El Gobierno de Lenín Moreno prestó al régimen de Jeanine Áñez 5.500 granadas y 2.949 proyectiles en noviembre de 2019. Así lo confirma un documento oficial del Ministerio de Gobierno del Ecuador al que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Según el detalle, el material entregado consiste en 5.000 granadas de mano GL-302, 500 grandas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

El 27 de mayo de 2020, el comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, envió una carta al entonces agregado de Defensa de la Embajada de Bolivia en ese país, José Luis Frías.

“A través del presente, me permito hacerle llegar el saludo cordial de la institución a la que represento, a fin que por su digno intermedio, se realicen las coordinaciones necesarias frente al Ministerio de Defensa del hermano país de Bolivia, a efecto de que podamos recibir el material CM que en calidad de préstamo fuera entregado en el mes de noviembre de 2019”, se lee en la misiva.

En la carta, se añade que, para las tareas de coordinación, el gobierno de Moreno designó a Fernando Correa Correa Gordillo, que en ese entonces tenía el cargo de Director Nacional de Logística.

La mañana de este jueves, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que comenzó una investigación sobre un caso de dotación de municiones que el Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno hizo al régimen de Jeanine Áñez.

El Ministerio de Gobierno se querelló contra el extitular de esa cartera de Estado, Arturo Murillo, por estar involucrado en seis casos de hechos irregulares. La exautoridad enfrenta, además, 30 procesos administrativos.

“En el caso del exministro Murillo, como Ministerio de Gobierno, nos hemos querellado en seis procesos penales actualmente, lo que no quiere decir que se inicien otros procesos más por otros casos en el que se lo involucra”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Indicó que los seis procesos están relacionados al caso gases lacrimógenos, un caso de alimentación de las fuerzas de tarea conjunta y a las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Administrativamente, hay una afectación de 150 millones de bolivianos y estos se traducen en 30 procesos que se identificaron inherentes al caso gases lacrimógenos, compra de talco para pies para tropa, compra de ropa interior, compra de equipamiento, armamento, materiales y herramientas también, y todo esto suma 30 procesos administrativos”, aseveró.

El Departamento de Justicia de EEUU informó el 26 de mayo que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido junto a Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld por estar involucrado en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo está en el Centro de Detención Federal de Miami y tiene un número de identificación, es el preso N° 02358-506. Es acusado de soborno y lavado de dinero por gestionar en 2019 la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, en el municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, informó que en el requerimiento que tienen los productores campesinos “no sólo es el tema del contrabando”, por lo que se conformarán mesas técnicas de diálogo.

“No solo es el tema del contrabando, en realidad es un conjunto de requerimientos que se han avanzado en la primera etapa del diálogo y se van a conformar mesas técnicas de diálogo porque son varios puntos y están varios ministros que vamos a conformar esas mesas técnicas con la finalidad de dar respuestas reales que es lo que están esperando”, informó, según un reporte de prensa del Ministerio de Defensa.

Añadió que trabajarán de manera conjunta en coordinación con la Aduana Nacional, el Senasag y otras instituciones para realizar una lucha frontal contra el contrabando debido a que las fronteras son muy extensas y vulnerables en nuestro país.

”Estamos haciendo todos los esfuerzos y vamos a poner el mayor empeño porque estamos conscientes que el contrabando hace daño a la economía del pequeño del mediano y del gran productor, esa es nuestra vocación de servicio y si hay que reforzar vamos a reforzar”, dijo Novillo.

Cumpliendo con la solicitud de representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, compareció este martes ante una sesión plenaria de interpelación acerca de la detención de la exsenadora Jeanine Áñez. Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por acciones violentas de la bancada de Creemos. 

Al inicio de su intervención, Del Castillo destacó la presencia de familiares y víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal.  En pleno hemiciclo de la Cámara de Diputados pidió un minuto de silencio por todos los caídos durante el Gobierno de Facto, a lo que los miembros de la bancada de Creemos abandonaron las instalaciones, mostrando una total falta de humanidad con los fallecidos.

La sesión retumbó con los pedidos de justicia por parte de asambleístas oficialistas a lo que un parlamentario de Creemos interrumpió violentamente afirmando que no existieron muertes en Sacaba, Senkata ni el Pedregal, otra afrenta contra las victimas presentes, indica un reporte de prensa del Ministerio de Gobierno.  

Luego, tras presentar un video que recopilaba una amplia violación a los Derechos Humanos por parte del gobierno de facto, el senador por Creemos, Henry Montero, se abalanzó a los puños sobre un diputado de la tercera edad, el diputado Colque, representante de los pueblos indígenas, quien se encuentra con golpes en su integridad, agrega el informe.  

La bochornosa actuación, violenta y caótica, de la bancada de Creemos hizo que se dicte un cuarto intermedio para apaciguar los ánimos de los parlamentarios opositores, añade el reporte de prensa.

Luis Fernando López, exministro de Defensa de Jeanine Áñez y varios de sus colaboradores, dejaron deudas impagas por unos Bs 49 millones por la compra de bienes, alquileres, transporte y otras adquisiciones que se efectuaron sin contrato legal, denunció este martes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad indicó que varias empresas resultan perjudicadas por esas adquisiciones que carecen de respaldo legal, es decir no tienen un contrato firmado que les permita exigir el pago por el suministro de bienes y servicios otorgados durante el régimen de facto.

“Como Viceministerio hemos determinado que no siguieron el procedimiento establecido, por ejemplo, la firma de un contrato que es fundamental, por más que se haya efectuado una contratación directa se tiene que firmar un contrato y en estos casos no existen los mismos, por lo tanto, no se puede cancelar las deudas que quedaron pendientes”, manifestó Calvimontes, según un reporte de prensa del Ministerio de Defensa.  

Se trata de alrededor de Bs 49 millones de deuda que se evidenció al inicio de su gestión, señaló el Viceministro, añade el reporte.  

La autoridad manifestó que entre los involucrados se encuentran el exministro de Defensa y varios de sus colaboradores.

Las acusaciones que pesan contra ellos son las de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Afectación a los Intereses del Estado.

Las adquisiciones irregulares son de bienes, insumos, vituallas, alimentos, algunas construcciones, alquiler de servicios a empresas por compra de alimentos, transporte aéreo y compra de combustible, indica el reporte del Ministerio de Defensa difundido en su página de Facebook.

“A partir de ahora dejo que sea la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”, sostuvo Calvimontes al referirse a las investigaciones de las deudas pendientes.

El fiscal de Materia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, Alexis Videla, informó este martes que la expresidenta Jeanine Áñez; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra; el exministro de Energía, Álvaro Guzmán; y el exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, declararon sobre el caso denominado gases lacrimógenos. Para la próxima semana, se convocó a otros 10 exministros.

“Ayer (lunes) evidentemente hemos tomado la declaración informativa de la señora Jeanine Áñez en calidad de testigo dentro del proceso investigativo del caso gases; sin embargo, no vamos a dar detalle de la declaración por una estrategia del Ministerio Público a efectos de garantizar la averiguación de la verdad”, indicó en entrevista con la red Unitel.

Desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete firmaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para justificar la compra de agentes químicos represivos y disponer de presupuesto para sobornos y sobreprecio.

Ese proceso concluyó en un caso de corrupción en el que están involucrados el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, y fueron detenidos entre el 21 y el 22 de mayo de este año en Estados Unidos.

Son procesados por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por un precio de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Según información dada a conocer por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, existe una lista de 17 exministros del régimen de Jeanine Áñez que deben declarar ante el Ministerio Público. 

“Tenemos un cronograma mediante el cual se va a tomar la declaración a 10 exministros que formaron parte de este gabinete ministerial, quienes vivirían en el interior, motivo por el que el Ministerio Público, a través de cooperación, vía Fiscalía de los diferentes departamentos, solicitó que se notifique a estas personas y se puedan presentar el martes, miércoles y jueves de la siguiente semana para prestar su declaración en calidad de testigos”, informó.

“Hasta el momento, tenemos la declaración del señor (Álvaro) Coimbra, el señor (Álvaro) Guzmán, que ayer también prestaron su declaración informativa en el centro penitenciario donde se encuentran. La semana pasada, presentó su declaración informativa (Iván) Arias, quien manifestó lo que conoció durante el periodo como ministro”, acotó el fiscal.