Los exministros de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga y Jerjes Justiniano. Foto: Composición RRSS.
Jerjes Justiniano, abogado de la manada, es el segundo ministro de Áñez que pide asilo en EEUU

Jerjes Justiniano, abogado de la manada, es el segundo ministro de Áñez que pide asilo en EEUU

La Paz, 11 de marzo de 2023 (ABI). – El exministro de la Presidencia de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano, tomó el mismo camino que su colega de Comunicación, Roxana Lizárraga, y anunció que no enfrentará a la justicia en el país y se quedará en Estados Unidos donde tramita una solicitud de asilo político.

Justiniano, un abogado penalista, fue echado por Áñez después de 21 días en el cargo con graves denuncias de coacción, amenazas e ‘injerencia’ en un proceso judicial por una violación grupal en Santa Cruz, denominado el caso ‘Manada’.

En su condición de autoridad intervino en la administración de justicia para liberar de polvo y paja a uno de sus defendidos, acusado de violar junto a otras cuatro personas a una joven mujer.

Jerjes Justiniano, político como su padre, llegó a la Presidencia del régimen de facto como una cuota de poder del entonces cívico Fernando Camacho.

El 10 de noviembre de 2019 participó como delegado del millonario cívico en la convocatoria de la jerarquía católica a actores políticos y diplomáticos a una reunión en la Universidad Católica Boliviana en la que se excluyó al gobierno y al Movimiento Al Socialismo.

El “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020 que fue presentado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), señala que entre los “facilitadores del diálogo” estuvieron presentes: el Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana; el Secretario General Adjunto, P. José Fuentes Cano; y Juan Carlos Nuñez. Por el cuerpo diplomático: el embajador de Brasil, Octavio Henrique Cortes; el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; el embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda; y el exembajador de España, Carmelo Angulo; por los comités cívicos estuvo presente Jerjes Justiniano (enviado de Camacho); por el CONADE, Waldo Albarracín y, por parte de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz (asesor de Carlos Mesa)”.

En esa reunión secreta, se le ofreció la presidencia a la senadora marginal y poco conocida Jeanine Áñez.

El relato de la CEB es el siguiente: “Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado y no había presentado su renuncia. En mérito al Reglamento Interno del Senado y la configuración de su directiva, le correspondía reemplazar a la presidente saliente y al primer vicepresidente que también había renunciado. En conclusión, Áñez se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado. Desde la sala de reunión, ante las dudas de todos y, a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Jeanine Áñez, vía telefónica y con micrófono abierto le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado. Ella respondió: ‘si es para servir al país, aquí estoy’", señala el informe.

Camacho reveló que su padre, el empresario José Luis Camacho, negoció y alcanzó acuerdos con militares y policías para que desobedezcan al Gobierno y apoyen los preparativos para el golpe de Estado.

“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, reveló Camacho a un grupo de personas. Dijo que su asesor personal, el futuro ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue el nexo con los militares para que traicionaran a Evo Morales.

“Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo a Morales para que renuncie)”, agregó Camacho en un video que circula en redes sociales.

Justiniano, quien fue en todo ese andamiaje una pieza central, una vez alejado del poder describió al régimen de cuerpo entero: “El gobierno de Áñez se desnaturalizó, no fue de transición, quiso perpetuarse en el poder, fue una mala gestión, una gestión corrupta, y por lo tanto muchos aliados están huyendo porque fueron parte de esa corrupción”, dijo a la red PAT.

De acuerdo con Justiniano, Áñez no tenía capacidad ni liderazgo.

De Arturo Murillo, preso en Estados Unidos por sobornos y lavado de dinero, aseguró que era quien convencía a la exparlamentaria de las acciones que debía asumir.

El exministro de Economía del régimen inconstitucional, Óscar Ortiz, afirmó también en su momento que Áñez le había entregado el gobierno a Murillo, a quien calificó como una persona sin capacidad.

“Cuando uno en la vida no se porta bien, cuando uno en la vida no actúa correctamente, a veces la soledad es el castigo que la propia vida le depara”, señaló Jerjes Justiniano en alusión a la “soledad” en la que enfrenta el juicio ordinario en su contra por las acciones que tomó cuando fue segunda vicepresidenta del Senado, para posteriormente asumir en 2019 la Presidencia del Estado de forma irregular.

La exautoridad de la Presidencia fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso Golpe de Estado I, a la cual no se presentó debido a que tuvo que viajar a Brasil supuestamente por temas de salud.

El exministro Justiniano —según la parte denunciante— representó al excívico Luis Fernando Camacho en las reuniones extra legislativas en la Universidad Católica Boliviana.

Decreto de la muerte

Justiniano fue uno de los ministros del primer gabinete de Áñez que, como su colega Roxana Lizárraga, firmó el Decreto Supremo 4078, bautizado luego como el “decreto de la muerte”.

Lizárraga, con ayuda del exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio en Bolivia, anunció su pedido al gobierno estadounidense en junio de 2021.

Vigente desde el 15 de noviembre de 2019, el decreto de la muerte eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares y policías.

Luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba la polémica norma fue abrogada.

Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.

En 10 días de vigencia del Decreto Supremo 4078, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.

Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Áñez dijo que se había logrado la “pacificación”.

Mac/Afbs


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