de la democracia al país, se retomó el modelo boliviano de erradicación de la hoja de coca excedentaria, lucha contra el narcotráfico, entre otros, generando resultados favorables para el bien del país.

Asimismo, indicó que un tema que todavía se debe trabajar, es la tasa alta de feminicidios y violencia y familiar, situación que presenta números similares en las últimas tres gestiones.

Entre otros temas, manifestó que, para el control del coronavirus, se apela a la conciencia del pueblo con medidas de prevención, en vez de la represión, como se usó durante el Gobierno de facto.

El Ministro dijo que el Gobierno boliviano pidió ayuda a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para generar protocolos que permitan la destrucción e incineración de fábricas de droga, sin afectar a la Madre Tierra; además, el Estado reforzará los controles para sancionar a quienes afecten al medio ambiente con la minería ilegal.

En cuanto a la transformación digital para mejorar la Seguridad Ciudadana, Del Castillo mencionó que un punto alto en el país es la implementación del sistema Bol-110.

Expresó que la lucha contra la corrupción, también es una tarea que se está desarrollando con la digitalización de los trámites a realizar, para que estos sean más rápidos, y exista menos probabilidad de que exista corrupción.

“Como Estado boliviano debemos apostar por la digitalización y tecnologización de nuestro Gobierno, porque mientras más rápido realicemos los trámites, menos oportunidades de corrupción generamos en algunas entidades del Estado, con tecnologías para luchar contra la corrupción que es algo que estamos desarrollando y con una normativa para la operabilidad de todos los sistemas judiciales”, manifestó.

En el congreso participó la ministra de Seguridad de Argentina, el viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el representante de la FES de Colombia, el representante de la FES en Argentina y el ministro de Gobierno de Bolivia.


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