El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este domingo que se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el anteproyecto de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, que reforma la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
Lima enfatizó que la política definida por el gobierno del presidente Luís Arce es de cero tolerancia a la corrupción, y que, al haberse identificado una serie de falencias, es preciso modificar varios aspectos de esta normativa.
“El cero tolerancia a la corrupción no puede nunca ser incompatible con el debido proceso, y para eso trabajamos un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Comisión de Justicia Plural y va a ser tratado en nuestra Asamblea Legislativa esta semana que iniciamos”, afirmó Lima, citado en un boletín de prensa institucional.
La autoridad explicó que el anteproyecto de Ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción surgió por determinación del Consejo de Lucha Contra la Corrupción con el objetivo de reforzar los mecanismos y procedimientos establecidos en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal destinados a investigar, procesar y sancionar los actos vinculados al delito de corrupción.
"Tenemos, en este momento, una serie de acciones de auditoría, de transparencia y penales. En ese trabajo, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción que presido, identificó problemas en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ya son 10 años de vigencia que esta ley ha tenido avances significativos, pero también hemos visto que la corrupción ha empezado a generar nuevos mecanismos”, señaló.
Refirió que, además de responder a esos mecanismos que dejan impunes a las cabezas de organizaciones criminales, también se debe racionalizar la ley y crear sanciones que correspondan con justicia a cada delito.
En ese sentido, el proyecto de Ley amplificaría el alcance de la inhabilitación en casos de servicio público, a imprescriptibilidad de casos, modificación a los tipos penales, y la incorporación de la figura de colaboración eficaz como instrumento para la obtención de información, y la figura de la disponibilidad de la acción penal como mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, para la recuperación del daño económico al Estado.
Asimismo, la ley plantea sanciones ejemplares en casos de delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado y delitos de lesa humanidad.
El Ministro Lima aseguró que en el caso del golpe de Estado se realizan las investigaciones correspondientes y que el proyecto contempla la sanción a hechos de corrupción como los acontecidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
“En el país vamos a tener juicios a Arturo Murillo, a Fernando López y a todos los que le han robado al país y han cometido crímenes de lesa humanidad en el estándar del debido proceso”, sostuvo.
El ministro indicó que “esta ley va a ajustar el problema que teníamos de la Ley Marcelo Quiroga y, en el estándar del debido proceso interamericano, nos va permitir que no exista impunidad”.
“Esperemos que esta ley que se va a tratar en la ALP la próxima semana, nos permita de inmediato, juzgar a quienes han violado los Derechos Humanos y le han robado al pueblo boliviano”, manifestó.
