El alcalde de Sica Sica, Edwin Callisaya, informó este martes que el V Congreso Nacional de Productores de Quinua reunirá alrededor de 3.000 agricultores de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí el 29 y 30 de julio en ese municipio. 

"Este Congreso Nacional de Productores de Quinua va a aglutinar aproximadamente a 3.000 productores de los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz", dijo Callisaya en la presentación del evento en predios del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. 

El burgomaestre explicó que la actividad se inaugurará el jueves 29 de julio a las 09.00 en el Distrito Ayamaya, con la presencia de autoridades nacionales y locales, como ministros, viceministros, diputados, alcaldes, entre otros.

Posteriormente, en la localidad La Huachaca se realizará la feria gastronómica en quinua "más grande del país", además de una exposición de maquinarias, herramientas e insumos que los agricultores utilizan para sembrar y cosechar el "grano de oro".

Añadió que luego, en ambientes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Villa Aroma, se llevará adelante un simposio que será desarrollado por expertos y especialistas en la producción de ese cereal andino.

El viernes 30 de julio, el evento será cerrado en la capital de Sica Sica con un "gran festival” de danzas autóctonas relacionadas a la producción de la quinua, además se realizará la elección de la ñusta, acotó el Alcalde. 

"La estructura de este congreso es bastante interesante. Hacer conocer a la opinión pública que nunca se había llevado un congreso de esta magnitud en el departamento de La Paz, menos en una provincia rural como es Sica Sica", resaltó la autoridad.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Productores de Quinua, Noel Ramírez, dijo que en el congreso se analizará las fortalezas y debilidades en la producción y comercialización del cereal, como los efectos de los eventos climáticos, los precios, entre otros temas.  

"Para nosotros los productores de quinua, honestamente, es importante fortalecer la integración y la unidad a través de esta clase de eventos como congresos, ampliados", expresó el representante. 

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, la Cámara de Productores de Quinua, la Cámara Departamental de Quinua, entre otras instituciones relacionadas al sector.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó este martes que notificó el desalojo de las familias que ingresaron al predio privado “Río Grande”, ubicado en la localidad de Pailón del departamento de Santa Cruz. 

"En cumplimiento de sus funciones y enmarcados en la Ley, que protege y garantiza la propiedad privada, el INRA notificó a las familias que ingresaron al predio privado ‘Río Grande’, en la localidad de Pailón", se lee en un comunicado. 

Según el reporte, la orden establece que esas familias "deben salir del predio, de aproximadamente 17 hectáreas, que se encuentra en proceso de saneamiento en beneficio de Hugo Ramón Gutiérrez Rojas".

Autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria y representantes de la Federación de Ganaderos Santa Cruz (Fegasacruz) y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se hicieron presentes en el lugar.  

"Se espera que los avasalladores puedan salir del predio de forma pacífica, habiendo recibido la notificación", indica el documento.

La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) informó este martes que esa institución realizó 1.500 conversiones de vehículos de gasolina a GNV en algo más de dos semanas, desde la reactivación del programa, que fue paralizado durante el gobierno de facto. 

"En este corto tiempo se han recibido más de 2.000 solicitudes y se han efectivizado más de 1.500 conversiones de vehículos de gasolina a GNV del parque automotor nacional", indicó la entidad mediante una nota de prensa.

El Programa de Conversión a GNV fue reactivado el 8 de julio con el anuncio de la adquisición de más de 32.000 cilindros de diferentes capacidades, que ya fueron distribuidos en todo el país para beneficio del sector transporte.

“Es importante resaltar que el programa es gratuito y está abierto a cualquier propietario de un vehículo que funcione a gasolina, puede ser transporte pesado, público o uso particular. Estamos trabajando en el cambio de matriz energética para el uso de un combustible limpio, ante la demanda de la población”, señaló la directora ejecutiva de la EEC-GNV, Karina Villacorta.

Explicó que el trámite de conversión dura 48 horas desde el procedimiento administrativo, que parte con la presentación de los requisitos, en cualquiera de las Oficinas Regionales de la EEC-GNV, hasta la asignación de un taller autorizado a cargo de la instalación del kit y el cilindro para GNV. 

“Como parte del procedimiento de conversión, personal técnico de la EEC-realiza la verificación de la conversión para así garantizar la calidad, funcionalidad y seguridad con la que se instalan estos equipos”, recalcó la Directora.

Villacorta afirmó que en Bolivia se alcanzó a convertir el 25% del parque automotor a GNV, porcentaje que comprueba que el uso del carburante es "mucho más eficiente" debido a que mejora la funcionalidad del motor y no daña el medio ambiente. 

A nivel nacional se tienen más de 300 estaciones de servicio de venta de gas natural vehicular, la mayor parte está concentrada en las ciudades capitales y otras en carreteras interdepartamentales, de acuerdo con la Entidad Ejecutora.

El Proyecto de Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), refuerza las medidas de control en el marco de las normas vigentes y se adapta a las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló este martes el Ministerio de Economía y Finanzas Pública.

“Se realiza esta aclaración luego de las declaraciones del senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, quien asegura que este proyecto de ley, según su criterio, estaría otorgando atribuciones irrestrictas a la UIF, aspecto no coincide con la esencia de la norma”, indicó esa Cartera de Estado mediante una nota de prensa.

El proyecto de ley pretende integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de las actividades delictivas de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, a efectos de generar sinergias que permitan potenciar y hacer más eficaz el combate de esos delitos.

“Este proyecto de ley contempla actividades para instituciones públicas y bajo ninguna forma constituye un instrumento de persecución política, ni sindical, ni comercial, sino por el contrario es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de estos actos delictivos”, señala la nota.

Agrega que el no contar con medidas de prevención y detección oportunas, conlleva a que en el futuro el país incumpla los estándares internacionales mencionados, lo cual se traducirá en sanciones con consecuencias negativas para Bolivia, como ser restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, convertidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior.

En noviembre de 2021 el Estado Boliviano será sometido a una evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financieras Internacional. 

Marco normativo

En el marco de lo dispuesto en la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, la UIF tiene como atribuciones investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia; y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos relacionados. 

“A tal efecto, puede solicitar información sobre actividades inusuales o sospechosas vinculadas a la Legitimación de Ganancias o Financiamiento del Terrorismo y no así de forma irrestricta, como desafortunadamente refleja la publicación realizada”, indica el reporte.

La nota explica que la facultad de realizar acciones de oficio se encuentra prevista desde la gestión 2010, en el artículo 18 de la Ley 004 para casos de corrupción, por lo cual, la estrategia busca que se formule la actualización de esta normativa para la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aspecto que también está contenido en el artículo 485 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, promulgada el año 2013.

“Todas las normas señaladas, guardan correspondencia con las obligaciones emergentes en diversos tratados internacionales suscritos por el país para la lucha contra dos de los crímenes transnacionales, como es el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, asegura.

El Ministerio de Economía explicó que la UIF, a nivel internacional, se maneja bajo el principio de acceso a la información y Bolivia estaría fuera de esos parámetros si esa instancia boliviana no tiene acceso, en el marco de las recomendaciones de la GAFI, a objeto de investigar los crímenes antes señalados.

Hasta el sexto mes de este año, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó el 57,1% de la meta de Mercado Interno (MI) proyectada para la gestión 2021, como efecto de las medidas gubernamentales para reactivar la economía boliviana, que incluyen la inyección de más de $us 4.000 millones de inversión pública. 

El presidente del SIN, Mario Cazón, detalló que la meta de recaudación de MI hasta diciembre de este año es de Bs 25.810,3 millones, y a junio de 2021 se recaudó Bs 14.744,3 millones; es decir, que ya se cumplió con el 57,1% de la meta de esta gestión, según una nota de prensa publicada este martes.  

Otro punto de referencia es la recaudación que el Gobierno de facto obtuvo entre enero y junio de 2020, que solo llegó a Bs 10.723,6 millones, es decir, un 32,4% de la meta proyectada para toda la gestión pasada. 

Cazón consideró que el mayor cumplimiento de la meta de recaudación 2021, en relación la gestión anterior, es el resultado del trabajo desplegado en los últimos meses por el SIN para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, según su capacidad económica y en el marco de la normativa vigente. 

Como parte de esta labor, la administración tributaria desarrolla una intensa campaña de información para recordar al contribuyente, por ejemplo, fechas de vencimiento del pago de impuestos. 

Además, proporciona asistencia tributaria de manera continua a través de la línea gratuita 800-10-3444, redes sociales digitales y el chat en línea de la página web www.impuestos.gob.bo. También presta este servicio en las "Plataformas de Atención al Contribuyente" que tiene en sus oficinas de los nueves departamentos del país.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó este martes que durante el primer semestre de este año, más de 7.336 familias se beneficiaron con 2.996 soluciones habitacionales que demandaron una inversión de Bs 127 millones. 

"En este semestre, hemos ejecutado 2.996 soluciones habitacionales y entonces hemos inyectado más de 127 millones de bolivianos y, obviamente, esto hace que la reactivación económica sea verídica y se pueda sentir en el bolsillo del hermano boliviano", dijo Montaño en rueda de prensa.

La autoridad explicó que la construcción y distribución de las unidades habitacionales se realiza principalmente en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), donde se registra mayor cantidad de habitantes. 

"El número de miembros beneficiados con una vivienda son más de 7.336 familias", señaló el Ministro, quien destacó que la construcción de estas unidades habitacionales generó 2.788 empleos directos y 4.716 fuentes de trabajo indirectas. 

Resaltó que la actividad de la construcción es como "una máquina de reactivar la economía del pueblo boliviano" porque se beneficia el albañil, el electricista, el plomero, el ferretero, incluso las personas que se encargan del servicio de alimentación.  

"Por eso, es que pedimos también a nuestros hermanos alcaldes de nuestros nueve departamentos de toda Bolivia, 341 municipios, (que) deben de honrar su contraparte. Saben los alcaldes que para la construcción de viviendas también ellos se comprometieron a poner su granito de arena", exhortó.

Montaño recordó que se planteó un proyecto de ley, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que autoriza un fideicomiso de Bs 2.000 millones para financiar proyectos de inversión pública de las entidades territoriales autónomas, como las alcaldías. 

"Entonces, mis hermanos alcaldes tienen aquí platita de dónde recurrir, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes que puedan también exigir que se apruebe lo más rápido posible esta ley y que con eso ustedes también van a poder honrar este compromiso de realizar y construir más viviendas para todos los bolivianos", acotó.