Militares y policías en el operativo realizado en Huayllani, Sacaba, con el saldo de una decena de fallecidos. (Foto: RRSS)
ANUARIO 2022: A Jeanine Añez, condenada por actos administrativos y lejos de sus aliados políticos, le aguarda el juicio por el asesinato de 37 personas

ANUARIO 2022: A Jeanine Añez, condenada por actos administrativos y lejos de sus aliados políticos, le aguarda el juicio por el asesinato de 37 personas

 La Paz, 22 de diciembre de 2022 (ABI- ANUARIO). - Fue el año en el que perdió la batalla por juicio de responsabilidades o de privilegio en dos acusaciones de orden penal.

Jeanine Áñez fue condenada el 10 de junio a 10 años de cárcel por la toma de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder, en noviembre de 2019, durante la crisis que acabó en un golpe de Estado.

Ahora se encuentra en puertas de un segundo juicio penal, esta vez por designar durante su ilegal mandato a su prima, sin reunir los requisitos exigidos por ley, como responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). La Justicia determinó que no goza de ningún privilegio y dio paso al juicio penal, que sienta un precedente para otros procesos como las masacres de Sacaba y Senkata.

Apoyada por políticos de oposición y el movimiento cívico, principal actor de la crisis de 2019, se autoproclamó Presidenta de Bolivia el 12 de noviembre, luego de hacerse de la Presidencia del Senado, en una sesión sin quórum y siendo de la bancada de minoría, lo que no reconoce el Reglamento de Debates y la normativa boliviana.

Se la acusó y condenó por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

“Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”, afirmó al final del juicio penal que empezó el 10 de febrero de 2022 tras sortear una serie de incidentes presentados por la defensa de la acusada, buscando un juicio de responsabilidades.

La sentencia constitucional 0052/2021 ya había establecido y anulado uno de los principales argumentos de la defensa, por inconstitucional, que Áñez tomó la Presidencia del Senado por sucesión “ipso facto”. Esa figura de sucesión constitucional solo se aplica en caso de la Presidencia y no el ámbito del Senado o Diputados.

Áñez, beniana, fue detenida la madrugada del 13 de marzo de 2021 en Trinidad por el caso Golpe de Estado I, demanda presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Estaba escondida en el somier de una cama del departamento de un condominio. Se la trasladó a La Paz, donde radica la causa por los hechos que derivaron en el golpe de Estado.

Poco después se abrió el caso Golpe de Estados II, que avanzó hasta la sentencia dictada a las 21.25 del 10 de junio. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno plantearon la demanda.

No solo Áñez fue condenada en el Golpe de Estado I, sino también exmandos militares. Los prófugos excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron condenados a 10 años de cárcel, mientras que el resto de los cuatro exmandos militares enjuiciados a penas de 2 a 4 años de cárcel.

Jeanine Áñez en el penal de Miraflores. ABI

El exinspector general de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández Toranzo y el exjefe de Estado Mayor Sergio Orellana fueron condenados a 4 años de cárcel, mientras que el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta a 3 años de cárcel y el excomandante de la Armada almirante Flavio San Martín a 2 años de cárcel.  En febrero, los exmandos militares Jorge Terceros y Palmiro Jarjury se declararon culpables y fueron sentenciados a tres años de cárcel.

En el ejercicio del poder, Áñez designó a su prima, Karina Leiva Áñez, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), sin contar con los requisitos exigidos para tan alto cargo. Leiva Áñez se encuentra detenida y Áñez está en puertas de un nuevo juicio penal, pese a sus intentos de buscar un juicio de responsabilidades.

Se la acusa de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones; y complicidad.

El juez Tercero Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, se declaró en octubre competente para tratar la demanda contra la exsenadora. La decisión fue ratificada por la Sala Penal Segunda de La Paz, que determinó que Áñez no fue presidenta constitucional y que, por lo tanto, no le corresponde un juicio de responsabilidades en este caso, como ocurrió en el proceso Golpe de Estado I.

Un amparo constitucional pretendió buscar un resquicio para hacer prevalecer la tesis jurídica, no tuvo resultados. La audiencia cautelar en este proceso, impulsado por la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Instituciona, está fijado para el 6 de enero de 2023.

La presidenta de facto se encuentra en la cárcel de Miraflores, donde goza de privilegios al estar apartada de la población penitenciaria. Se le habilitó un espacio para que pueda atender sus problemas de salud y recibir sus visitas.

Áñez se hizo del poder el 12 de noviembre, luego la dimisión forzada de Evo Morales, acorralado por la violenta protesta de los cívicos a la cabeza del hoy gobernador cruceño Fernando Camacho, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.

Están pendientes los procesos Golpe de Estado I y por las masacres de Sacaba y Senkata. En noviembre de 2019 las fuerzas militares y policiales intervinieron protestas sociales en Cochabamba y El Alto que acabaron con más de una veintena de muertos y decenas de heridos por impactos de bala.

En el caso Sacaba y Senkata, el viceministro de Justicia, César Siles, informó el 9 de diciembre que el Ministerio de Justicia presentó una ampliación de la demanda contra Añez y sus ministros por los delitos de genocidio, incumplimiento deberes, resoluciones contrarias a la Constitución. De esta manera se sumaron a la demanda de las víctimas, esperando un nuevo juicio penal.

Cc/Mac


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