Excuñado y hermana de Arturo Murillo fueron trasladados a la cárcel de El Abra
Excuñado y hermana de Arturo Murillo fueron trasladados a la cárcel de El Abra

El excuñado de Arturo Murillo, Daniel Aliss y la hermana del exministro de Gobierno, Mireya Murillo, fueron trasladados este miércoles al recinto penitenciario de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, donde deberán cumplir detención preventiva por el caso gases lacrimógenos, delito por el que arrestaron a la exautoridad de facto en Estados Unidos (EEUU).

“Ambos aprehendidos pasarán primero por un periodo de aislamiento durante 15 días con el fin de descartar contagios de coronavirus. Luego de cumplir con este procedimiento, Aliss permanecerá en el penal de El Abra y Mireya Murillo será trasladada a la cárcel para mujeres San Sebastián en el mismo departamento”, señala un reporte de Bolivia Tv.

Tanto Aliss como la hermana del exministro fueron aprehendidos por su presunta vinculación en los delitos de lavado de dinero y sobornos durante la gestión de Murillo, el principal acusado.

El excuñado de Murillo fue seguido por la Policía cuando retiró dinero y objetos de valor de la caja de seguridad de una entidad bancaria que estaba a nombre del exministro.

Por otra parte, Mireya Murillo fue aprehendida cuando, supuestamente, pretendía salir del país con una gran cantidad de dinero.

A la lista se sumaron otras dos personas que en Cochabamba intentaron impedir uno de los allanamientos al bufete de Rodrigo Méndez, exjefe de Gabinete de Murillo, los cuales están acusados por obstaculización de la justicia.

En los 10 allanamientos, cuatro en La Paz; cuatro en Cochabamba, y dos en Santa Cruz, se logró incautar documentación referida a las compras, contratos, retiros de bancos, depósitos, armas, uniformes, vehículos, perros de raza y hasta sustancias controladas, entre otros que son investigados por las instancias correspondientes.


 
Abogado se suma a las denuncias contra Murillo por préstamo de gases lacrimógenos y apunta a Ecuador
Abogado se suma a las denuncias contra Murillo por préstamo de gases lacrimógenos y apunta a Ecuador

El abogado Gary Prado informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, presionó y gestionó, mediante el Ministerio de Defensa, el préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador con el argumento de dotar a la Policía Boliviana de insumos antimotines durante el régimen de Jeanine Áñez.

En mayo, Murillo fue aprehendido en EEUU acusado por lavado de dinero y sobornos debido a su participación en un caso de adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Prado aseguró que el caso del préstamo ocurrió mientras Murillo hacía las gestiones para adquirir los gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

“Se prestaron un avión de la Fuerza Aérea y le pidieron al Gobierno ecuatoriano el valor equivalente a 9 millones de bolivianos de gas para suplir hasta que llegue esta compra y nunca les devolvieron”, indicó el abogado que asumió la defensa de dos exfuncionarios vinculados al caso, mismos que están privados de libertad, según reporte de ATB.

El jurista dijo que Murillo presionó para que se opte por el préstamo con el argumento de que la Policía Boliviana no contaba con la dotación necesaria de agentes químicos y vinculó al Ministerio de Defensa.

“Antes que mis clientes fueran funcionarios del Ministerio de Defensa, se había procedido a proveer un vuelo de la Fuerza Aérea hasta Quito, Ecuador, a recoger ese material”, aseveró. 

Dijo que Ecuador reclamó el préstamo al entonces ministro de Defensa, Fernando López, por los gases lacrimógenos prestados en 2020.

La denuncia de Prado se suma a lo dicho por la exministra de Comunicación de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, quien sostuvo, en una entrevista con radio Fides, que al tener la versión de que la Policía y las FFAA no contaban con agentes químicos para dispersar un supuesto intento de explotar la planta de Senkata, el Gobierno de facto solicitó un préstamo de estos agentes químicos a un “gobierno amigo”.


Aprehenden a exfuncionario de Salud por la compra de respiradores chinos con sobreprecio durante el régimen de facto
Aprehenden a exfuncionario de Salud por la compra de respiradores chinos con sobreprecio durante el régimen de facto

La Fiscalía determinó este miércoles la aprehensión del abogado Jorge S., exintegrante de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de Deberes en la compra de 324 respiradores chinos con sobreprecio, transacción realizada durante el régimen de facto.

El informe fue brindado a Bolivia Tv por el fiscal departamental Marco Villa quien dijo que, hasta la fecha, tres personas fueron aprehendidas y se investiga a un total de 18 exfuncionarios del Ministerio de Salud que tuvieron que ver con la compra irregular de los equipos médicos en plena pandemia del coronavirus.

"Hemos encontrado indicios de la participación de esta persona, un abogado que fungía en el anterior gobierno en la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud (...) hemos podido establecer la evacuación de informes técnico legales con las cuales esta persona habría suscrito", indicó el Fiscal.

Explicó que el abogado Jorge S. habría firmado las adendas a los contratos que permitieron la adquisición de los 324 respiradores chinos.

El jurisconsulto está acusado por los presuntos delitos de incumpliendo de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, informó el Fiscal.

Según la denuncia que radica en la Fiscalía, el Estado boliviano pagó por cada respirador chino la suma de $us 35.858 pese a que cada equipo tenía un precio de fábrica de unos $us 18.500 la unidad, por lo que se presume de un sobreprecio millonario.

Esta adquisición irregular no se realizó directamente con la empresa fabricante sino mediante una empresa intermediaria, de manera similar a la transacción efectuada por Arturo Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos cuando también se recurrió a intermediarios.

En este caso de los respiradores chinos, la justicia determinó, en abril, la detención domiciliaria, una fianza de Bs 70.000 y arraigo para la exministra de Salud, Heidy Roca.


Contabilizan 371 vehículos indocumentados comisados desde enero en la lucha contra el contrabando
Contabilizan 371 vehículos indocumentados comisados desde enero en la lucha contra el contrabando

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este miércoles que se comisó 371 vehículos indocumentados con operativos realizados entre el 01 de enero y el 26 de mayo de este año por miembros del Comando Estratégico Operacional en las fronteras del país.

“Del total de vehículos incautados, entre camiones, vehículos medianos y livianos, motos y lanchas; 332 son decomisados y 39 fueron incinerados”, manifestó de acuerdo con una nota de prensa institucional.

La autoridad estatal explicó que varios de los vehículos incautados contenían mercadería y productos de consumo de contrabando, que son trasladados periódicamente desde unidades militares hacia los recintos regionales de la Aduana Nacional.

Sin embargo, recordó que las operaciones de transporte de la mercadería ilegal son susceptibles a reacciones de pobladores y contrabandistas que pretenden recuperar los motorizados o la carga, por lo que los efectivos militares son objetos de agresión.

En ese sentido, la autoridad destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas en los diferentes operativos de lucha contra el contrabando.

“El apoyo que vienen brindando las Fuerzas Armadas es muy importante, puesto que las actividades que venimos realizando en toda la zona de seguridad fronteriza es intensa debido a que permanentemente se realizan actividades y operaciones militares de localización, identificación y principalmente operaciones de interdicción a toda actividad ilícita que tiene el contrabando en todas las zonas de seguridad fronteriza del territorio nacional”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que los logros en la lucha contra el contrabando fueron el resultado de 3.946 operaciones tácticas en la lucha contra el contrabando, entre patrullajes, la instalación de puestos de control fijos y móviles, reconocimientos, escoltas, traslado de comisos, operaciones logísticas, transporte y vuelos de reconocimiento.

Las tareas involucraron, detalló, 2.709 operaciones terrestres, 129 pluviales y 29 aéreas.

Finalmente, expresó que el presidente Luis Arce instruyó realizar un control más efectivo, intenso y contundente contra el contrabando, para impedir que mercadería ilegal sea internada en el territorio nacional, con el fin de proteger la hegemonía y la producción económica nacional.


Jerjes Justiniano: “Los ministros que firmaron el decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas”
Jerjes Justiniano: “Los ministros que firmaron el decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas”

“Los ministros que firmaron el decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas”, sentenció este miércoles el exministro de la Presidencia del gobierno de facto, Jerjes Justiniano, en referencia al intento de deslindarse de responsabilidades por parte de exautoridades que conformaron el gabinete del régimen de Jeanine Áñez, respecto a la adquisición con sobre precio de material antidisturbios.

“Hay que recordar que entre el 10 y el 12 de diciembre, se firma un decreto supremo autorizando la compra (…), los ministros que firmaron ese decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas porque ellos firmaron”, afirmó, en un contacto telefónico con Bolivia Tv.

Indicó que para la firma de un decreto supremo “se hace una serie de informes para que cada ministro conozca los detalles de eso. Entonces, no pueden los ministros ahora venir a decir que no conocían de este proceso, ellos sí conocían”.

Justiniano señaló que la compra de agentes químicos no debió autorizarse a través de un decreto supremo, toda vez que es una “compra casi recurrente” del Ministerio de Gobierno.

“Pero como era tan irregular el trámite, porque empieza el trámite en el Ministerio de Gobierno, pero luego concluye y firma el contrato de venta el Ministerio de Defensa. Yo creo que para tratar de justificar lo injustificable, fue que quisieron firmar un decreto supremo cuando no era necesario”, sostuvo.

Entre el 3 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020, el gobierno de facto puso en vigencia los tres decretos que viabilizaron la compra de material antidisturbios, a través de la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación.


© CopyRight — Agencia Boliviana de Información 2024 ABI