Uyuni, Potosí, 10 de marzo de 2023 (ABI). – La Federación Regional Única de Trabajadores y Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas) de Potosí denunció que móviles políticos activaron reducidas protestas en contra de la industrialización del litio, por lo que se declaró en estado de emergencia para defender el proyecto y al Gobierno nacional.
La determinación, asumida en una reunión de dirigentes que representan a las cinco provincias y once municipios del sud oeste potosino, se tomó ante las protestas en Uyuni, un día después de que dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declararon en huelga de hambre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en La Paz, aunque poco después fueron retirados.
El secretario ejecutivo de Frutcas, Basilio Marca, apuntó de manera directa a la dirigente Yamile Cruz, quien también es parte de la federación, como una de las promotoras de la movilización, reportó El Salar, Radio-Periódico.
Aseguró que existe un “acuerdo político” entre Cruz y la dirigencia de Compico, para afectar la industrialización con un proyecto de ley del litio que incluso pone en duda a Uyuni como sede de las oficinas de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), empresa estatal que encara los trabajos para industrializar el metal liviano con gran demanda en el exterior para baterías.
El dirigente Daniel Batallanos coincidió con Marca y aseguró que Cruz “ha firmado el acuerdo de la ley del litio con Comcipo”, por lo que con “30 personas fue a bloquear en Uyuni”.
Ante las acciones de estos sectores, Frutcas reafirmó en una resolución su respaldo a “toda la gestión de nuestro hermano ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina” y demandó “la aceleración de la industrialización de los recursos evaporíticos y del litio para tener una reconstrucción económica, desarrollo y progreso verdadero de la región del Sud Oeste potosino”.
De igual manera, reafirmaron su respaldo a la democracia y apoyo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.
Marca solicitó al Ministerio Público asumir acciones legales en contra de las personas que intentan afectar, no solo el desarrollo económico del país y de la región del Sud Oeste potosino, sino también la democracia.
Dijo que hechos como la brutal agresión que sufrió el 6 de marzo el diputado del MAS-IPSP y presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, Abelardo Colque, no pueden quedar en la impunidad.
Por esa golpiza, Nicolás J.R., Felicia V.C. y Néstor S.N. fueron enviados al penal de Cantumarca con detención preventiva. Con medidas sustitutivas a la detención fueron beneficiados Zenobia H. y Ada V. L.
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