Punto de bloqueo urbano en Santa Cruz. Foto RRSS
ANUARIO 2022: Asesinatos, violaciones, saqueos, incendios, golpizas a pueblos indígenas: 36 días de terror y odio

ANUARIO 2022: Asesinatos, violaciones, saqueos, incendios, golpizas a pueblos indígenas: 36 días de terror y odio

Santa Cruz, 22 de diciembre de 2022 (ABI- ANUARIO).- La ciudad de Santa Cruz de la Sierra con 1,5 millones de habitante, la de mayor población del país, sufrió 36 días de terror durante el violento paro impuesto por cívicos locales.

En los puntos de boqueo urbanos, entre el ocaso y la madrugada, ocurrieron asesinatos, se sospecha que uno de ellos se trató de un crimen de odio, atropellos con muerte, una violación grupal, decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales y golpizas a indígenas del oriente profundo.

El bloqueo provocó que al menos cuatro pacientes con cáncer fallecieran al no recibir medicamentos y atención médica oportuna.

La fuerza pública de Santa Cruz informó que investiga, además, decenas de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida.

Lamentablemente –declaró el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Julio César Cossío– las condiciones sociales dificultaron las investigaciones y el trabajo de inteligencia operativa.

“Y en este ambiente, a veces hostil, se ponía en riesgo a los servidores públicos policiales”, remarcó el jefe policial.

Daño

El paro cívico arrancó el 22 de octubre con la propuesta del Ejecutivo del censo 2024, rechazada por los cívicos, y concluyó el 26 de noviembre confirmándose esa fecha sobre una base técnica y con una norma aprobada en la Cámara Baja.

El presidente Luis Arce agradeció la decisión asumida por el resto de los ocho departamentos “de no sumarse a la propuesta desestabilizadora” y al paro que en el caso de Santa Cruz generó “zozobra, terror, angustia, hambre, desabastecimiento, violencia, inseguridad, accidentes, asesinatos, violaciones y crímenes”.

Grupos violentos al servicio de los cívicos golpearon a indígenas, mujeres, periodistas a bomberos y policías, vulneraron el derecho al trabajo y a la alimentación, a la salud, a la educación, a la libre expresión y provocaron más de 1.200 millones de dólares en pérdidas económicas para el departamento y 300 millones de bolivianos a las empresas estatales.

Mototaxista

Eduardo Arancibia Barrancos, de 22 años, falleció al ser casi decapitado por un cable de tendido eléctrico que los bloqueadores dejaron amarrado a baja altura entre dos árboles.

El joven chofer de mototaxi circulaba en su vehículo de dos ruedas durante la madrugada y al intentar sortear un punto de bloqueo en el barrio Tres Lagunas, ninguna señal le advirtió del letal obstáculo.

Pandillas, crimen de odio

Vecinos del barrio Latino denunciaron que dos hombres, también en un punto de bloqueo, fueron atacados por un grupo de personas, pandilleros supuestamente, y que los apuñalaron.

Uno falleció y el estado de salud del otro, que fue internado en un centro de salud de la ciudad, fue recuperándose paulatinamente.

De acuerdo con el comandante de la Estación Policial Integral 9, Jorge Espejo, el fallecido es José Eduardo Sosa, de 28 años.

Violación grupal

La madre de una víctima pidió a la Casa de la Mujer que denuncie a nombre suyo que, en un punto de bloqueo durante el tercer día de paro cívico, se cometió una violación agravada contra su hija por múltiples agresores.

En este caso, la Fiscalía General del Estado explicó que se trata de una joven de 21 años.

El hecho habría ocurrido el 24 de octubre en la zona periurbana de Pampa de la Isla, en el barrio Señor de los Milagros, próximo al cuarto anillo.

Puerto Quijarro

Julio Taborga se convirtió en el primer fallecido del paro cívico. Murió en la madrugada del 23 de octubre en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil.

Taborga era funcionario del municipio fronterizo.

Incendios, saqueos

Los grupos radicales y delincuenciales generaron en Santa Cruz una escalada de violencia. Quemaron la sede de los campesinos, saquearon las instalaciones de la Central Obrera Departamental, violentaron otras organizaciones sociales, amenazaron a dirigentes y a sus familias.

Saquearon también puestos de venta de los gremialistas de zonas populosas como la Villa Primero de Mayo y del Plan Tres Mil y se informó de despidos en la Gobernación de servidores públicos que cuestionaron la medida de presión impuesta por su máxima autoridad, Fernando Camacho.

En el área rural esas mismas facciones de extrema derecha cometieron acciones de racismo y discriminación contra la población indígena, como la ayorea y chiquitana, y la campesina intercultural.

Listas de odio

Los libelos, hojas de circulación clandestina durante la colonia y principios de la República, retornaron en formato digital a la moderna y pujante Santa Cruz de la Sierra.

Los que circularon entre fines del siglo XVIII y principios de la República, tenían la misma orientación a los que se difundieron en la capital oriental: provocar la deshonra de las personas y colocarlos bajo extremo peligro.

El vocero presidencial, Jorge Richter, denunció la circulación de esa lista de “enemigos y traidores a Santa Cruz”.

Se trata de 33 personas —de diferentes ámbitos políticos, funcionarios públicos y profesionales— cuya integridad física,  de muchos de ellos,  estuvieron en riesgo.

“Ni perdón ni olvido a estos traidores y vendidos”, señalaba el texto que acompañó a la nómina de “intolerancia”, como la describió el vocero, que aún circula en las redes sociales.

“Son listas que quieren instalar el miedo”, señaló en su momento el funcionario de la presidencia a La Razón Radio.

En octubre y noviembre de 2019, en el desarrollo del golpe de Estado, una “lista de traidores” circuló también en el país y derivó en el pillaje e incendio de hogares de al menos una docena de autoridades estatales, de algunos activistas y de una periodista en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Potosí.

Ese año, una alta autoridad relató que los “golpistas” tomaron como rehén a un familiar, lo llamaron por teléfono y lo obligaron a renunciar: “Escuchaba por el celular los gritos de dolor de mi familiar, que era molido a golpes. Me van a matar me decía. Me enviaron fotografías de mi familiar encañonado con un arma en la cabeza”.

Pacientes en hospitales

La presión provocó la muerte de tres personas en los bloqueos urbanos, y uno en la frontera con Brasil, mientras que otros cuatro enfermos de cáncer fallecieron al no recibir atención oportuna por la interrupción, precisamente, del tráfico vehicular.

Los “malvivientes”, como el propio comité cívico calificó a los bloqueadores, llegaron al extremo de violar el Derecho Internacional Humanitario al agredir a personal sanitario, obstaculizar el paso de ambulancias, utilizarlas con otros fines, como trasportar explosivos, y restringir el acceso de pacientes a centros médicos.

En situaciones que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, la Cruz Roja Internacional establece que se deben aplicar las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) para proteger el acceso a la asistencia de salud.

En 36 días de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sin embargo, se vulneraron esos principios universales establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Se reportó un caso en que se abordó un trasporte con personal sanitario y se les exigió a los ocupantes, bajo amenaza, “presentar” su credencial de médico.

En otros incidentes, muy frecuentes, se demandó en sitios cercanos a centros médicos a que los pacientes acrediten su condición física, o “presenten su cita médica”, para dejarlos transitar con libertad e ingresar a los nosocomios.

Agresiones a trabajadores de salud

En la urbe cruceña, epicentro de la medida de presión,  se reportaron formalmente más de 20 agresiones a trabajadores del área de salud, se impidió, además, el paso de ambulancias con pacientes, se utilizó esos vehículos para transportar explosivos caseros y pirotécnicos, y se restringió el acceso de pacientes a centros médicos.

De acuerdo con el representante del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, Ulises Guzmán, la Gobernación, cuyo titular, Fernando Camacho, “no dio las garantías” a médicos y enfermeras para circular con libertad.

El principio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIH) establece que el personal sanitario tiene derecho a estar protegido en las mismas condiciones que los heridos y los enfermos.

“La detención del personal sanitario, por el hecho de prestar atención sanitaria, puede equipararse a una violación de los derechos humanos, aun cuando se haga legalmente, de conformidad con la legislación nacional”, establece la Cruz Roja Internacional, organización independiente y neutral que brinda protección y asistencia humanitarias a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, y promueve el respeto del DIH.

Ética médica

La resolución 37/194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que guarda relación con los principios de ética médica, establece que, en situaciones de carácter violento, pero que no se acercan al conflicto armado, así como en tiempos de guerra, los Estados no deben castigar al personal sanitario por cumplir actividades sanitarias compatibles con la ética médica, ni obligarlo a cometer actos que contravengan tales normas.

La primera autoridad política de Santa Cruz, a pesar de quejas oficiales de médicos y enfermeras, no presentó ni siquiera una denuncia formal a la fuerza pública contra los abusos de los bloqueadores al personal médico.

Unidades y medios de transporte sanitarios

De conformidad con el derecho internacional a la salud, los Estados tienen la obligación inderogable, señala la Cruz Roja Internacional, de asegurar el acceso a la infraestructura de salud.

“En consecuencia, deberán respetar las unidades y los medios de transporte sanitarios. Los Estados no podrán hacerlos objeto de ataques ni utilizarlos para imponer medidas de aplicación de la ley o establecer otras medidas similares”.

Los principios del DIDH señalan, además, que “los Estados deberán adoptar medidas para la protección de las unidades y los medios de transporte sanitarios contra ataques o uso indebido por terceras partes”.

Bloqueadores, ambulancia y féretros

Los bloqueadores en la urbe cruceña se dedicaron también a “exigir” dinero para el paso de ambulancias y vehículos particulares, y se reportó un caso en que se abordó un trasporte con personal sanitario y se les exigió a los ocupantes, bajo amenaza, “presentar” su credencial médico.

En otros incidentes, muy frecuentes, se “exigió” en sitios cercanos a centros médicos que los pacientes acrediten su condición física, o “presenten su cita médica”, para dejarlos transitar con libertad e ingresar a los nosocomios.

En las horas de “abastecimiento”, en las que se permitió circular con normalidad, los sistemas de salud fueron desbordados porque los pacientes pudieron llegar a ellos. 

Muchos de ellos llegaron con síntomas de Covid-19. Santa Cruz presentó las estadísticas más altas de contagios de la enfermedad y también la más alta letalidad durante la primera ola, que coincidió con el régimen de Jeanine Áñez.

El gobierno Añez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.

“Malvivientes”, como calificó la institucionalidad cívica a los bloqueadores en algunos puntos de la ciudad, llegaron al extremo de no permitir la circulación de carros fúnebres.

Los familiares, a ser violentamente agredidos, experimentaron escenas de pánico, como lo prueban videos que se hicieron virales, cuando abrieron los ataúdes para “comprobar” que había un cadáver.

Familias asustadas y preocupadas, obligaron a las empresas fúnebres a manifestarse contra el bloqueo y la vergonzosa noticia dio vueltas al mundo.

“En importante mantener la serenidad en los bloqueos y tratar con dignidad a los muertos y con mucho respeto y consideración a sus familiares”, señaló un funcionario de una empresa fúnebre.

La Asociación de Funerarias se declaró en emergencia ante la peculiar situación, mientras personal sanitario expone su integridad personal cada día en cumplimiento de su delicada labor.

El conflicto de 36 días, denunció el jefe de Estado, no fue en demanda del censo en 2023, que derivó a una ley sobre la encuesta nacional, sino que buscaba acortar su mandato constitucional que vence en noviembre de 2025.

Derechos Humanos

El exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, Denis Racicot, consideró que en Santa Cruz rige de facto una “masiva y sistemática” violación a los derechos humanos como efecto del paro indefinido.

Racicot señaló, en declaraciones a la estatal Bolivia TV, que el paro dio espacio a un “clima generalizado de violación a los derechos humanos”, porque por decisión de unas cuantas personas se está privando a una población de varios millones de ejercer su derecho al trabajo, a la educación e incluso a la libertad de movimiento.

 

Rdc/Mac


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