El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que una gran parte de los $us 2,3 millones de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal fue invertido en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

"Ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción, gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó. Así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Dorado”, informó en una conferencia de prensa.

Del Castillo aseguró que se trabajará para recuperar cada centavo que fue robado al pueblo boliviano durante la pandemia.

La autoridad explicó de manera detallada la "Ruta del Dinero" del clan mafioso del gobierno de Jeanine Áñez que, de acuerdo a informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos (EEUU), contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pudo dar con el destino de una parte del dinero generado por corrupción.

Recordó que el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones, monto que Fernando López intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia (BCB) con un giro de aproximadamente $us 5.649.137.

“Casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia”, detalló.

Explicó también que el Banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observó que la cuenta de BTS había sido abierta tres días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecutó dicha transacción.

Por tal motivo, López trató una vez más de realizar el pago, logrando su cometido y haciendo un pago de $us 3,9 millones a la empresa BTS, posteriormente transfirió el saldo restante de $us 1,7 millones, haciendo un total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $us 2,3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero del clan que fueron en cuatro depósitos.

Recordó que el Ministerio de Gobierno abrió alrededor de 30 procesos judiciales por daño económico de más de Bs 150 millones de bolivianos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalló este lunes que la pandemia por el coronavirus no fue una excusa para dejar de generar políticas en beneficio de la sociedad, situación que obviaron las autoridades que tomaron el poder con un golpe de Estado en 2019.

“Bolivia ha vivido un momento especial, ya que en noviembre de 2019 ha habido una interrupción al mandato legal a causa de un golpe de Estado, asumiendo un gobierno ilegitimo pero que además ha tenido una política devastadora”, señaló Del Castillo, a tiempo de mencionar que el gobierno de facto no luchó contra el narcotráfico, excusándose en la crisis sanitaria.

La autoridad hizo esas declaraciones durante el III Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, que tocó el tema de Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática, organizada por la Friedrich Ebert Stiftung (FES), según un boletín de prensa.

Del Castillo señaló que las autoridades del régimen de Jeanine Áñez usaron el COVID-19 para proteger al narcotráfico y al crimen organizado transnacional; pero con el retorno de la democracia al país, se retomó el modelo boliviano de erradicación de la hoja de coca excedentaria, lucha contra el narcotráfico, entre otros, generando resultados favorables para el bien del país.

Asimismo, indicó que un tema que todavía se debe trabajar, es la tasa alta de feminicidios y violencia y familiar, situación que presenta números similares en las últimas tres gestiones.

Entre otros temas, manifestó que, para el control del coronavirus, se apela a la conciencia del pueblo con medidas de prevención, en vez de la represión, como se usó durante el Gobierno de facto.

El Ministro dijo que el Gobierno boliviano pidió ayuda a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para generar protocolos que permitan la destrucción e incineración de fábricas de droga, sin afectar a la Madre Tierra; además, el Estado reforzará los controles para sancionar a quienes afecten al medio ambiente con la minería ilegal.

En cuanto a la transformación digital para mejorar la Seguridad Ciudadana, Del Castillo mencionó que un punto alto en el país es la implementación del sistema Bol-110.

Expresó que la lucha contra la corrupción, también es una tarea que se está desarrollando con la digitalización de los trámites a realizar, para que estos sean más rápidos, y exista menos probabilidad de que exista corrupción.

“Como Estado boliviano debemos apostar por la digitalización y tecnologización de nuestro Gobierno, porque mientras más rápido realicemos los trámites, menos oportunidades de corrupción generamos en algunas entidades del Estado, con tecnologías para luchar contra la corrupción que es algo que estamos desarrollando y con una normativa para la operabilidad de todos los sistemas judiciales”, manifestó.

En el congreso participó la ministra de Seguridad de Argentina, el viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el representante de la FES de Colombia, el representante de la FES en Argentina y el ministro de Gobierno de Bolivia.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, indicó este lunes que, de acuerdo al informe preliminar de la Unidad de Bomberos de la Policía Boliviana, el incendio en la casa del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, fue provocado por un cortocircuito.

“De acuerdo al informe preliminar de la Unidad de Bomberos, se determinó que, para el desarrollo de este incendio, no intervino mano humana y se trataría de una falla mecánica posiblemente por un cortocircuito. Preliminarmente descartamos la posibilidad de cualquier tipo de atentado al inmueble del gobernador Damián Condori”, dijo Quispe en conferencia de prensa.

El profesional aseguró que el Ministerio Público activó las investigaciones necesarias y las pericias correspondientes para establecer con claridad si existía o no materia justiciable en ese caso.

Asimismo, la autoridad explicó que el informe es analizado por el fiscal asignado al caso y de confirmarse que el origen del incendio fue por un cortocircuito, el caso podría ser rechazado.

De acuerdo a las investigaciones, la madrugada del 29 de mayo de 2021 se registró un incendio en dos habitaciones del domicilio del Gobernador de Chuquisaca y no se registraron daños personales a causa del siniestro.

El mismo día, la Fiscalía inició con las investigaciones y precintó el lugar del hecho con la finalidad de realizar los peritajes correspondientes, según un boletín de prensa.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este lunes que dentro de las denuncias recibidas en contra de Jeanine Añez, el Ministerio Público remitió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud de autorización para la activación del juicio de responsabilidades como establece la ley.

“En el marco de las competencias de la Fiscalía General del Estado, de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en contra de Añez por el Ministerio de Justicia, tres fueron remitidas al TSJ y una fue rechazada por falta de argumentos. Los delitos que se investigan son Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Delitos Contra la Salud Pública, Discriminación, entre otros”, dijo Quispe, citado en un boletín de prensa.

Quispe explicó que el primer requerimiento acusatorio se debe a la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contaba con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud a que no se habría cumplido con el procedimiento para la aprobación del crédito y que no siguió el conducto regular. 

Añadió que, el segundo requerimiento acusatorio está relacionado con la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para registro mercantil por 15 años, sin que se haya observado el procedimiento de licitación que establece la Ley N°2196 sobre la otorgación del Registro de Comercio.

El tercer caso tiene que ver con el Decreto Supremo N° 4200, por el que se habría vulnerado la libertad de expresión durante la cuarentena rígida por la pandemia del COVID-19.

“Esta norma criminalizaba las acciones de los individuos que informen falsamente o causen incertidumbre a la población, con el fin de someterlos a cargos penales por Delitos Contra la Salud Pública, Art. 13 - II. ‘Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública’, señalaba la norma”, recordó.

Quispe explicó que el cuarto requerimiento acusatorio fue rechazado por falta de mayores elementos de justificación.

Este se refería a que Añez, en su condición de Presidenta, habría emitido órdenes para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas desde Chile a Bolivia durante la cuarentena rígida.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que un mega operativo interinstitucional permitió la desarticulación, después de más de cinco meses de investigaciones, de una organización criminal que operaba entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz con el transporte de droga, con afectación de al menos $us 9,7 millones al narcotráfico.

“Hemos realizado un gran operativo afectando al narcotráfico en más de $us 9,7 millones después de más de cinco meses de investigaciones. La organización criminal internaba droga a nuestro país para después enviarla hacia los países vecinos de Argentina y Brasil, lo hacía desde el hermano país de Perú. Este es uno de los operativos más grandes y con mejores resultados que se ha realizado en los últimos años”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la organización realizaba la internación de droga mediante el lago Titicaca, en el departamento de La Paz, hacia la comunidad de Sisasani; posteriormente, la mercancía era llevada a la ciudad de El Alto para su acopio y transporte hacia Cochabamba y Santa Cruz con el pretexto del traslado de cemento y otros materiales de construcción.

Dijo que después de un seguimiento exhaustivo a las operaciones de ese grupo denominado "Clan Quintana-Zamora", se logró dar con el líder de la banda, Pedro Pablo Quintana Zamora, en Santa Cruz y se aprehendió a nueve personas involucradas en el ilícito.

Esa organización criminal, además contaba con una seguridad armada para cualquier eventualidad.

Del Castillo detalló que en el departamento de La Paz se incautó varios inmuebles, cinco vehículos, una lancha y 152 kilogramos de cocaína, afectando al patrimonio de esa organización criminal con $us 796.000; asimismo, en el departamento de Santa Cruz se incautó seis inmuebles, 41 vehículos, armas y otros elementos menores, haciendo un total de $us 8,9 millones de afectación al patrimonio del narcotráfico.

“Son casi $us 10 millones de afectación al narcotráfico que hemos efectuado con este operativo, pero lo más importante es que no solo se incautó droga, sino que afectamos la logística y el patrimonio de estos clanes del narcotráfico, cumplimiento los objetivos de nuestra estrategia contra las drogas”, afirmó.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que la Policía Internacional (Interpol) rechazó en tres oportunidades la solicitud de activar la notificación azul para dar con la ubicación de las exautoridades del régimen de facto de Jeanine Áñez, que huyeron del país en 2020.

“Nosotros como Ministerio Público habíamos solicitado en tres oportunidades a la Interpol que se nos pueda facilitar la notificación azul, es decir, la ubicación exacta de estas personas en los países del extranjero, lastimosamente la Interpol nos ha respondido que era una persecución política y no iba a dar curso a las solicitudes”, subrayó.

Lanchipa apuntó que, con los últimos acontecimientos acaecidos tras la detención del exministro de facto Arturo Murillo y sus excolaboradores, se demostró que no existía persecución política alguna y que se trataba de casos de corrupción.

“Ahora queda demostrado y está totalmente acreditado que no se trata de una persecución política, es un tema de legalidad, un tema de justicia, la prosecución penal está enmarcada dentro de la garantía y defensa de los derechos de cada uno de los investigados, así que no se trata de una persecución política, es un tema de justicia, es un tema de legalidad”, ratificó Lanchipa.

Asimismo, detalló que, hasta la fecha, dentro del caso de compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, son 20 personas investigadas y cinco aprehendidas, además de que se desarrollaron varias actuaciones procesales.

“Estamos desarrollando el proceso de investigación, también se ha ampliado para el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Son siete tipos de delitos por los cuales está siendo procesado todo este grupo de personas”, subrayó.

Por otro lado, el Fiscal General comunicó que, tras la presentación de la solicitud de extradición de Murillo, el cual sigue su trámite regular a través de la autoridad jurisdiccional y el Ministerio de Relaciones Exteriores para posteriormente ser remitido a Estados Unidos (EEUU), se pidió también la repatriación de todos los activos relacionados con este caso.

“De manera paralela, también el Ministerio Público ha solicitado, o ha iniciado el proceso para la repatriación de todos los activos, de todo el dinero que tiene allá el señor Arturo Murillo y toda su banda que ha cometido estos hechos ilícitos en el país”, mencionó.