La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, aseguró este lunes que se hizo seguimiento a las detenciones de las exautoridades del gobierno de facto Jeanine Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y se constató que no sufrieron ningún tipo de maltrato, más por el contrario, recibieron asistencia de las instancias correspondientes.

“Hemos podido asistir directamente a las personas aprehendidas, las exautoridades del gabinete, así como a la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez. Hemos podido constatar que se encuentran sin ningún tipo de maltrato, sin ningún tipo de hecho de tortura, que han sido asistidos por el Instituto de Investigaciones Forenses, así como por la Unidad de Bomberos, en el caso de la señora Áñez”, señaló, en un contacto con Bolivia TV.

Cruz indicó que se continuará brindando acompañamiento dentro de los penales de Obrajes y San Pedro, recintos penitenciarios donde guardarán detención preventiva las exautoridades del gobierno de facto.

“Como Defensoría del Pueblo, nosotros, en el informe Crisis de Estado habíamos solicitado al Ministerio Público y al Órgano Judicial que se realicen todas las investigaciones y el esclarecimiento de todas aquellas afectaciones a derechos humanos, así como vulneraciones de derechos humanos que hubiesen ocurrido entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre”, acotó.

Remarcó que la Fiscalía y el Órgano Judicial deben esclarecer los hechos vinculados al caso golpe de Estado. “Sabemos que los casos de Senkata, Sacaba y zona Sur han tenido muy pocos avances, y que avances significativos se han dado recién desde noviembre del 2020 a la fecha”, sostuvo.

La jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó el domingo la detención preventiva por cuatro meses de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, en el marco de las investigaciones por el caso golpe de Estado.

Jimena Mendizábal, jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de Chuquisaca, decidió otorgar libertad irrestricta a Yassir Molina, cabecilla de la resistencia juvenil cochala, un grupo paramilitar que actuó en el golpe de Estado de 2019 y atacó el edificio de la Fiscalía General.

La jueza dijo que, pese a que la Fiscalía acusó a Molina de casi una decena de delitos, adjuntó la misma prueba para cada acusación.

Molina fue acusado de organización criminal, impedir el ejercicio de funciones, uso de armas no convencionales, entre otros delitos, pero Jimena Mendizábal consideró que “no se acreditó la existencia de participación del señor Yassir”.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expresó preocupada por el accionar de “actores privados”, como el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en varios conflictos.

“Al respecto, la @CIDH recuerda lo señalado en sus observaciones preliminares tras su visita a #Bolivia, conforme el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que han participado”, recordó el organismo.

La Resistencia Juvenil Cochala, de la cual Molina es su dirigente, tuvo un papel gravitante en la represión violenta a las movilizaciones de organizaciones sociales en Cochabamba.

El excomandante del Ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, fue aprehendido este lunes por el caso denominado golpe de Estado, por el que fueron detenidos preventivamente la expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus colaboradores.

La orden de aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una instructiva emitida el pasado viernes por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios.

“La presente orden se expide en la ciudad de La Paz en cumplimiento de la resolución de aprehensión de fecha 10 de marzo del 2021”, menciona el documento sobre el caso emitido por la Fiscalía Departamental de La Paz.

El sindicado fue comandante del Ejército y parte del Alto Mando Militar que sugirió la renuncia del entonces presidente Evo Morales durante los hechos de violencia postelectoral de 2019 y que derivaron en un golpe de Estado.

La denuncia del caso fue presentada por la exdiputada Lidia Patty Mullisaca por la presunta comisión de los delitos calificados de terrorismo, sedición y conspiración en el grado de autoría.

Orlando Pozo, un habitante de Montero que en 2019 fue senador electo, recordó que en esa región cruceña varias personas fueron asesinadas, entre ellas un joven de 22 años, por paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que actuaron al amparo del golpe de Estado y ahora permanecen en la impunidad.

Pozo, entrevistado en el programa 180, de radio Patria Nueva, relató detalles de las incursiones de grupos armados de la Unión Juvenil Cruceñista “financiados por el Comité Cívico”, por las “logias” y por la “oligarquía” cruceña.

Indicó que esos grupos armados no solo amedrentaron a la población, sino que quemaron casas, asaltaron negocios y persiguieron a los habitantes de Montero. En esas acciones de terror, mataron a un joven de 22 años que participaba en una manifestación de mototaxistas, manifestó.

“Ahora, la familia de ese joven exige justicia” y sanciones para los autores materiales e intelectuales, indicó Pozo, quien lamentó que esa situación de impunidad se mantenga aún, en referencia a las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal.

El representante de Montero lamentó que la jerarquía de la Iglesia Católica y la OEA salgan en defensa de los autores intelectuales de las muertes ocurridas poco antes y durante el golpe de Estado, pero no hayan tenido condenas sólidas respecto a las muertes acontecidas en Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

“¿Dónde estaba la Iglesia Católica cuando estaban matando (en 2019)?”, preguntó Pozo. Dijo que las aprehensiones de la exsenadora Jeanine Áñez y otras personas buscan que la justicia establezca responsabilidades y termine con la impunidad.

“No debe haber impunidad, se necesita saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales de las muertes para que se siente un precedente y no se puedan repetir este tipo de actos”, sostuvo.