El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este lunes que los vuelos comerciales de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA), así como de empresas privadas, fueron reanudados en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

La autoridad explicó que la instrucción se dio luego que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) levantó una restricción de las operaciones aéreas de aterrizaje en el umbral 28 y despegues en la pista 10, que fue provocada por causa de un edificio de diez pisos construido de forma clandestina cerca del predio que puso en peligro los movimientos aeroportuarios.

“Aasana, a través de una nota, autorizó el aterrizaje en ambos sectores. Entonces vemos que la construcción en la era pitita dañaba principalmente a nuestra empresa de aeronavegación BoA y con esto rectificamos toda la ilegalidad que sucedió en la era pitita”, dijo, citado en un boletín institucional.

El edificio de diez pisos fue construido de forma clandestina en 2020 en la zona 12 de Octubre y su altura superaba los 34 metros, lo que puso en riesgo la categoría internacional del aeropuerto de El Alto.

Según Montaño, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó días antes, el 21 de mayo de 2021, que se levantaba la restricción de las operaciones aéreas de aterrizaje en el umbral 28 y despegues en la pista 10 del puerto aéreo.

Recordó que un juez determinó que las infraestructuras que están cerca del aeropuerto no deben tener más cuatro pisos, por lo que se notificó a varios vecinos para que puedan demoler las edificaciones que se encuentren por encima de la altura permitida.

Hasta el momento, agregó, dos propietarios fueron notificados, pero sus inmuebles no representan tanto peligro para las funciones aéreas como el edificio de diez pisos que ya fue demolido.

“En el tema civil vamos a pedir que se haga resarcimiento económico, en eso nos ha dado el juez la razón. También iniciamos otro juicio en lo penal, porque ha puesto en riesgo la vida de nuestros pasajeros. Además para la señora Soledad Chapetón (exalcaldesa de El Alto) también hay incumplimiento de deberes y abuso deshonesto”, concluyó.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó que se llevó adelante en Sucre el encuentro de autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público. La reunión se realizó con el objetivo de fortalecer el sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Participaron autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Magistratura, además de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y de la UIF.

“En este encuentro, el Tribunal Supremo de Justicia comprometió esfuerzos para incrementar la efectividad de los procesamientos de los delitos, en función a los casos que se encuentran en etapa de juicio oral, los cuales se verán reflejados con las sentencias en esta materia, la recuperación y monetización de bienes”, se lee en una nota de prensa difundida por la Unidad de Investigaciones Financieras.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüéz, resaltó la necesidad de un trabajo conjunto con el Ministerio Público para agilizar la emisión de sentencias y, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tratamiento del proyecto de ley que permita utilizar un porcentaje de los recursos económicos monetizados para garantizar la creación de juzgados y fiscales especializados en la materia.

El Ministerio Público realizará la firma y actualización del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la UIF para la coordinación entre ambas entidades, además de mantener e incrementar las fiscalías especializadas en función a la optimización de los recursos y garantizar peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a nivel nacional.

El Consejo de la Magistratura buscará generar estadísticas integrales en cuanto a los procesos judiciales de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo y brindar dicha información para la evaluación país.

La Encuesta Nacional del Sistema Financiero (ENSF) de 2020, organizada y llevada a cabo por la ASFI, mostró una caída significativa del Índice de Satisfacción (IS) del sistema financiero nacional de 8,22 puntos, en 2019, a 5,99 puntos en la gestión 2020.  

"A su vez, el Índice de percepción del cumplimiento de la Función Social (IFS) también registró un descenso abrupto de 7,94 (puntos) a 5,72 en el mismo período. Los valores observados de ambos índices fueron los más bajos desde la implementación de la encuesta en 2015", según un boletín institucional.

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, mostró este y otros datos este lunes durante la presentación de los resultados de la "Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2020", que contó con la presencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, entre otras autoridades nacionales. 

"En cuanto a las necesidades en materia financiera, la encuesta reveló la importancia de mantener los esfuerzos para promover el uso de los instrumentos electrónicos de pago y la mejora de los canales de comunicación con los clientes y en la atención de reclamos", se lee en el documento.

Este ejercicio que se desarrolla año tras otro, identificó también la necesidad de mejorar el relacionamiento con los consumidores financieros que difirieron el pago de sus cuotas en 2020, en el marco de los mecanismos de reprogramación y/o refinanciamiento, incorporando los periodos de prórroga y de gracia definidos por la normativa vigente.

La Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2020 se realizó entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre de la gestión pasada, a través de un formulario electrónico diseñado por ASFI y disponible vía internet, en consideración a la situación de pandemia del COVID-19. Participaron más de 42 mil consumidores financieros. 

"Los datos de esta Encuesta Nacional del Sistema Financiero sirven para encaminar acciones concretas en la mejora de los servicios y la calidad del sistema financiero", de acuerdo con la entidad reguladora.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, aclaró este lunes que las factorías de empresas estatales ubicadas en el trópico de Cochabamba están en funcionamiento, por lo que desmintió declaraciones de algunos políticos y militantes del gobierno de facto.   

"Nuestras plantas productivas en el trópico de Cochabamba, debo ratificar, todas están funcionando y van a vender los productos al mercado nacional, como son productos hechos en Bolivia", dijo Huanca en contacto con Bolivia Tv.

El Ministro indicó que las autoridades del gobierno del presidente Luis Arce trabajan "con todo esfuerzo" en reactivar las plantas productivas que, en la administración de facto de Jeanine Áñez, fueron paralizadas. 

"Lamento mucho que el gobierno golpista y algunos de sus militantes sigan mencionando que no estarían funcionando las plantas productivas en el trópico de Cochabamba. Yo debo ratificar que todas esas plantas están trabajando", reiteró la autoridad.

En ese sentido, señaló que la empresa Papeles de Bolivia (Papelbol), por ejemplo, antes del golpe de Estado, reportaba ingresos y utilidades por alrededor de Bs 37 millones; sin embargo, sus actividades fueron paralizadas durante el gobierno de facto de Áñez.  

"Nosotros tenemos estimado que este año tranquilamente vamos a alcanzar a generar ingresos en Papelbol por más de 40 millones de bolivianos, que es un dato importante mencionar la pueblo boliviano", resaltó el ministro Huanca.

Por otra parte, señaló que la planta de Amoniaco y Urea, localizada en Bulo Bulo, Cochabamba, es otra industria estatal cuya producción será reactivada a mediados de este año tomando en cuenta que actualmente sus equipos, que fueron mal administrados por el gobierno de facto, están en reparación. 

"Necesitamos este producto para fortalecer la producción agropecuaria en el país, por eso se ha decidido que rápidamente se pueda reactivar y estamos estimando que a mediados de año aproximadamente estará en funcionamiento", dijo.

Agregó que ahora todos los bolivianos deben apostar en reactivar el aparato productivo del país y lamentó las declaraciones "indignantes" de algunos políticos en relación a las industrias del Estado.

Operadoras turísticas ofertan variedad tours "seguros y económicos", en el marco de la campaña "Regala un viaje a mamá", organizada por el Viceministerio de Turismo para reactivar el aparato productivo y la economía boliviana. 

"El Viceministerio de Turismo ha lanzado una campaña denominada 'Regala un viaje a mamá' (…) y nuestros prestadores de servicio turísticos están capacitados para desarrollar y mostrar ofertas a toda la población boliviana", dijo la titular de esa Cartera, Eliana Ampuero, a Bolivia Tv.

La autoridad indicó que los interesados en regalar un viaje a mamá pueden visitar la página www.turismo.produccion.gob.bo, donde están descritas las características de todos los destinos turísticos de los nueve departamentos de Bolivia.

Por su parte, el gerente de Pukina Travel, Juan Cárdenas, indicó que en homenaje al mes de las madres las operadoras armaron paquetes a precios accesibles, que constan de transporte, almuerzo, guía y hospedaje, a destinos como por ejemplo el Salar de Uyuni, en Potosí. 

"Invitamos a que vean la página web del Viceministerio (de Turismo). Somos varias empresas afiliadas y todas las que tenemos el certificado bioseguro estamos en condiciones de ofertar a su ser querido, a la madre, un tour bonito, seguro y económico", convocó.

La viceministra Ampuero dijo que el turismo es un sector "altamente" vulnerable, pero también resiliente. Ante esta situación, el Gobierno nacional apoya y fortalece a ese rubro con capacitaciones que coadyuven en la calidad de los servicios. 

"En coordinación con la Embajada Británica, estamos trabajando para seguir capacitando a nuestros prestadores de servicios turísticos con la finalidad de que la población boliviana se sienta segura al momento de desplazarse a los diferentes destinos del país", señaló. 

En esa línea, invitó a participar en el webinar "Lineamientos para trabajar de forma segura en el sector turístico en Bolivia durante la pandemia de COVID-19", el 26 de mayo próximo, en la página digital del Viceministerio.

La directora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Brenda Lafuente, manifestó este lunes que el gobierno de facto no atendió denuncias sobre explotación ilegal de oro en el norte de La Paz, lo que ocasionó una "gran" pérdida económica al Estado. 

En entrevista con Bolivisión, la ejecutiva explicó que el viernes pasado se aprehendió a 14 personas (cinco súbditos chinos y nueve bolivianos) por explotación ilegal de oro en el municipio de La Asunta, acción realizada gracias a un operativo coordinado entre la Ajam y la Policía Boliviana.

"El operativo fue (realizado ante) denuncias que fueron presentadas el año pasado en cuatro oportunidades, las cuales lamentablemente no fueron atendidas (por) las exautoridades del gobierno de facto", señaló. 

En esa línea, detalló que la primera denuncia fue hecha por la comunidad San Juan Unidos, la segunda por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la tercera y cuarta por el Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta.

"Denunciaron en septiembre y octubre (de 2020) y no fueron atendidos. En una de las denuncias indicaron que no podían ser parte en el proceso (de intervención) porque no habría ninguna legitimidad para ingresar, obviamente eso totalmente fuera de la norma porque nosotros, como autoridades, tenemos la obligación de intervenir ante el conocimiento de un hecho ilícito", dijo.

Añadió que las 14 personas aprendidas habrían explotado ilegalmente cuatro cuadrillas de oro, lo que ocasiona una pérdida económica al Estado boliviano. El sábado pasado, los ciudadanos bolivianos en su declaración señalaron que recibían órdenes de los súbditos chinos. 

"Nosotros vamos a continuar haciendo las gestiones necesarias para investigar y dar con los verdaderos responsables, con los autores intelectuales de este hecho ilícito (…). Tenemos varias denuncias que no han sido atendidas el año pasado", sostuvo.

La mayoría de las denuncias recibidas principalmente son del norte de La Paz, región que se caracteriza por ser zona aurífera, acotó la Directora Ejecutiva de la Ajam, entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia.