La Paz, 21 diciembre de 2022 (ABI-ANUARIO). – Con militares armados en las calles obligando a los ciudadanos a un confinamiento obligatorio, la primera ola de la Covid-19 cobró la vida de más de 9.000 personas en el país de acuerdo con reportes del gobierno de facto, pero fallecidos extrahospitalarios en calles, vehículos, domicilios y puertas de hospitales, elevan la cifra a más de 20.000.
La sexta ola de la pandemia, por el contrario, se instaló en el país con una política estatal de vacunación que supera los 15,5 millones de dosis de vacunas administradas y apenas dos fallecidos.
“El gobierno de Jeanine Añez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.
La respuesta del inconstitucional gobierno para contener la pandemia fue también un escándalo de corrupción por la compra de ventiladores españoles para hospitales con millonario sobreprecio.
Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron al país en un vuelo procedente de España y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.
Jeanine Áñez autorizó la compra de 500 equipos. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno.
Los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de $us 7.194, pero la administración de facto pagó –a uno o varios intermediarios vinculados al propio gobierno en un evidente conflicto de intereses– más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.
El sobreprecio fue un problema, pero también el rechazo del personal médico a utilizarlos.
Los especialistas se quejaron públicamente y explicaron al país que los aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de Covid-19.
Era claro que Añez utilizó los recursos estatales destinados a la pandemia para beneficiar a su campaña electoral.
“La limitada ayuda económica del gobierno a los ciudadanos no ha logrado evitar que los más pobres del país se aventuren a las calles para ganar dinero para comida y alquiler”, agregaba el influyente rotativo estadounidense.
Jeanine Áñez presenta los respiradores al país, que luego se supo que fueron adquiridos con sobreprecio. Foto ABI.
Una cama de hospital, imposible
Durante la administración de Áñez conseguir una cama en un centro de salud o acceder a una unidad de terapia intensiva fue casi imposible en algunas regiones de Bolivia.
El aumento en muertes –entre mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020– colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y a abrir nuevos cementerios.
La Policía recogió cadáveres en domicilios, calles, vehículos y en alrededores de los centros de salud.
En la mayoría de los casos, las personas fallecieron luego de peregrinar por varios hospitales que no pudieron acogerlos.
En un balance de abril a septiembre de 2020, la fuerza pública, encargada de atender fallecimientos extrahospitalarios, informó que entre el 85% y 90% de los “cuerpos recogidos eran con probabilidad sospechosos del nuevo coronavirus”.
Cerca de 9.000 muertos oficiales contabilizaba el gobierno de Áñez. Sin embargo, la cifra, con los subregistros, que agregaba los casos extrahospitalarios, rondaba los 20.000.
El hombre fuerte del régimen de Áñez, el poderoso ministro de Gobierno Arturo Murillo, ordenó el despliegue de militares armados en centros urbanos para que se cumpla el confinamiento domiciliario, un estado de sitio de facto.
La muerte en Tv
El personal sanitario en Bolivia redobló esfuerzos ante el aumento de fallecimientos.
Al brote de la enfermedad infecciosa, en marzo de 2020, sucedieron escenas de pánico, gente asustada y preocupada, y los rumores sobre personas contagiadas y la información errada abundaron.
En junio de ese año, no obstante, un canal de televisión transmitió imágenes en vivo de la agonía y muerte de un paciente supuestamente con Covid-19, mientras los médicos intentaban salvarlo entre lamentos de dolor de uno de sus familiares.
La Defensoría del Pueblo consideró una "falta de ética" la decisión de la estación televisiva de transmitir en vivo el intenso padecimiento de una persona con síntomas de coronavirus y calificó la acción como morbosa y de franca violación de los derechos constitucionales.
“Las imágenes vulneraron los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, y transgredieron la inviolabilidad de la dignidad”, opinó en esos días la Defensora, Nadia Cruz.
Más tarde, la familia del difunto fue blanco de peligrosa hostilidad en las redes sociales. El fallecido fue despojado de su dignidad y se agravó el dolor de la familia.
Los “muertos extrahospitalarios” transitaron del lugar donde lo recogieron hasta el cementerio o crematorio sin estación intermedia para evitar contagio de familiares.
Acumulación de cadáveres
En un momento grave de la crisis sanitaria, el miedo a la contaminación por los cuerpos sin sepultura se instaló en varias ciudades del país.
“Anoche han venido los vecinos y han querido sacar el cajón y botarlo afuera de mi casa, han venido con palos, he tenido que rogar para que lo entierren ahora, pero no hay solución”, relató una familiar de un difunto en la ciudad de Cochabamba.
Testimonios desesperados con el mismo tono se multiplicaron en las urbes más golpeadas por el virus.
En algunos casos los velatorios se instalaron en las puertas de los cementerios a la espera de que se autorice su cremación.
La Asociación de Funerarias se declaró en emergencia por la acumulación de cadáveres.
“Los fallecidos van en aumento cada día y por ejemplo el horno crematorio del Cementerio General de Cochabamba llegó a su límite", dijo a nombre del gremio su máximo ejecutivo, Franklin Zegarra.
En el Cementerio General de La Paz, famoso por su Arco del Triunfo, vehículos funerarios hicieron fila en la entrada del gigantesco camposanto hasta casi por siete días para sepultar los cuerpos.
De luto riguroso, sin asomo ya de entereza, familias enteras aguardaron en medio de frías madrugadas invernales hasta que alguien abriera las puertas de metal de la ciudadela funeraria.
Dolores
En El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia con casi un millón de habitantes, se reportaron entre siete a diez levantamientos de cadáveres por día con sintomatología de Covid-19.
Las juntas vecinales evitaron que se entierren cuerpos “sospechosos con el virus” en los cementerios más populares de la urbe como Villa Ingenio o Mercedario.
Sin horno crematorio ni morgue, la entonces titular de Desarrollo Humano del municipio alteño, Ana Saavedra, dijo que la situación obligó a la comuna a trabajar en un acuerdo con un cementerio particular en la ciudad vecina de La Paz para habilitar un área destinada a "cuerpos Covid”.
Mientras llegó el acuerdo, muchos cuerpos permanecieron en sus ataúdes en las funerarias, con todas las medidas de bioseguridad, sin velorios en red o cartas de pésame por WhatsApp.
El aislamiento social obligado por el gobierno de Áñez impedía el duelo.
Carmen Rosa, empleada de limpieza de una de esas empresas, relató que a solas oraba por los cuerpos solitarios e insepultos, encendía un cirio y quemaba un trozo de planta de incienso, en su profunda fe católica, por el alma de aquellos difuntos anónimos y desconocidos para ella.
“Los familiares no tenían esa oportunidad final de despedida con una oración y yo lo hice por ellos”.
En los momentos más críticos de la pandemia y la ineficacia del gobierno inconstitucional, los muertos se contaban por cientos a la semana en todo el país, se multiplicaron las informaciones acerca de fosas comunes en las que las autoridades buscaban sepultar de urgencia a las víctimas fatales de la Covid -19 o se habilitaban terrenos alejados de la ciudad para evitar protestas vecinales.
El Cementerio General paceño, con casi dos siglos de antigüedad y 100.000 nichos, fue uno de los pocos que no colapsó ante la gran demanda de decesos por el nuevo coronavirus.
A contramano, en la amazónica ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, el municipio habilitó de urgencia un campo a las afueras de la ciudad y con maquinaria pesada se deshizo de matorrales, hierba y abundantes árboles que crecen espontáneamente en terrenos no cultivados.
Lo bautizaron como el “nuevo cementerio Covid-19 de Trinidad”.
En el camposanto, al mediodía de finales de mayo de 2020, fue sepultado un famoso cantante y compositor local víctima del virus.
Un grupo de personas, amigos y familiares, despidieron al difunto.
Mientras alguien lloraba amargamente, un hombre joven cantó el tema El que te ama, cuyo autor había cerrado los ojos para siempre.
“Regálame una sonrisa cuando mis ojos te busquen por ahí, dale aliento a mi vida llena de heridas de tanto sufrir”, dice una estrofa de la famosa melodía.
Por una modesta paga de los familiares, cinco sepultureros abrieron a pico y pala la fosa para el entierro. Uno de ellos, callado y tranquilo, lo hizo con la ayuda de su hermana menor, Ramona.
Fue Ramona quien escribió por unas monedas de poco valor el nombre del cantante en la cruz que le entregaron sus familiares.
Con elegante letra escribió también epitafios para otros deudos. Un ingreso económico extra en su débil economía familiar.
“Además de cavar tumbas y escribir las letras, también armamos lomitas de tierra para que se vea bonita la sepultura”, explicó la joven a un medio local.
A 35 grados de temperatura y bajo un ardiente sol, más de 500 cruces, algunas sin nombre ni fecha de entierro, fueron hundidas en la tierra del improvisado cementerio.
Con más cuerpos que llegaron al camposanto, apenas protegido su perímetro por estacas y alambres de púas, llegó también una máquina retroexcavadora para facilitar su sepultura.
Espérame
Desde la segunda semana de octubre de 2020, después de 203 días de pandemia, el Cementerio General de La Paz abrió sus puertas con aforo limitado por el carné de identidad, tiempo controlado y estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios.
Por esos días, cientos de personas –con guirnaldas en mano, rosas, pensamientos o margaritas para adornar las tumbas familiares– transitaron bajo la sombra del Arco del Triunfo que recibe a los visitantes de la ciudadela funeraria.
La apertura reactivó el comercio de venta de flores y lápidas artesanales.
Dentro del Panteón –entre álamos de corteza gris y pino silvestre, glorietas con verdes jardines y olor a rosas, mausoleos y bellas esculturas, tumbas y altares fúnebres, elegantes y lujosos unos, sencillos los otros– un anciano de profundas arrugas y piel cobriza cobraba tanto como los rezos de los ciegos por el alma del “difunto Covid”, mientras niños y jóvenes aguateros ofrecían sus servicios para buscar nichos y cuarteles.
Un hombre, por pequeños donativos como paga, rasgaba con tristeza su guitarra y cantaba, para quien quiera contratarlo al oírlo, “El minero”, de Savia Andina.
“Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma…predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero…”.
Las vacunas adquiridas por el Gobierno nacional bordean los 24 millones de dosis. Foto RRSS
2022
El gobierno del socialista Luis Arce, en dos años de gestión, aplicó una amplia política nacional de vacunación contra la Covid-19.
Los servicios de salud inocularon hasta ahora 15.5 millones de dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, y unidosis, a los diferentes grupos etarios.
Las vacunas aplicadas en todo el territorio nacional fueron Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen.
Las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional bordean los 24 millones de dosis.
Los gobiernos subnacionales, por el contrario, no gestionaron, ni adquirieron ni una sola vacuna.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, el acumulado nacional de pacientes recuperados supera el millón de personas.
La primera ola registro 6,2% de la tasa de letalidad, la segunda 2,7%, tercera 2,7%, cuarta 0,7%, quinta ola 01% y sexta 0,1%.
Rdc/Mac