La Paz, 05 de diciembre de 2022 (ABI). – El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló este lunes que los procesos contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por el paro cívico cruceño se unificaron en una sola investigación.
“Como Ministerio Público y por conexitud de casos se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado contra el señor Camacho, Calvo y otros”, informó Lanchipa en declaraciones difundidas por la televisora DTV.
De acuerdo con Lanchipa, los promotores del paro cívico enfrentarán una investigación de más de 10 delitos presuntamente cometidos durante la medida extrema que utilizaba de bandera el tema del censo.
“Todas las denuncias han sido acumuladas en una sola (investigación) que está radicado en la fiscalía departamental de La Paz (…) Es una lista de varios delitos, deben ser más de 10 delitos que se han presentado en las denuncias”, remarcó Lanchipa.
Señaló que esta investigación unificada radicaría en la ciudad de La Paz y que una comisión de fiscales estará a cargo de la elaboración de un calendario para que los sindicados presenten su declaración informativa.
En la capital cruceña se impuso un paro de 36 días, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre, que fueron marcados por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.
Esta medida de protesta fue impulsada por Camacho, Calvo y Cuellar. Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas y cobros ilegales.
Estos movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos, personal médico que fue agredido verbal y físicamente, e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban 13 reos y casi provocan su fuga.
Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.
Entre las denuncias presentadas en contra de los promotores de paro están la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley, atentados contra el presidente Luis Arce y otros.
Además de la demanda del Comité Impulsor de Justicia (CIJ) que denunció que los movilizados atentaron contra la seguridad, economía e incluso hasta la vida de las familias cruceñas. Además, advirtió que Camacho y Calvo demuestran una constante “intensión conspirativa”.
En esta línea, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se querelló en contra de Camacho, Calvo y Cuéllar por el incendio de su sede campesina, ocurrida el pasado 11 de noviembre en Santa Cruz.
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