El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que dentro de las investigaciones que se realizan en contra del exministro de facto, Arturo Murillo, entre ellas la vinculada a la desaparición de más de 400 kilos de droga que debía haber sido incinerada, se activarán los mecanismos procesales para su extradición. 

“Tenemos los mecanismos procesales para, a través de la Interpol, conocer la ubicación oficial de esta persona en el extranjero y posteriormente, una vez que tengamos la autorización jurisdiccional, solicitar su extradición para que pueda venir y prestar su declaración y asuma su defensa”, dijo Lanchipa en contacto con la prensa.

La autoridad señaló que se abrieron varios procesos de investigación en contra el exministro de Gobierno.

“Tenemos recientemente la apertura de un nuevo caso por la desaparición de más de 400 kilos de droga, en un proceso relacionado al narcotráfico en el que esta exautoridad hizo, de manera pública, el comunicado de incautación de más de 1.400 kilos de droga; sin embargo, al momento de la incineración hubo solamente 1.000 kilos, existiendo una diferencia de 400 kilos”, sostuvo.

El Fiscal General agregó que el exministro señaló, en esa oportunidad, que se trataba de droga de la más alta pureza, pero en el momento de la incineración no reunía esas características, situación que dio lugar a la apertura de un caso por la presunta comisión del delito previsto en el Art. 70 de la Ley Nº 1008 que señala que “el que ordenare o alterare cualitativa o cuantitativamente o sustituyere el cuerpo del delito o los medios de comprobación del mismo que hayan sido decomisados o secuestrados, será sancionado con 10 a 15 años de presidio y 1.000 a 2.000 mil días de multa”.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal 4° de Sentencia de la ciudad de La Paz el memorial de retiro de acusación en el denominado caso “Bebé Alexander”, a favor de Jhiery Fernández, Lola R. O., José L.D.A. y Sandra D.M.C., y anunció la ampliación de la investigación por irregularidades en el proceso.

“El Fiscal de Materia presentó ante el Tribunal de Sentencia el retiro de la acusación que fue presentada en contra del doctor Jhiery Fernández y otras tres personas. Este retiro de acusación, previa autorización de la Fiscalía Departamental de La Paz, obedece a una serie de inconsistencias que se encontró en todo el cuaderno de investigación, fundamentalmente en el tema de las pruebas, no hay una prueba científica que acredite la comisión del ilícito”, dijo la autoridad.

Indicó que la determinación fue asumida luego de realizar un análisis exhaustivo al cuaderno de investigación en el que no se encontraron los suficientes elementos probatorios para sostener la acusación que fue presentada el año 2015, señala un reporte institucional.

Lanchipa explicó que los elementos probatorios acumulados durante el proceso investigativo resultan insuficientes para sustentar la resolución de acusación fiscal en el juicio oral; además, durante la revisión del cuaderno de investigación se encontraron contradicciones en los informes periciales.

“La médico forense de ese entonces contaba con el requerimiento fiscal que le instruía únicamente tomar muestras biológicas, pero ella señala que se habría tomado dos hisopos como muestras y éstos habrían sido entregados al Fiscal en calidad de custodio; sin embargo, nunca se logró establecer a qué Fiscal se entregó estos dos hisopos y mucho menos en cadena de custodia”, sostuvo.

Agregó que también se habló de la existencia de antígeno prostático, pero que no se pudo establecer a quién pertenecía y, de manera contradictoria, en otra parte del informe se señala que no se logró encontrar ningún tipo de antígeno, irregularidades que fueron tomadas en cuenta para determinar el retiro de la acusación.

Ante las inconsistencias y contradicciones encontradas en el cuaderno de investigación, el Fiscal General informó que ya existe un proceso de investigación en contra del exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la exfiscal de materia, Susana Boyan, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Ley y la Constitución.

El Ministerio de Gobierno anunció este jueves la ejecución de un Plan de Acción para la defensa y protección de los animales, que inició con un operativo en la feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto, donde se decomisó una gran cantidad de animales de distintas especies que pretendían ser comercializados.

“Como Ministerio de Gobierno, en trabajo conjunto con nuestra Policía Boliviana, hemos decidido iniciar operativos y acciones policiales orientadas a la defensa exclusiva y la protección de los animales en nuestro país”, aseveró el ministro Eduardo Del Castillo.

La autoridad instruyó efectuar operativos en la Feria 16 de Julio con tres objetivos particulares, recuperar animales robados, rescatar animales protegidos por ley y verificar las condiciones de vida en la que viven esos animales.

Según un boletín de prensa, el fin estratégico del plan será fortalecer la lucha contra el maltrato hacia los animales, a través de la ejecución de operativos policiales de seguridad integral, además de desarrollar una campaña de cultura ciudadana respecto al cuidado de los seres más indefensos.

El Ministro resaltó las alarmantes estadísticas obtenidas por la institución verde olivo, que reportan que siete de cada diez personas fueron testigos de alguna forma de maltrato hacia un animal, sea doméstico o silvestre.

Asimismo, aseveró que el maltrato se materializa por seguir ciertas costumbres o tradiciones, por explotación comercial o laboral, por experimentación, entre otros tipos.

“Nuestra Unidad POFOMA, Policía Forestal y Medioambiental, estará lista y preparada para atender las denuncias de maltrato animal en todos los lugares del país, pero también decirle al pueblo boliviano que, todo policía boliviano estará siempre listo para proteger la vida de los animales que sufren maltrato”, sentenció Del Castillo.

Recordó que Bolivia cuenta con una Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato; sin embargo, esta no se cumple a cabalidad, razón por la que se impulsan los operativos de las fuerzas de orden con objeto de reducir las cifras de maltrato.

Una comisión inició este miércoles el Proyecto de Control, Fiscalización y Seguimiento de Procesos de Feminicidio, Violación y Violencia Contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en Chuquisaca, del periodo 2013 al 2019, en cumplimiento a los compromisos asumidos en el Convenio de Cooperación Interinstitucional “Hagamos un Pacto, Vivamos sin Violencia”.

“El proyecto está siendo impulsado en virtud a los feminicidios desde las gestiones 2013 al 2019 con el objetivo de darle celeridad y resolver todos estos casos. Tenemos programado realizar, en cada departamento, las inspecciones correspondientes y el día de hoy estamos arrancando con Chuquisaca, anteriormente lo hemos realizado en La Paz y continuaremos este trabajo en las otras regiones”, informó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Pilar Díaz.

Dicha instancia está conformada por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo de la Magistratura y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD).

El Proyecto tiene el objetivo de articular acciones interinstitucionales que permitan la priorización y resolución de estos casos.

Por su parte, el director nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Adán Mancilla, explicó que el proyecto está siendo ejecutado con el propósito de acabar con la retardación de justicia y la corrupción.

“Tenemos objetivos claros para identificar si existe responsabilidad en los funcionarios judiciales o de la Fiscalía”, dijo.

Asimismo, la jefa de la Unidad de Políticas Públicas del SEPMUD, Ivis Ayala, ponderó el trabajo desarrollado.

“Nosotros realizamos el seguimiento y acompañamiento a los procesos de violencia contra la mujer especialmente los de feminicidio, en este entendido vemos con agrado que a través de la Fiscalía General de Estado y el Consejo de la Magistratura se lleve a cabo este proyecto”, sostuvo Ayala.