El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que el Ministerio Público inició el proceso de extradición en contra del exministro de facto, Arturo Murillo, por el caso “Gases Lacrimógenos”; además anunció acciones para la recuperación de activos y dinero a favor del Estado Boliviano.

“El Ministerio Público ha iniciado el proceso de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal para que la solicitud de extradición sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente, de acuerdo al artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Penal”, informó en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que se dispuso la realización de todas las acciones procesales destinadas a la recuperación y repatriación de todos los activos, dinero y valores que se generaron como resultado de dichos actos ilícitos, en favor del Estado.

“El accionar del Departamento de Justicia de Estados Unidos denota la legalidad y legitimidad de las actuaciones investigativas desarrolladas por parte del Ministerio Público de Bolivia contra el exministro”, aseguró.

El Fiscal General, señaló que el Ministerio Público tomó conocimiento de la aprehensión y la situación procesal del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero y soborno al haber aplicado un plan de soborno desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 con la finalidad de beneficiar con un contrato millonario a una empresa con sede en Florida para que tuviera negocios relacionados a la compra de equipos no letales y gases lacrimógenos con el Misterio de Defensa de Bolivia.

Dijo que el proceso penal se encuentra en la fase final del trámite de la etapa preparatoria, habiendo emitido imputación formal en contra del exministro de Gobierno.

En el marco de las investigaciones, la Fiscalía solicitará también el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional que tengan como propietarios a Arturo Murillo y otros involucrados en los hechos de corrupción que son investigados en territorio boliviano.

Por otro lado, informó que en horas de la mañana se desplegaron varios operativos de allanamiento a inmuebles de los investigados y también se hicieron visitas a entidades bancarias para establecer el recojo o retiro irregular de dinero.

El Ministerio Público activó nueve procesos en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que tienen que ver con delitos relacionados a Uso de Instrumento Falsificado, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Uso indebido de Influencias, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otros.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó este jueves que se estudian los mecanismos que posibiliten la extradición del exministro de facto Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos (EEUU) acusado por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

“Nos vamos a poner de acuerdo con el sistema judicial para habilitar los mecanismos que permitan, si es el caso, la extradición de Murillo y sus secuaces que todavía están en EEUU”, señaló.

Explicó, que la extradición es un mecanismo judicial internacional que funciona bajo ciertas reglas, por ejemplo, que el delito tenga la misma tipificación en ambos estados, que la pena no sea mayor al Estado que requiere, que en el Estado donde está siendo requerido, y que haya un respeto a las garantías constitucionales y no exista la posibilidad de infracciones a los derechos humanos.

“Habrá que ver de habilitar los mecanismos que se tramitan a nivel del sistema judicial nacional y obviamente luego a nivel cancillerías. Tenemos una causa abierta en el país que con la salida de Murillo prácticamente no se podía avanzar mucho puesto que esta persona solo aparecía en tuits para insultar al gobierno y no para dar cuenta de las graves acusaciones que tiene”, manifestó Chávez.

Asimismo, adelantó que, como Procuraduría, junto a las demás autoridades gubernamentales colaborarán con las investigaciones, habilitando los canales respectivos para que Murillo y sus "secuaces" rindan cuentas en el país.

“Creemos que la justicia debe actuar, por los muertos que ha habido en el país, por la forma sañosa en la que se ha perseguido, la forma violenta y de odio que ha generado esta persona y el entorno que tenía a partir de la presidenta de facto, pues ellos deben ser juzgados, es justicia lo que pedimos”, señaló entrevistado por Bolivia Tv.

(Capatura de pantalla)

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, José María Velazco, informó este lunes que se emitió una alerta en las fronteras a nivel nacional para capturar a Daniel M. A. acusado de golpear a su pareja y desfigurarle el rostro.

“Este señor está siendo buscado, ha sido alertado a nivel nacional, debemos estar alertas. Por recomendaciones del Ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) ningún caso puede quedar impune, ningún caso de agresión o sobre todo feminicidios; en este caso, ya hemos dado la alerta a todas las fronteras y tenemos el identikit del señor”, indicó el jefe policial en entrevista con Bolivia TV.

Según el reporte preliminar, el 24 de septiembre, Guísela. P. V. y Daniel M. A. asistieron a un evento social. Tras retirarse y abordar un vehículo público, sostuvieron una discusión con la mujer y agredió brutalmente a su pareja golpeándola en reiteradas veces en el rostro, por lo que el chofer cambió de dirección y los llevó a la Policía para que se brinde auxilio a la víctima.

El agresor, al percatarse que se encontraba en el Comando Departamental de la Policía, se dio a la fuga, abandonando a su pareja en el taxi. El jefe policial indicó que gracias a  la pronta intervención del conductor se pudo rescatar a la víctima e iniciar una investigación.

El certificado médico forense indica que la víctima presenta una “contusión traumática directa o tangencial por objeto contundente o contusión traumática sobre superficie contusa, incrustación traumática y desplazamiento deslizamiento tangencial de los extremos distales de las uñas”, entre otras lesiones por lo que tiene 12 días de impedimento.

El jefe policial aseveró que puede cambiarse la imputación a tentativa de feminicidio por la brutalidad de las agresiones. Informó que el denunciado tiene antecedentes de violencia intrafamiliar con exparejas, por lo que realizan la búsqueda a nivel nacional para dar con su paradero.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este miércoles por la noche que además del caso denominado gases lacrimógenos, existen seis hechos de corrupción e indicios de otros 15 que están en investigación.

“Toda la ciudadanía sabe que cuando llegó al gobierno Jeanine Áñez, sus ministros y todos sus colaboradores fueron de escándalo en escándalo de hechos de corrupción, es decir, esos hechos la ciudadanía los conoce, pero, además, lo que habrán hecho y habrá quedado que la ciudadanía no conoce, y entre esos tenemos aquí el caso gases lacrimógenos; pero, tenemos siete casos más”, aseveró en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.  

Uniformes militares

La autoridad gubernamental explicó que uno de los seis casos está vinculado a la compra de 50.000 uniformes militares por un monto que asciende a Bs 13 millones. Indicó que lo que provocó la alerta es que en el Ministerio de Defensa se realizó todo el proceso de adjudicación, inclusive el contrato estaba listo; pero, extrañamente, no pagaron a la empresa que entregó los trajes.

“Lo que hacemos es ver el costo de los uniformes y estaba en 261 bolivianos por unidad. Nos fijamos en el histórico y estaba por uniforme 196, 197, 194 bolivianos. Entonces, vimos un sobreprecio. Lo estoy manifestando porque no se explica de otra manera por qué no pagaron a la empresa, por qué no giraron el cheque. Creo que llegado el momento dijeron: ‘No firmo el cheque, que venga el anterior (gobierno) y, como todo está hecho, va a tener que firmar”, denunció Novillo.

Mantenimiento de vehículos

Un segundo caso al que hizo referencia es el vinculado al mantenimiento y reparación de vehículos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, trabajos que se hicieron en talleres de Oruro.

Explicó que una de las alertas se dio por la exigencia de varios talleres que demandan la cancelación de servicios que no cuentan con documentación de respaldo del trabajo ejecutado y que no se conoce el tipo de procedimiento porque se desconocen datos de un contrato, licitación, fecha del servicio, entre otros aspectos.

“No sé cuál fue la decisión por la que se tuvo que entregar las movilidades y las empresas nos pidieron (la cancelación de los servicios). Lo curioso es que no hay documento de respaldo para cancelar”, dijo la autoridad gubernamental.

Cobro a premilitares

Un tercer caso está vinculado al cobro extra de Bs 300 a premilitares de la gestión 2020 - 2021 durante la administración del exministro de Defensa, Fernando López, dinero que se devolvió en la gestión del presidente Luis Arce a los afectados, dijo.

Novillo explicó que ese dinero estaba previsto para el pago de bonos a los efectivos militares que iban a dar la instrucción a los premilitares; pero, incumpliendo la Ley Financial que establece que no se puede generar bonos al margen de la norma.

“Hicimos el análisis y vemos que (el cobro extra) no correspondía, era ilegal. Entonces, hemos tenido que devolver a los padres de familia los 300 bolivianos”, informó.

Contratos privados

Otra denuncia hecha por la autoridad fue que en la gestión de Áñez, el exministro de Defensa, Fernando López, evadió procesos administrativos para la compra de insumos y el alquiler de dos cisternas.

“El exministro López realiza contratos privados sin proceso de contratación”, dijo, y aseguró que se desconoce el destino de los insumos debido a que no existe descargo de los mismos.

Observación en la Declaración Jurada

Novillo explicó que el exministro de Defensa no realizó su Declaración Jurada a momento de dejar el cargo, por lo que se desconoce la cifra de su patrimonio a tiempo de cesar de sus funciones.

Indicó que tampoco devolvió los celulares institucionales que se le otorgó mientras cumplió funciones en el Ministerio de Defensa, aparatos que la Fiscalía requiere para obtener la información que existe en la memoria de los dispositivos.

“Los celulares digamos que no tienen mucho precio, pero es la información”, dijo en la entrevista.

Disposición de bienes

Indicó que otro caso está relacionado a la disposición arbitraria de bienes. Dijo que la lucha contra el contrabando tenía disposiciones legales de 48 motocicletas y 24 camionetas. 

“Deja la lucha contra el contrabando con las 48 motocicletas y las 24 movilidades y, con eso, a título de la lucha contra la pandemia, en realidad se hace toda una represión, y, en la lucha contra el contrabando, no hay motocicletas, no hay vehículos y quedan las fronteras sin los medios”, aseveró.

Novillo aseguró que en su administración se impulsarán procesos para denunciar los hechos de corrupción para que el Ministerio Público y la Justicia actúen.

“Tenemos todavía 15 casos que están en Transparencia y auditoría, porque hemos visto indicios, pero serán los resultados los que nos digan los hechos irregulares de manera concreta y objetiva”, aseguró.