El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo este jueves que no se tiene información oficial si es que el exministro Arturo Murillo fue liberado por la justicia de EEUU o si habría llegado a algún acuerdo en ese país, tal como indican versiones de prensa.   

“Hemos tomado contacto con nuestros abogados y al momento no tenemos la información oficial que corrobore que el señor Murillo haya sido excarcelado y haya arribado a un acuerdo que es algo que sí han mencionado el día que llegué del viaje a los EEUU, que era una posibilidad que el señor Murillo llegue a algún acuerdo con la justicia norteamericana particularmente con la Fiscalía”, manifestó.

“Tenemos trabajando al equipo de abogados. De acuerdo al cuaderno procesal digital al que tenemos acceso, no se encuentra un registro que el señor Murillo haya sido excarcelado o haya habido una audiencia registrada en el juzgado. Esa información está en trámite en este momento. En ese país rigen leyes diferentes al nuestro”, agregó.  

“En todo caso vamos a esperar la información que se confirme, si es el caso, o se desmienta por los canales respectivos. Respetamos las decisiones que se asuman en otro país, una jurisdicción extranjera”, sostuvo el Procurador.

Sin embargo, dijo que continúan los preparativos para iniciar un proceso civil contra Arturo Murillo, con el objetivo de recuperar los más de $us 2,3 millones apropiados por el clan de la exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez por concepto de compra de gases lacrimógenos.

Esta demanda judicial también exigirá el pago de daños y perjuicios

Murillo, exministro de Gobierno de Áñez, es procesado en EEUU por los delitos de soborno y lavado de dinero junto a varios de sus cómplices.

Una investigación de la revista The Intercept, de Estados Unidos (EEUU), reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce, en octubre de 2020.

Denunció, además, que el gobierno de Donald Trump amenazó a investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts para que no revelen sus conclusiones de que no hubo fraude electoral en 2019.

El portal digital estadounidense incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que demuestran que el exministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, Luis Fernando López, lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta.

Según las indagaciones, estuvo involucrado el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y que el plan se frustró debido a desacuerdos entre ambos por la posibilidad de una masacre mucho mayor a las perpetradas durante el régimen de Áñez.

La investigación fue publicada este jueves en https://theintercept.com/ con el título “Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses”.

En su contenido se lee: “Grabaciones telefónicas y correos electrónicos filtrados revelan que un alto funcionario estaba dispuesto a utilizar tropas extranjeras para impedir que el partido de izquierda, MAS de Bolivia, regresara al poder”.

El texto indica, por ejemplo, en una de las grabaciones filtradas, que una persona identificada como el Ministro de Defensa boliviano, dijo: “Trabajando para evitar la aniquilación de mi país”. Prosigue: “(…) los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia”.

En otra parte, se lee que “(…) varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros, en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”.

La exdiputada Lidia Patty anunció que presentará una ampliación a la denuncia contra Carlos Mesa, por el caso golpe de Estado, tras conocer que en su declaración informativa se acogió al silencio.

“Después de esto que ha venido, yo voy a estar ampliando, estamos viendo cómo vamos a plantear nuestra (ampliación), primero va a ser contra Carlos Mesa, yo no lo voy a dejar que escape como (Arturo) Murillo, como ellos han hecho lavado de dinero, pero ahora que respondan a nuestra patria, nuestro pueblo”, adelantó en contacto con Bolivia Tv.

Patty también solicitó a la Fiscalía volver a citar a declarar a Mesa ya que, según su criterio, persona que se acoge a su derecho al silencio debe ser nuevamente convocada.

“Cuando uno se declara en silencio, tiene que venir a declarar nuevamente, ojalá que no sea una estrategia de Carlos Mesa, tal vez está alistando su maleta para escaparse, pero ya tienen que actuar fiscales, jueces para que venga de una vez a declarar nuevamente, ya tiene que citar mañana o pasado, no podemos dejar a este señor masacrador, a este señor que ha desestabilizado económicamente y políticamente nuestro país”, ratificó.

En este contexto, la exlegisladora solicitó unidad al pueblo boliviano para no dejar sin sanción a todas las personas que tienen responsabilidad en las masacres de bolivianos durante el régimen de facto.

“No podemos dejar a estos señores que ha matado en Senkata, Sacaba, Pedregal y en otros departamentos, hay desaparecidos, hay viudas, niños huérfanos llorando, eso no podemos permitir, hermanos”, enfatizó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, entregaron ocho motocicletas para los policías de la ciudad de El Alto y proporcionaron herramientas de trabajo a familias de escasos recursos.

“Hoy, nos encontramos presentes por dos motivos: el primero, realizar la entrega de herramientas de trabajo para cuatro familias que viven en el municipio de El Alto; el segundo, entregar a nuestra Policía Boliviana ocho motocicletas y una serie de insumos que serán de utilidad para su vestimenta y puedan cumplir las labores que les son otorgadas por la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes”, afirmó la autoridad en su discurso en instalaciones de la Dirección Regional de Tránsito de la urbe.

El Ministerio de Gobierno, a través de la institución verde olivo, se caracteriza por brindar un servicio social a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ese motivo, se entregó un horno panificador con capacidad industrial, carros de venta de productos, kioscos, utensilios, además de otros enseres.

La autoridad destacó la implementación del plan Mi Barrio Seguro en El Alto, estrategia diseñada para mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia a partir de consensos entre juntas vecinales y la institución del orden. La entrega de estas ocho motocicletas se realiza en el marco del mes aniversario de la Policía Boliviana para reforzar los patrullajes en los diferentes distritos de la ciudad más joven de Bolivia.  

“Sabemos que estas motocicletas (…) van a ayudar de sobremanera a la Policía Boliviana, sabemos que no solucionamos un problema estructural; pero, sabemos que estamos ayudando de alguna manera en el desempeño de sus funciones”, indicó el Ministro de Gobierno, quien entregó los motorizados junto con un lote de gorras y guantes.

Un camión que transportaba 53 turriles de precursores químicos fue interceptado este martes por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a 40 kilómetros del municipio de Charagua, en el departamento de Santa Cruz, que estarían valuados en $us 500.000.

Realizada la requisa y posterior constatación de esas sustancias, los uniformados arrestaron con fines investigativos a siete personas que se transportaban en tres motorizados. 

“Estos precursores presuntamente estaban siendo desplazados hasta una factoría de droga en el municipio de Charagua”, informó el director de la Felcn, Cnel. Álex Bedoya, según un reporte de Red Uno.

Según el informe preliminar, el motorizado se desplazaba sobre la calzada, pero en el trayecto se volcó juntamente con los precursores por una mala maniobra del conductor. Los habitantes del lugar, al notar el movimiento sospechoso, llamaron al Ejército y estos a la Felcn.

Las siete personas arrestadas serán puestas ante el Ministerio Público quienes definirán su situación jurídica.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, informó este martes que, del 01 de enero al 15 de junio de 2021, el Ministerio Público registró 56 casos de feminicidio a nivel nacional.

“Lamentablemente hasta la fecha el Ministerio Público registra 56 casos de feminicidio a nivel nacional, el último caso se suscitó en la ciudad de Rurrenabaque (Beni), en el que se pudo evidenciar la muerte violenta de una mujer. Llamamos a la reflexión a nuestra población para erradicar la violencia de género, parece que el resultado de este encierro por la situación sanitaria en la que nos encontramos desemboca en episodios de violencia”, dijo Quispe.

Según un boletín de prensa, los datos oficiales del Ministerio Público dan cuenta que La Paz es el departamento con mayor incidencia de hechos de feminicidio con 18 casos, Cochabamba 10, Santa Cruz 9, Oruro 6, Potosí 4, Chuquisaca 4, Beni 3, Tarija 1 y Pando 1.

Ante estos hechos, Quispe informó que el lunes el equipo técnico del Ministerio Público, sostuvo una reunión con la Comisión Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la finalidad de coordinar acciones que fortalezcan la lucha contra el feminicidio y la violencia de género.

“Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se desplegará un apoyo para las instituciones judiciales a efectos de fortalecer tres ejes fundamentales para la lucha contra el feminicidio y la violencia”, indicó Quispe.

Explicó que el primer eje tiene que ver con un carácter estrictamente de asignación de responsabilidades para las entidades, donde el Ministerio Público recibió un informe favorable por el cumplimiento de sus funciones; el segundo eje tiene que ver con la posibilidad de ajustes a la Ley Nº 348 para fortalecer actividades de prevención y sanción a los delitos de feminicidio y violencia contra la mujer; y el tercer eje tiene que ver con solicitar al Ministerio de Económica y Finanzas Públicas apoyo económico para hacer efectiva esa tarea.