El Alto, 06 de marzo de 2023 (ABI). – En ocasión de conmemorar los 38 años de creación de la ciudad de El Alto, el presidente Luis Arce afirmó que se avanzó en el mandato de justicia por el golpe de Estado de 2019, cuando se pretendió enterrar para siempre la Revolución Democrática y Cultural.
“Hemos avanzado en algo muy importante y que nos pedía el pueblo entre lágrimas, dolor y resistencia el año 2020: justicia”, afirmó durante la sesión de honor del Concejo Municipal en el auditorio Jacha Uta, en el Distrito 4, de la ciudad de El Alto.
Arce aseguró que la “tradición de lucha, de dignidad y de conciencia revolucionaria que caracteriza a alteños y alteñas” se manifestó “en las trágicas jornadas de noviembre de 2019, cuando un artero golpe de Estado nos arrebató la democracia, y pretendió enterrar para siempre nuestra Revolución Democrática y Cultural”.
De ese pasaje, recordó esos momentos en “los que el pueblo alteño, unido y combativo, salió a las calles para defender a nuestra wiphala, símbolo patrio y código ancestral, así como para defender la dignidad de las mujeres de pollera”, luego de las acciones perpetradas por algunos policías que arrancaron de sus uniformes el símbolo de la wiphala y lo quemaron.
Ese episodio de la historia se dio luego que Evo Morales renunciara a la presidencia, como consecuencia de una prolongada movilización violenta de los cívicos, entre octubre y noviembre de 2019, a la que se sumaron el motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas al presidente de dimitir.
Luego se supo que ambas instituciones se mantuvieron acuarteladas y no cumplieron con su misión constitucional, por gestiones realizadas por Fernando López, quien fue a ocupar el cargo de ministro de Defensa en el régimen de facto de Jeanine Añez, y de José Luis Camacho Parada, padre del excívico Luis Fernando Camacho, ahora encarcelado.
“Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue mi padre que cerró con militares para que no salgan, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con todos ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa y por eso está de ministro para cumplir todos los compromisos”, confesó Camacho, el 27 de diciembre de 2019, en una grabación que fue divulgada por varias plataformas y medios de comunicación.
Camacho, quien fue aprehendido el 28 de diciembre, guarda detención preventiva acusado de cohecho y seducción de tropa, además del cargo de terrorismo, por su participación en el golpe de Estado de 2019.
Pero además, Camacho fue parte de la estructura de gobierno del régimen de facto con la designación de varios ministros y funcionarios de entidades como Impuestos Nacionales y de la estatal Entel.
También formó parte el excívico Marco Pumari, procesado por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, en noviembre de 2019, con el argumento de que se había cometido fraude.
Pumari fue detenido el 9 de diciembre de 2021. Primero estuvo en el penal de San Miguel, en Uncía, y actualmente se encuentra recluído en el penal de Cantumarca, en Potosí.
La exsenadora Jeanine Añez, que se autonombró titular del Senado y presidenta del país ante una Asamblea Legislativa sin quórum, también es procesada por el golpe de Estado de 2019.
Aprehendida el 13 de marzo del 2021, el 10 de junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, la sentenció a 10 años de prisión, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
En esa ocasión, el Tribunal también determinó que el excomandante de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández Toranzo y el excomandante también de las FFAA Sergio Orellana sean condenados a cuatro años de cárcel en el penal de San Pedro.
En tanto, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta fue sentenciado a tres años de prisión y el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, a dos años de cárcel en el penal de San Pedro.
La entonces senadora violentó tres artículos de la Cámara de Senadores al proclamarse presidenta de ese cuerpo legislativo, tres artículos del reglamento de Diputados al instalar una sesión de Asamblea ilegal y nueve artículos de la Constitución Política del Estado para alcanzar ilegalmente la primera magistratura, según la Fiscalía.
Añez también tiene en carpeta un proceso por los hechos de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, que dejaron más de una veintena de muertos. Fueron calificadas de masacres, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indagó la crisis de 2019.
El 17 de enero, los fiscales Walter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Favio Maldonado Parada comunicaron al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto que el Ministerio Publicó determinó ampliar el proceso penal en contra de la expresidenta de facto por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019.
A partir de la ampliación del proceso, el Comité Impulsor del juicio de responsabilidades anunció que procesará al gabinete de ministros que, junto con la exsenadora, “dieron carta blanca” a las Fuerzas Armadas para reprimir a la población con la aprobación del Decreto Supremo 4078, el 15 de noviembre de 2019, porque eximía de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en operativos de “restablecimiento del orden”.
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