El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, informó este domingo que se conformará una comisión mixta para investigar a las empresas encuestadoras que difundieron en los últimos años datos fallidos, tanto en las elecciones subnacionales como nacionales.

“Cuando estamos cerca a las elecciones, llámese nacionales o subnacionales, existen estas empresas que van mostrando una serie de datos que no condicen con la realidad (…). No puede ser que las empresas encuestadoras estén utilizando el sentimiento del pueblo sin que puedan tener un acercamiento a la realidad de la intencionalidad del voto. En esta semana que viene, vamos a conformar una comisión mixta para investigar el trabajo que realizan las diferentes empresas encuestadoras”, señaló en conferencia de prensa.

La autoridad legislativa hizo un recuento de las encuestas que se difundieron en los últimos años: En 2005, pronosticaron que el MAS-IPSP obtendría el 36%, pero el resultado fue 54%; en 2009 otorgaban un 45% de votos, pero el recuento final fue 64%; en 2014 un 38%, pero el recuento final dio un 61%; y en 2020 daban el 30% y el resultado fue de 55,10%.

“No podemos seguir cayendo en este tipo de manipulación. ¿Cuál es la intencionalidad que estamos viendo? En algún municipio o gobierno departamental están indicando que un partido político está en la posibilidad de ganar, ¿y qué tal no gana y si es otro? Lo que sí, van a tratar de establecer que hubo un fraude, así como lo que pasó el 2019”, justificó.

La comisión mixta investigará a las empresas encuestadoras y la metodología que utilizan, cuál es el acuerdo o resolución que tienen con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el universo de personas que son encuestadas, el margen de error y otros detalles técnicos.

Hospitales, nuevas líneas del Teleférico, incentivo al turismo, a la microempresa y un parque industrial para medianas y pequeñas empresas, son algunas de las propuestas que expusieron las candidatas a las primeras concejalías del MAS-IPSP, en La Paz; de la organización BASTA, en Tarija; y del MPC, en Potosí.

Las postulantes Eliana Paco, del MAS-IPSP; Enriqueta Ulloa, de BASTA; y Mayra Churata, del Movimiento Cívico Popular (MCP), estuvieron presentes este viernes en el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales. 

Paco explicó que, si llega al Concejo Municipal, impulsará junto a César Dockweiler, postulante a la Alcaldía de La Paz, la construcción de cinco hospitales de primer y segundo nivel.

Además, indicó que se ampliará la red de teleféricos con el funcionamiento de otras cuatro líneas que llegarán a nuevas zonas de la urbe paceña.

Dijo que una garantía de cumplimiento de sus anuncios es que Dockweiler ya demostró que puede impulsar la modernidad de La Paz con el transporte por cable.

Por su lado, la candidata Ulloa puso énfasis en que, si llega al ente deliberante edil, impulsará proyectos referidos al aprovechamiento del gas natural y al incentivo decidido a la industria del turismo.

Lamentó que, en los últimos años, Tarija recibió recursos millonarios para su desarrollo, pero solo se construyó un hospital de relevancia.

Indicó que impulsará la conformación de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras y explicó que regresa a la arena política-partidaria para imprimir un rostro humano a la gestión pública municipal.

Por otra parte, la candidata Mayra Churata dijo que Potosí fue olvidado históricamente, pero ahora se busca impulsar su desarrollo desde el municipio. En ese sentido, anunció una alianza entre universidades, sociedad y Alcaldía.

Churata dijo que, si llega al Concejo Municipal, impulsará junto a su partido la conformación de un parque industrial destinado a las medianas y pequeñas empresas. 

También indicó que se construirá un moderno centro de salud en Potosí.

La Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa la conformación de una comisión especial de investigación para el caso del daño económico de $us 24 millones generado por un crédito que gestionó el gobierno de facto de Áñez ante el FMI, entre otros, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El Banco Central de Bolivia (BCB) dio a conocer el miércoles que realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, préstamo que consideró irregular. El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

“Hay una sugerencia de varios compañeros y de las organizaciones sociales para conformar una comisión no solo por este caso, sino por todos los casos irregulares que pasó en el gobierno de facto. Estamos hablando hasta de los respiradores, de este préstamo medio oscuro y otras compras de gases. Hay varios casos que quedaron sin explicación”, dijo el Presidente de la Cámara de Diputados.

En el régimen de Jeanine Áñez, se registraron irregularidades en la adquisición de 170 respiradores de procedencia española con intermediación de la empresa IME Consulting Global Services SL, hecho que hasta la fecha ya es investigado y tiene detenidos.

En 2020, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la compra de material no letal contra disturbios presentó un informe en el que recomienda remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicien acciones legales contra cinco exautoridades.

En el informe, se plantea acciones penales contra los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos. Son acusados de presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

La autoridad legislativa aclaró este viernes que, si bien los legisladores cuentan con algunos equipos de investigación designados, la comisión especial a conformarse tendrá tareas exclusivas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que en el caso del crédito del FMI se advirtió un proceso irregular debido a que este tipo de préstamos debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que no ocurrió en el régimen de Áñez.

“En mayo de 2020, este proyecto de ley (para el crédito del FMI) llega a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados. De manera inmediata, se deriva a la Comisión de Planificación para su tratamiento y se la rechaza por falta de documentación necesaria como el contrato y condicionamientos de créditos. Y, por supuesto, no llegó para su tratamiento al pleno de Diputados y mucho menos a la Cámara de Senadores”, dijo el titular de la Cámara Alta.

El Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, descartó este viernes la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria debido a que esa acción pone en riesgo la lucha contra la pandemia del COVID-19 en Bolivia 

“Esta ley no se va a abrogar. Esta ley beneficia al pueblo y a enfrentar esta pandemia. Y, si hay necesidad de aplicar como corresponde en temas sancionatorios, se lo hará. No nos queda otra, porque aquí estamos en una emergencia sanitaria”, advirtió en entrevista con medios estatales, en referencia al paro médico en rechazo a la norma.

La ley determina ejes de acción para atender la segunda ola de la pandemia del COVID-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Permite la conformación de un Consejo Nacional Estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

La Ley de Emergencia Sanitaria es un requerimiento para que Bolivia pueda beneficiarse del mecanismo COVAX y adquirir medicamentos ante la pandemia del COVID-19. Se prevé que, hasta finales de febrero, llegue al país un lote de vacunas de tres diferentes marcas farmacéuticas para la inmunización gratuita en Bolivia. Se espera la llegada de 92.430 dosis de Pfizer, 500 mil dosis de Sinopharm y 900.000 dosis de AstraZeneca.

Asimismo, el Estado adoptó medidas integrales y estructurales ante la segunda ola de contagios por la pandemia. Con ese fin, la administración del presidente Luis Arce logró adquirir 2,2 millones de pruebas de las cuales 1.6 millones corresponden a antígeno nasal y 556.027 a reactivos para PCR.

“Esta misma ley establece la gratuidad de las vacunas, la gratuidad de las pruebas. Entonces, estamos trabajando en esto y rechazar toda la ley es ir en contra de esta medida tan importante que estamos estableciendo para enfrentar esta pandemia”, cuestionó el titular de Diputados.

Según la ley, el Ministerio de Salud y Deportes será el responsable de definir las políticas y la regulación de su implementación del proceso de inmunización que se caracterizará por la gratuidad.

Otra de las acciones planteadas es el control a los precios de los fármacos mediante la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud en coordinación con los laboratorios farmacéuticos industriales del país.

También, establece que durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas.

Las infracciones a las medidas sanitarias durante la declaratoria de emergencia sanitaria serán consideradas como infracciones a la salud pública y serán objeto de sanciones de carácter pecuniario, de servicio social o de aislamiento sanitario, de acuerdo a la gravedad del hecho, no pudiendo imponer detención física de una persona, incautaciones, secuestro y decomiso de sus bienes.