El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este jueves que, a nivel nacional, se registraron 40 casos de feminicidio del 1 de enero al 6 de mayo de este año.

“Lamentablemente, en lo que vamos de esta gestión tenemos 40 feminicidios a nivel nacional”, sostuvo, citado en una nota de prensa institucional.

De acuerdo con Lanchipa, los hechos de violencia se registraron en los departamentos de La Paz con 11 casos, Santa Cruz con 8, Cochabamba con 7, Oruro con 5, Potosí con 3, Beni con 2, Chuquisaca con 2, Pando con 1 y Tarija con 1.

El reporte fue proporcionado a los miembros de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según Lanchipa, la nueva instancia legislativa tiene la misión de efectuar un seguimiento a todos los reportes efectuados a nivel nacional.

“Hemos tenido una reunión de coordinación donde el Ministerio Público ha brindado toda esa información respecto al avance y estado de los casos de feminicidio”, explicó.

La autoridad manifestó que la reunión con la comisión legislativa culminó con la determinación de que se realice reuniones entre autoridades del Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana en los nueve departamentos, para identificar las dificultades procesales en la resolución de los casos de feminicidio.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó este jueves que una comisión de funcionarios del Ministerio Público y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), comenzaron este jueves una inspección técnica ocular y una reconstrucción balística que se prolongará por dos días en Huayllani, Sacaba, donde el 15 de noviembre de 2019 se produjo una represión militar y policial que dejó 10 muertos y más de un centenar de heridos.

“Hoy estamos comenzando con la inspección del lugar de los hechos, donde se provocó la muerte de 10 personas y más de un centenar de heridos en los conflictos del 2019 en el sector de Huayllani, en el municipio de Sacaba”, manifestó, citada en un boletín institucional.

El trabajo pericial contará, además, con la presencia de cerca de 28 personas que fueron heridas por arma de fuego y los presuntos responsables de los disparos. 

Según Gonzáles, el trabajo se efectuará para agotar todas las posibilidades para colectar los elementos de convicción y formar criterios respecto a la teoría que construye el Ministerio Público a partir de los elementos e indicios que se reúnen en la parte investigativa del caso.

En ese sentido, explicó que la comisión recorrerá los lugares donde se registraron los heridos por arma de fuego. Aclaró que anteriormente se desarrolló otra pericia de balística en los lugares donde se hallaron a los fallecidos.

Por su parte, la directora del IDIF, Naira Padilla, señaló que los peritos realizan dos actuados procesales, el primero por el área de criminalística que desarrolla el geo-posicionamiento del estudio balístico de los heridos, mientras que el segundo se hará para el rubro de medicina forense que realiza las valoraciones de las lesiones en los heridos en los hechos del 15 de noviembre del 2019.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, inauguró este jueves el “Curso Especializado en Prevención de la Violencia”, que tiene como objetivo principal que los funcionarios del Ministerio Público cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para la prevención y atención de ese tipo de casos contra niños, adolescentes y mujeres.

“Prevenir es clave para que la violencia no se transmita entre las generaciones, por ello, consideramos que la familia debe plantar, desde la niñez, la semilla de las relaciones equitativas y respetuosas, para que a futuro las relaciones sean sanas y no violentas”, manifestó Lanchipa.

El curso está dirigido a funcionarios del Ministerio Público a nivel nacional, y se desarrollará hasta el 13 de junio en la modalidad virtual, actividad que fue organizada por la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros de esa entidad, de la Escuela de Fiscales del Estado y en coordinación con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP); además del apoyo de Save The Children.

El Fiscal General del Estado, agregó que se tiene una sociedad muchas veces “permisiva, indolente y hasta encubridora” de esa cadena de la violencia, que lastima y contraviene la esencia de la Ley Nº 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. 

Por su parte, la directora de programas de Save The Children, Roxana Pintado, expresó que lleva más de 35 años trabajando en Bolivia para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.

“El pilar fundamental de nuestro trabajo ha sido la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país, para llevarlos a un servicio de calidad, que les garantice el cumplimiento de sus derechos, pero que también les permitan sentirse protegidos, cuidados y atendidos y esto se refuerza con el empeño de la Fiscalía General del Estado por dotar a sus funcionarios de mayor conocimiento y mayores habilidades para que puedan cumplir con lo que la Ley les exige de sus funciones”, sostuvo.

En la misma línea, el director de Protección a las Víctimas del Ministerio Público, Walter Vizcarra, informo que el curso se da en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 3981 que impone la obligación, en todos los servidores públicos del país, de llevar adelante acciones de prevención de la violencia.

Dos personas que fungían como secretarias del exgerente de Entel, Eddy Luis Franco, fueron implicadas en el presunto desvío de $us 390.000 de la empresa telefónica. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este miércoles que las declaraciones del imputado apuntaron a las exfuncionarias, quienes también serán investigadas para esclarecer si recibieron autorización para utilizar el sello con la firma que aparece en los documentos vinculados al caso.

“Él (Eddy Luis Franco) dice que no es su firma real de él, sino que tenía un facsímil, es decir un sello y que, a cargo de este sello, de este facsímil, estaban dos exsecretarias de él. Entonces, contra estas señoras vamos a ampliar la investigación, que nos digan estas señoras si autorizó el señor Eddy Luis Franco para utilizar este facsímil, es decir, esta firma en sello”, sostuvo el ministro en entrevista para el programa Primer Plano de Bolivia TV.

La autoridad remarcó que esta anomalía en la empresa telefónica fue detectada una vez que instruyó que se realizara una auditoría especial, la misma que “arrojó que desviaron más de 390.000 dólares norteamericanos, ¿y cómo hicieron?, contrataron a una empresa fantasma en Perú, supuestamente para hacer mantenimiento a la fibra óptica que tenemos en Perú, estoy hablado de Ilo, de Moquegua, de Tacna y otro departamento más”.

A su vez, Montaño indicó que las declaraciones señalan que el Directorio de Entel, que en ese entonces estaba compuesto por Ibo Blazicevic (presidente), Álvaro Bazán (vicepresidente), Carlos Prieto (secretario), Horacio Barrancos (director), Salomón Gonzales (director), y Gisela Macklin (síndico), tenían conocimiento de esta situación.

“El síndico es la persona que hace la fiscalización de todo lo que ocurre al interior de Entel”, afirmó.

También dijo que el Fiscal asignado al caso preguntó a Franco si se le hacía conocer sobre estos asuntos al exministro y actual alcalde de La Paz, Iván Arias, a lo que el sindicado respondió: “En temas del PRONTIS, nosotros hacíamos conocer”.

“Entonces, tendrá que ir a declarar también el señor Iván Arias, actual alcalde de La Paz, para ver la participación en estos temas de desvío de fondos”, acotó el ministro.

El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco, nombrado durante el gobierno de facto, fue aprehendido este miércoles tras presentarse a declarar por el pago irregular de $us 390.000 a una “empresa fantasma” de Perú para la realización de trabajos bajo el rótulo de “confidencial”.